Los grupos parlamentarios de JxCat y ERC han conseguido finalmente cerrar un acuerdo sobre la aplicación de la suspensión de los diputados procesados por el 1-O dictada por el juez Pablo Llarena el pasado julio, que ha forzado hasta ahora el bloqueo de la Cámara para evitar una derrota del independentismo. En un dictamen presentado hoy, y que llevarán a comisión el viernes, acuerdan sustituir temporalmente a todos los procesados, incluido Carles Puigdemont. Todo ello, eso sí, dejando claro que la suspensión automática a la que se refiere el juez del Tribunal Supremo en aplicación de la LECrim "es inaplicable en este caso".

La propuesta de dictamen pactada por JxCat y ERC argumenta que no se dan las condiciones para la suspensión automática y propone aplicar el artículo 25 del reglamento del Parlament que establece que la suspensión sea votada en pleno y aprobada por mayoría absoluta.

Así los partidos independentistas pretenden someter a votación dos puntos: el primero propone la suspensión de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez, punto que JxCat y ERC votarán en contra para rechazar la suspensión decretada por el instructor del Supremo. Y un segundo punto que propone la sustitución de los afectados, lo que de hecho implica acatar la medida dictada por Llarena.

Con esta propuesta, los partidos independentistas aspiran a tener resuelta la cuestión antes de que empiece el Debate de Política General, el próximo martes, en el que Quim Torra presentará por primera vez ante el Pleno su plan de gobierno. Una cita en la que JxCat y ERC quieren tener garantizada la mayoría independentista y que las votaciones "sean efectivas", es decir, que se haya dado respuesta a la interlocutoria de Llarena. La solución forzó durante el pasado fin de semana a numerosas reuniones de urgencia de los dos máximos responsables de uno y otro partido en el Govern, Elsa Artadi y Pere Aragonés, además de constantes consultas con los presos recluidos en Lledoners.

El dictamen acordado supone finalmente la sustitución de Puigdemont, un extremo que JxCat presentó en julio como una línea roja infranqueable, puesto que el partido del ex president quiere mantener viva la ilusión de que puede volver a ser investido president, posibilidad que requiere que disponga del acta de diputado. "El acuerdo salvaguarda los derechos de todos los diputados, también de Puigdemont" ha asegurado el presidente del Grupo de ERC, Sergi Sabrià, quien ha reconocido, sin embargo, que no podrá ser investido mientras no cambie su situación judicial.

Calendario hasta el debate

Tras remitir la solución a la Comisión del Diputado ayer, minutos antes de que Quim Torra presentara su plan de gobierno, los dos grupos que integran la mayoría independentista han presentado hoy el acuerdo que debe votarse el viernes en comisión para ser trasladado después al pleno. Un apretado calendario que permite salvar la mayoría parlamentaria del Govern a las puertas del inicio del periodo de sesiones, en el que Torra ha dejado claro que aspira a aprobar presupuestos y estabilizar su gobierno.

La propuesta deberá sortear ahora la previsible impugnación de C's, que hoy ha visto como la mayoría independentista se imponía de nuevo en la Mesa para rechazar su petición de reconsideración. Ciudadanos y socialistas habían pedido que la Mesa reconsiderara la decisión de trasladar la aplicación de la suspensión a la Comisión del Diputado, una maniobra en la que el popular Santi Rodríguez ha insinuado un intento del presidente del Parlament, Roger Torrent, de evitar futuras responsabilidades judiciales y trasladarlas al pleno.

La maniobra y el texto presentado hoy permiten salvaguardar a Torrent de asumir en solitario las eventuales responsabilidades penales de desobedecer a una interlocutoria del Tribunal Supremo -que según Rodríguez "se viene aplicando desde el 9 de julio"- y dar satisfacción a las exigencias de JxCat y la CUP, que exigían no acatar la suspensión dictada por Llarena.

Una suspensión que se asume de facto adoptando la vía apuntada por el juez del Tribunal Supremo en su auto, la sustitución por otros miembros de su grupo para no renunciar definitivamente al acta de diputado. Una vía que ya propuso Torrent el pasado julio, con el apoyo del PSC y CatEC, y que fue rechazada por Carles Puigdemont, que no aceptó ser suspendido como el resto de sus ex compañeros de gobierno.

La negativa de Puigdemont provocó un duro enfrentamiento entre los dos socios de gobierno, que llevó a ERC a acusar a JxCat de "mentir descaradamente" y obligó a Torrent a suspender el último pleno del periodo de sesiones para evitar que las votaciones se convirtieran en un nuevo desacato al Tribunal Supremo con consecuencias penales para la actual Mesa del Parlament.