La ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, junto a Miquel Iceta, primer secretario del PSC.
Todavía no existe un borrador de los Presupuestos Generales del Estado, pero el futuro proyecto del Gobierno socialista centra el debate político en el Congreso de los Diputados. Con sólo un acuerdo entre Moncloa y Unidos Podemos sobre la mesa, la batalla política por la supervivencia de Pedro Sánchez vuelve a estar servida.
Los grupos parlamentarios de los partidos independentistas, ERC y PDeCAT, siguen exigiendo un "gesto" que demuestre "que las cosas están cambiando" con el nuevo Gobierno socialista como condición para mantenerlo en el poder. La antigua Convergencia pide en Madrid que la Abogacía del Estado suavice su informe en la causa del procès. Los republicanos, por su parte, siguen exigiendo que el Gobierno pida a la Fiscalía que rebaje su petición de delitos. En ambos casos entienden que el Ejecutivo no tenga poder real para torcer el brazo a fiscales y jueces, pero reclaman "el gesto".
Las declaraciones de los ministros en este sentido, abogando por la libertad de los encausados e incluso apuntando a la posibilidad de un indulto si resultan condenados, no es suficiente para los socios de Pedro Sánchez en la moción de censura. ERC y PDeCAT exigen el gesto mientras que Pablo Iglesias se faja de nuevo para que los Presupuestos salgan adelante y demostrar así que una coalición entre PSOE y Unidos Podemos puede funcionar tras las elecciones generales.
En este contexto, atrapado por las circunstancias, el Gobierno opta por apretar. Fuentes de Moncloa explican que iniciará una campaña en Cataluña para aumentar la presión sobre los independentistas y dejarles sin argumentos a la hora de votar en contra de los Presupuestos. Con ese objetivo, los ministros desplegarán en la comunidad el mensaje de "lo que los catalanes se perderían" si no sale adelante el proyecto acordado por el PSOE y Unidos Podemos.
Desde los 200 millones de euros que el Estado debe, según la disposición adicional tercera del Estatut, por el déficit de inversión en infraestructuras que se negocia en la comisión bilateral con la Generalitat, hasta los 2.200 millones anunciados por la ministra de Hacienda, pasando por el beneficio que supondría la aprobación de medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o los permisos de maternidad y paternidad intransferibles, el Gobierno pretende hacer que los grupos catalanes tengan muy difícil la explicación de su rechazo a las nuevas cuentas del Estado.
A los compañeros/as de @ahorapodemos dicho desde la estima sincera, les decimos que sólo les pedimos que se pregunten cómo actuarían y que exigirían a @Esquerra_ERC si @Pablo_Iglesias_ estuviera injustamente encarcelado y acusado de rebelión.
— Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) October 16, 2018
La ofensiva la inició la semana pasada la propia María Jesús Montero en una entrevista con El Periódico, donde explicó que, sin presupuestos, Cataluña no tendría acceso a 989 millones adicionales en las entregas a cuenta, ni podría contar con dos décimas más de déficit, lo que supondría otros 490 millones.
Tampoco se podría corregir el desfase en la participación de las autonomías en la recaudación del IVA, lo que representa unos 339 millones, ni tendría los 350 millones para cumplir con la sentencia de la disposición adicional tercera y el acuerdo para financiar los Mossos d'Esquadra.
Según la ministra de Hacienda, "sería una absoluta contradicción" acudir a las comisiones bilaterales para conseguir que se le reconozca a Cataluña lo que le pertenece por ley y no apoyar el instrumento que lo hace posible, los presupuestos.