Son cientos de casos, uno de cada tres. De ellos sólo se conocen los nombres de las víctimas, no de sus asesinos. No al menos de los autores materiales de los atentados que acabaron con su vida. Ahora la Audiencia Nacional se ha propuesto intentar arrojar luz sobre los crímenes de ETA, el GRAPO y otros grupos terroristas que han actuado en España y algunos de cuyos crímenes continúan sin castigo. El pasado jueves el nuevo fiscal especial de la Audiencia Nacional designado a tal fin, Marcelo de Azcárraga, se reunión con representantes de distintas asociaciones de víctimas no sólo para presentar su plan de actuación y las medidas a adoptar en su objetivo por esclarecer el mayor número de crímenes, sino para solicitar también su ayuda en la tarea.

En breve, la principal asociación de víctimas del terrorismo, la AVT, le remitirá el último informe que sus servicios jurídicos han elaborado y que actualiza no sólo el número de víctimas que dejaron ETA, el Grapo y el Yihaidismo, sino también cuántos de sus crímenes continúan sin autor conocido ni condenado.

Sin duda el dato más sorprendente es el de ETA. La AVT ha cruzado los distintas informes, listados y bases de datos existentes sobre el impacto de atentados cometidos por la banda terrorista y concluye que su legado es de 853 personas asesinadas. Se trata de una cifra ligeramente inferior a la que se creía hasta ahora. De ellas, el 36% de esas víctimas continúan hoy sin un autor condenado.

El informe que la AVT remitirá a la Audiencia Nacional determina 853 asesinatos de ETA, más de un tercio no tiene autor material condenado”

El análisis que ahora se ultima y que será remitido en breve a la Audiencia Nacional parte del realizado por la AVT en 2011. Entonces se señaló que existían 324 muertes cometidas por ETA sin un autor material condenado. En estos siete años transcurridos se han resuelto una docena de casos, estableciendo la autoría material de los mismos y se han revisado algunos casos. Tras ello se ha reducido ligeramente esa cifra, que continúa por encima de los 300 asesinatos sin una sentencia de autoría material.

Cómplices y colaboradores

De entre todos ellos, en algunos casos al menos se logró establecer algún tipo de participación en los atentados que acabaron con varias de las víctimas, bien a modo de cómplice, colaborador o inductor del atentado. En esta situación se encontraría algo más de medio centenar de casos. El baile de cifras aportados por la Fiscalía se explicaría en el criterio empleado en cada caso, subrayan en la AVT, que recuerdan que en algunos casos se habla de víctimas y en otros de atentados, que rondarían los 200.

De igual manera, un tercio de los 94 asesinatos cometidos por el Grapo siguen sin una autoría determinada

Una de las novedades de este nuevo informe que la AVT enviará al fiscal Azcárraga es que determina el listado también de casos sin resolver de otros grupos terroristas como el Grapo y el Yihadismo. En el primer caso se apunta, por ejemplo, que casi un tercio de las 94 víctimas que se asignan al Grapo aún no tendrían un autor material condenado. Un porcentaje similar a los atentados cometidos por grupos yihadistas en España. En el citado informe se apunta que sólo uno de los tres atentados de corte yihadista no tiene un autor condenado. Se trataría del ocurrido en 1985 en el restaurante ‘El descanso’ de la Carretera N-II y en el que fallecieron 18 personas. Un crimen que se considero como el primer atentado de corte islamista y que se asignó inicialmente el grupo Yihad Islámica.

Desde la fiscalía especial que coordina Azcárraga ya se ha trasladado a las asociaciones de víctimas que las posibilidades de que se puedan esclarecer atentados sin resolver en muchos casos es remota. A ello es evidente que podrá colaborar el material recientemente entregado por Francia, los llamados ‘Sellos de ETA’. Azcárraga sin embargo detalló que esta documentación al menos sí podrá contribuir a fortalecer algunas acusaciones en procesos abiertos. De igual manera, trasladó a las asociaciones que se han remitido a la Audiencia Nacional alrededor de una veintena de casos que estaban judicializados en juzgados del País Vasco y que a partir de ahora se trasladan a la Audiencia Nacional.