El PDCat ha explicitado este miércoles en el Congreso de los Diputados sus exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez para “avanzar en el conflicto político” en Cataluña, unas reclamaciones que implican la influencia del Ejecutivo socialista sobre la causa del procès. Su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, ha explicado a la ministra catalana Meritxell Batet que la situación de los miembros del antiguo Govern encarcelados en la causa contra el procès son la prioridad a la hora de negociar con el Gobierno, por encima de cualquier oferta para mejorar servicios públicos a través de la comisión bilateral con la Generalitat.

Todas las ofertas desgranadas por la ministra de Política Territorial en su comparecencia han caído en saco roto ante el partido de Quim Torra. “Hoy la principal dificultad para el diálogo político es fundamentalmente la situación judicial en la que estamos inmersos”, ha advertido Campuzano, que ha hablado de “prisiones injustificadas, basadas en delitos falsos y un retorcimiento inaudito del derecho penal”. El portavoz ha insistido en que la interpretación legal de los delitos que han podido cometer los encausados por parte de la Fiscalía General del Estado y el juez Llarena han sido “rechazadas” por diversas jurisdicciones internacionales y por 120 penalistas españoles.

Por estos motivos, el PDCat ha insistido en que el Gobierno “puede tener y debería tener criterios propios en aquello que depende de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General“. A su juicio, la fiscal general “podría perfectamente compartir” el criterio del grupo de más de 100 profesores universitarios especializados en Derecho Penal que en noviembre de 2017 firmaron un manifiesto para mostrar su repulsa ante la decisión de la Fiscalía y la Audiencia Nacional de calificar los actos del 1-O dentro del marco de delitos de rebelión.

Antes de la intervención de Campuzano en la comisión parlamentaria sobre Política Territorial y Función Pública, la ministra Batet ha explicado que el Gobierno rechazó la petición de la Generalitat de incluir en la negociación política la situación de los políticos presos y la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, ya que ambas cuestiones son competencia del poder judicial.

La ministra para Cataluña de Pedro Sánchez ha relatado como un logro que la Generalitat ha asumido “ir más allá de sus reivindicaciones soberanistas” y de explorar las posibilidades del marco constitucional y de su gestión como gobierno autonómico, “un cambio relevante tras años de exclusiva contestación de ese marco”.