Nuevo fracaso de los grupos de JxCat y ERC en su intento por llegar a un acuerdo sobre cómo aplicar la suspensión decretada por el juez Pablo Llarena para los siete diputados del Parlament procesados por su participación en los preparativos del 1-O, una división que bloquea el funcionamiento del Parlament. Las direcciones de ambos grupos, junto a miembros los de la Mesa Roger Torrent y Josep Costa se han reunido esta mañana en la prisión de Lledoners con los diputados encarcelados, sin conseguir cerrar una fórmula que satisfaga a ambos partidos.

El acuerdo es urgente, porque el Govern ha fijado para el próximo 2 de octubre el Debate de Política General, en el que el president Quim Torra debe presentar su programa de gobierno ante el Parlament -unos días antes lo hará en el Palau de la Generalitat- y obtener el apoyo de la mayoría independentista a sus propuestas. Una votación imposible si sigue el enfrentamiento sobre qué hacer con el auto de Llarena.

La crisis entre republicanos y junteros sigue tan abierto que algunas fuentes empiezan a reconocer que está en riesgo a estabilidad parlamentaria del Govern, pese a que el ejecutivo presiona insistentemente a los grupos para que alcancen un acuerdo que permita iniciar el curso parlamentario y aspirar a aprobar unos presupuestos catalanes para 2019. A esa presión responde la reunión mantenida hoy en la prisión de Lledoners, en la que habrían participado Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, todos ellos afectados por la medida de Llarena junto a Carles Puigdemont y Toni Comin.

Puigdemont presiona desde Bélgica

Paralelamente, el ex presidente Carles Puigdemont, cuya negativa a ser reemplazado está en el origen del conflicto, ha advertido hoy en una conferencia desde Bélgica contra cualquier intento de acatar su suspensión sin pasar por el Pleno del Parlament. Puigdemont ha argumentado que «no hay ninguna sentencia» que les obligue a dejar el escaño y se ha mostrado convencido de que «el Parlament defenderá a sus diputados como el poder judicial ha hecho con Llarena», lo que en su caso pasa por negarse a acatar el auto del Tribunal Supremo.

JxCat sigue manteniendo que Carles Puigdemont es una línea roja que no piensa traspasar. La coalición se presentó a las elecciones del 21D con la promesa de restituir al ex president, promesa que reiteró Quim Torra en su investidura. Por tanto, no pueden aceptar bajo ningún concepto que Puigdemont renuncie a un acta de diputado que es imprescindible para ser presidente de la Generalitat.

Este fue el punto que hizo saltar por los aires el principio de acuerdo alcanzado en julio, cuando Torrent propuso acatar la suspensión dejando que los diputados procesados fueran sustituidos en las votaciones por otros miembros de su grupo, lo que les permitiría recuperar su escaño en caso de sentencia absolutoria. Pero Puigdemont exigió un trato diferencial y se negó a aceptar la suspensión, lo que obligó a suspender el último pleno del periodo de sesiones con duras acusaciones de mentir abiertamente entre los socios de gobierno.

La solución se ha alejado un poco más en las últimas semanas, cuando Jordi Sánchez se sumó a la negativa de Puigdemont a ser sustituido en las votaciones por uno de sus compañeros de grupo en JxCat. Ahora, la tesis de JxCat defendida también por Rull y Turull es que bajo ningún concepto están dispuestos a aceptar ser sustituidos sin que el debate llegue al Pleno del Parlament, previo dictamen de la comisión de reglamento. En otras palabras, quieren forzar una votación del Pleno para rechazar la suspensión con el apoyo de la CUP, que se ha manifestado en el mismo sentido.

ERC quiere proteger a Torrent

Pero las líneas rojas marcadas por Esquerra van en sentido exactamente contrario: no aceptarán hacer diferencias entre Puigdemont y el resto de los procesados por el 1-O, es un principio inamovible para los republicanos, muy quemados por las presiones impuestas desde Bruselas, mientras ellos siguen purgando la falta de un líder público desde el encarcelamiento de Junqueras. La segunda línea roja de los republicanos, ligada a esta, es la negativa a poner en riesgo a ningún otro cargo institucional con actos de desobediencia al poder judicial sin ningún resultado efectivo.

Especialmente si se trata de Torrent, uno de los dirigentes con más proyección dentro de los no afectados por la causa del 1-O. El propio presidente del Parlament lo dejó bien claro en la conferencia con la que la semana pasada abrió el curso político, a falta de actividad parlamentaria. El independentismo debe dejar atrás la gesticulación para centrarse en pasos «efectivos».

Los republicanos han planteado una tercera condición: que no se alteren las mayorías parlamentarias. Esto es, que no están dispuestos a renunciar a más votos en el Pleno. En los últimos plenos ni Comin ni Puigdemont han votado para no comprometer las decisiones adoptadas, pero esta medida no puede extenderse a los diputados presos, que hasta ahora sí habían votado por delegación, gracias precisamente a otra salida orquestada por Llarena en los autos de prisión de los procesados por el 1-O a los que se ha negado la libertad condicional.