Han trascurrido dos años desde aquella noche, la que les cambió la vida. La misma que llevó a unos a prisión para los próximos años y condenó a otros a vivir desde entonces ocultos en otra ‘cárcel’, la social, y de la que aún no han podido escapar. Son las dos ‘cárceles’ de Alsasua.

En este tiempo el eco que retumbó se ha silenciado, las movilizaciones continuas se han rebajado y el futuro oscuro ha mantenido su incertidumbre para muchos de sus protagonistas. Cinco meses después del juicio más mediático en el que jamás se ha visto salpicado el municipio, en las calles del pueblo la vida intenta volver a la normalidad. En el cuartel de la Guardia Civil, alejado del bullicio de la localidad, también. En realidad, ni agresores ni agredidos lo lograrán, ya nada será como lo fue antes de la madrugada del 15 de octubre de 2016.

Este lunes habrán trascurrido 24 meses oscuros. Un aniversario que algunos vivirán, en contra de su voluntad, en Alsasua. Los padres de María José hace tiempo que quieren salir de allí. El tiempo pasa y su deseo de abandonar el pueblo, al que llegaron hace 17 años, se complica. Este triste aniversario lo pasarán en su casa, convertida en su particular ‘prisión’. Ha sido en ella donde han visto cómo durante meses las pintadas y pancartas insultantes y amenazantes colocadas a las puertas de la vivienda se sucedían.

Aquella noche no sólo perdieron el anonimato y la paz, también el saludo en el pueblo, el calor de sus vecinos. Con ello también se diluyó la opción de un futuro mejor. Su delito es haber sido padres de una muchacha que un día inició una relación con un agente de la Guardia Civil a los que agredieron, junto a otro agente y su pareja en el bar ‘Koxka’. Una agresión por la que hoy cumplen condena en prisión siete jóvenes: atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. No fue terrorismo, determinó el tribunal, pero tampoco una mera “pelea de bar”.

«Se vende»

Hace casi cinco meses que en el balcón de su casa cuelga el cartel de “Se vende”. No hay ofertas, no para un piso relacionado con una de las víctimas de la agresión. Ni siquiera para un alquiler. Sienten que la falta de interés por su piso, necesario para disponer de recursos para abandonar definitivamente Alsasua, no responde en realidad a razones del mercado inmobiliario sino más bien a una extensión más del vacío social al que se les somete. La presión no ha cesado, aseguran desde su entorno.

Los problemas han aumentado por las dificultades laborales por las que atraviesa la familia. Forzados a abandonar el local del Hogar del Jubilado de Alsasua que regentaban –y que fue atacado en varias ocasiones-, el pilar económico de la familia se basaba en el trabajo del padre, empleo que ya no existe. Buscar un nuevo trabajo se ha convertido en una tarea casi imposible para alguien ‘estigmatizado’ por el ‘caso Alsasua’.

Quienes conocen su situación señalan que el temor no ha desaparecido. También que no ayuda a emprender un nuevo camino la ausencia de ayuda institucional que perciben. La reclaman únicamente para poder salir de Alsasua. Por ahora, su única esperanza es vender la casa y lograr un trabajo, donde sea, para empezar de nuevo.

Los padres de la novia del sargento no logran vender el piso que les permitiría abandonar Alsasua

A J.F. y su mujer les queda al menos la esperanza de que su hija, María José, ha logrado salir de allí, comenzar a recomponer su vida lejos de Alsasua. Hace un mes que se instaló en otra ciudad. Su primer intento por escapar del clima de acoso asfixiante en el que vivía, en especial en las vísperas y durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, había fracasado. Los estudios los intentó continuar en Vitoria, siempre buscando pasar desapercibida, no ser ‘la de Alsasua’. Hasta que su anonimato se rompió y las acusaciones y miradas incómodas de las que había huido regresaron, ahora en la capital alavesa.

A muchos kilómetros de allí, con un trabajo que le permite dibujar un futuro y un entorno en el que comienza a instalarse, su prioridad es ahora dejar atrás la agresión de la que fue víctima y le sumió en una depresión postraumática de la que aún se trata.

Rehacer su vida

El reconocimiento como víctima –en su condición de amenazada- que ha reclamado al Ministerio del Interior siguen sin llegar. María José confiaba en acceder a las ayudas que concede el Ejecutivo a quienes, bien han sido víctimas directas de un atentado terrorista, o bien han padecido amenazas o agresiones vinculadas con el entorno terrorista. Considera que son las que ella ha vivido y detalló durante el juicio. La instrucción de su caso estaba concluida y en él se han empleado informes elaborados por la Guardia Civil en los que se detalla la agresión, las amenazas posteriores y el clima de hostigamiento en el que ha vivido ella y su familia y que obligó a ponerles escolta.

Una de las víctimas intenta rehacer su vida lejos de Alsasua tras logar un empleo

En este tiempo, los ocho condenados por aquella agresión también han visto radicalmente alterada su vida. Tan sólo Ainara Urquijo, la única mujer condenada, es hoy libre. Sobre ella pesa una condena de dos años que le ha permitido no pisar la cárcel. El resto, los siete jóvenes de Alsasua, cumplen desde hace casi dos años en el caso de tres de ellos y desde hace cuatro meses en el caso del resto. Todos ellos han sido acercados a las prisiones de Zaballa en Vitoria – Jokin Unamuno, Oihan Arnanz, Julen Goikoechea, Jon Ander Cob y Aratz Urizola- y a la prisión de Pamplona –Adur Ramírez de Alda e Iñaki Abad-, donde están encarcelados.

Estos días sus familiares se han movilizado no sólo para instar a que no se olvide el caso de sus hijos, a que se les envíen cartas de solidaridad o que se les siga apoyando, sino para que las instituciones vascas se impliquen. A comienzos de este mes los padres de los condenados comparecieron en la Comision de Derechos humanos del Parlamento Vasco para denunciar la condena de sus hijos. Aseguraron que no tuvieron derecho a la presunción de inocencia, que fueron víctimas de un juicio paralelo, ni se les asignó un juez “imparcial”.

Los siete condenados cumplen penas de entre 9 y 12 años de prisión. Sus defensas y sus acusadores las han recurrido. Por el momento la Sala no ha resuelto los recursos de Fiscalía, acusación particular y defensa, si bien los expertos ven complicado que puedan suponer una modificación sustancial de las penas. El ministerio Público insiste en la consideración de los hechos como propios de un delito de terrorismo.