Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en la provincia de Valencia, en la que se han investigado a nueve personas como presuntos responsables de impagos de cuotas que han costado a la administración más de 3 millones de euros. Los presuntos autores del fraude buscaban empleados como testaferros con la amenaza de que podrían perder sus puestos de trabajo.

La investigación, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, comenzó a mediados del 2017 a raíz de diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de esa administración, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los agentes han revisado y analizado cuatro expedientes de empresas deudoras, todas ellas domiciliadas en la provincia de Valencia, y han logrado determinar la presunta implicación de los investigados en diversos delitos. Los agentes han constatado que los responsables de los hechos son principalmente los administradores y socios de las empresas, si bien también se ha detectado la supuesta implicación de familiares directos y de trabajadores que actuaban como testaferros, bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.

Además, partir de los informes patrimoniales de las personas y empresas implicadas que han realizados los agentes de policía, han conseguido aflorar bienes que habían tratado de ser ocultados para evitar las acciones ejecutivas de los acreedores, simulando con ello una situación de insolvencia.

MODUS OPERANDI

Según la investigación de los agentes, el modus operandi de las dedefraudadoras consistía en la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora o de entramados empresariales en los que la actividad empresarial fluctuaba según su conveniencia. También se ha detectado la transmisión de la titularidad de los bienes entre empresas o empresarios, impidiendo o dificultando su localización; la ocultación a los organismos competentes de la administración para eludir el pago de la deuda o la simulación de delitos (robos o hurtos) para distraer los bienes muebles.

De todos los expedientes revisados destacan dos por el ‘modus operandi’ realizado para cometer el presunto fraude. En el primero, los agentes detectaron un establecimiento comercial cuyo administrador había dejado sistemáticamente de hacerse cargo de las obligaciones con la Seguridad Social y cuando la empresa alcanzó una deuda de unos 400.000 euros vendieron las participaciones por «un euro» a otra empresa pantalla representada por una persona insolvente. Paralelamente crearon una nueva mercantil a nombre de un familiar.

Cuando comenzaba a defraudar a la Seguridad Social, ponían al frente de la misma a un nuevo testaferro previo pago de sus servicios. El administrador actuaba siempre con dinero en efectivo, tanto para el pago de nóminas como de proveedores, sin hacer uso de cuentas bancarias ni permitir el pago con tarjeta evitando así cualquier acción ejecutiva. Además utilizaba diversas trampas jurídicas para ocultar sus propiedades, llegando a falsificar un contrato de alquiler de un local con su propia madre, fallecida cinco años antes. Con esta operativa había conseguido defraudar más de 750.000 euros.

En el segundo, los responsables de un establecimiento hostelero dejaron de hacerse cargo del pago de las cuotas de sus trabajadores, si bien sí realizaban la deducción de sus nóminas creando un agujero a la Seguridad Social de más de 500.000 euros. Para cometer su actividad delictiva, llegaron a simular y denunciar falsamente robos en el establecimiento para «distraer» de este modo la acción de la administración, según la Policía.