Las redes sociales han sido de nuevo el primer barómetro de la reacción independentista a la solicitud de penas para los 18 procesados por la organización del 1-O. El independentismo ha reaccionado con indignación a una petición de penas a la que Gabriel Rufián ha reaccionado públicamente, comparando las penas a las que se enfrentan los líderes del ‘procés’ con la resolución judicial para el caso de ‘La Manada’: “25 años de cárcel por votar y 9 por violar. Son unos salvajes”, ha sentenciado.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha cuestionado que la ley sea igual para todos cuando se permite que José María Aznar, “máximo responsable de la corrupción y culpable de una guerra criminal”, disfrute de su libertad mientras algunos quieren que los independentistas “se pudran en la cárcel”. Ha insistido en que la ley no es igual para todos porque mientras raperos y tuiteros son juzgados y condenados, “sicarios de las cloacas como Inda o Losantos gozan de impunidad absoluta y privilegios”.

En todo caso, Iglesias ha lamentado que la “judicialización” del conflicto catalán siga “entorpeciendo” la gestión de un problema que es político y, por tanto, solo tiene “una solución política por vías democráticas”. Ha señalado que los que defienden el diálogo, como Podemos, deben seguir trabajando para buscar esa solución política y para poner fin a la vía judicial. “Es difícil, pero es posible y hay que seguir intentándolo”, ha escrito.

También el presidente de Omnium, Jordi Cuixart, ha sido uno de los primeros en reaccionar con un tuit en el que advierte que si alguien cree que la amenaza de 17 años de prisión les hará cambiar de postura “no conocen a Òmnium ni a la sociedad catalana”.

La más dramática, sin embargo, ha sido la consellera de Agricultura y ex diputada de ERC, Teresa Jordà, quien ha dado por “muerta la democracia en el Reino de España” tras conocerse el avance de la petición de penas. El presidente del PDeCat, David Bonvehí, ha apuntado por su parte que “ahora que ya sabemos de qué se les acusa y qué penas les piden, dejadme reiterar que nuestros presos políticos son personas inocentes. Hoy se demuestra que esto no es un proceso, es una venganza” concluye el ex convergente.

La abogada Gemma Calvet ha sido la escogida por Carles Puigdemont y Agustí Colomines como primera respuesta de emergencia a la rebaja en la atribución de delitos de la Abogacía del Estado: “los que dicen que la Abogacía del Estado sigue una línea blanda no saben nada de derecho penal o sencillamente tienen síndrome de Estocolmo” asegura la ex dirigente republicano en un tuit en el que reclama además “unidad y defensa jurídica de la democracia plural”.

Por su parte, el ex conseller de la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha dejado claro a través de Twitter que “ni desánimo, ni resignación, ni renuncia” ante un “relato ficticio para conseguir un escarmiento a costa de lo que sea y al margen del Código Penal”.

Turull, para quien la Fiscalía pide 16 años de prisión por un delito de rebelión, ha asegurado que no le sorprende el escrito de la Fiscalía, pero que “nosotros seguimos con las convicciones intactas”.

La petición ha sido calificada como “represalia hacia una ideología” por el ex conseller de Exteriores, Raúl Romeva, para el que se pide la misma pena que para Turull. Romeva, actualmente en prisión preventiva, ha asegurado que “no renunciaremos nunca a nuestros argumentos ni a nuestro compromiso político”.

Queja del abogado de ERC

El abogado de ERC, Andreu Van den Eynde, por su parte, ha aprovechado el anuncio de las calificaciones provisionales de Fiscalía y Abogacía del Estado para recriminar una vez más al ministerio público su supuesta querencia por la prensa y menosprecio a las defensas, pidiendo públicamente a los periodistas que les remitan los escritos. Un mensaje que se ha apresurado a reproducir Esquerra en su cuenta oficial.