Un policía ha admitido hoy ante el juez del caso Tándem que recopiló datos confidenciales de terceras personas para su exjefe Antonio Bonilla, un inspector retirado investigado por ofrecer información al excomisario José Villarejo a cambio de dinero, y que lo hizo cuando Bonilla ya no era policía en activo. El agente ha declarado como imputado en el caso Tándem, concretamente en la pieza Pintor, en la que el juez de la Audiencia Nacional investiga al empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, y a su hermano por contratar los servicios de Villarejo para un chantaje.
Durante su declaración, el agente ha confirmado que el inspector retirado José Bonilla, investigado en este caso, le pidió información recogida en los ficheros de la Policía, según han señalado a Efe fuentes jurídicas. Lo hizo cuando Bonilla ya no era su superior dentro del Cuerpo, pero aún así el imputado ha admitido que durante un tiempo le proporcionó toda la información que le solicitaba y que entre los datos que recopiló para él figuraban datos sobre "herencias" relacionadas con terceras personas.
Villarejo se sirvió de una red de funcionarios y policías
Bonilla fue detenido a principios de julio junto con el comisario jubilado Enrique García Castaño, mano derecha de Villarejo, y ambos quedaron en libertad, en contra del criterio de la Fiscalía, tras prestar declaración ante el magistrado.
A raíz de su detención, que se produjo el mismo día en que se publicó una conversación de Villarejo con la amiga de Juan Carlos I Corinna zu Sayn-Wittgenstein en la que se hablaba acerca del patrimonio del exjefe del Estado, el juez abrió una nueva pieza del caso, la llamada Big, en referencia al apodo de García Castaño, conocido en los círculos policiales como el Gordo.
El juez De Egea trata de averiguar si estos dos policías se sirvieron de instrumentos del Estado para proporcionar a Villarejo -en prisión desde hace 10 meses- información y datos secretos de personas investigadas presumiblemente a cambio de dinero. Según la investigación, Villarejo se sirvió de una red de funcionarios y policías, incluido García Castaño, con la que obtenía datos protegidos de entidades bancarias, registros policiales, así como información de la Agencia Tributaria, Tráfico y compañías telefónicas de sus rivales o enemigos.
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