El Ministerio de Interior revisará el protocolo de seguridad para el juez Pablo Llarena, instructor del proceso contra los líderes del 1-O, después del nuevo ataque de las juventudes anticapitalistas de Arran a su domicilio familiar. Un protocolo que de hecho deberá extenderse para dar cobertura a la familia de Llarena, y en concreto su esposa, magistrada de la Audiencia de Barcelona, y uno de sus hijos, que siguen residiendo en Sant Cugat del Vallés, donde anoche se produjo el ataque de los independentistas.

La pasada madrugada, dos miembros de Arran marcaron con pintura amarilla la entrada de la vivienda y colgaron después el vídeo en sus redes sociales para reivindicar la acción como la segunda entrega de la realizada meses atrás contra la segunda residencia del juez en la Cerdaña (Girona). “El pueblo manda, Arran obedece” asegura el tuit en el que ligan el ataque a la vivienda del juez a “una resolución de la instrucción que prevé sentencias desmesuradas” para los líderes del 1-O.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado a El Independiente que el dispositivo de protección al juez “es dinámico, no estático”, es decir, que no cuenta con una escolta permanente a las puertas de su casa. Y recuerdan que la seguridad ciudadana en Cataluña es responsabilidad de los Mossos, que será el cuerpo responsable de investigar la actuación de las juventudes de la CUP.

El caso del juez Llarena y su familia es especialmente complejo, porque el magistrado instructor del 1-O reside en Madrid, donde se trasladó  definitivamente de forma permanente durante la instrucción del caso. Pero su esposa y uno de sus hijos siguen residiendo en Barcelona de forma estable, puesto que ella se ha reincorporado a la Audiencia de Barcelona, tras haber dirigido la Escuela Judicial durante varios años.

En tanto que miembro del Tribunal Supremo, la seguridad de Llarena corresponde al Ministerio del Interior. De hecho, el pasado marzo el anterior ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ordenó una vigilancia especial para el instructor del 1-O después de que éste ordenara la prisión sin fianza para Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa, que se sumaban así a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis. Una decisión a la que el independentismo respondió con las primeras pintadas contra el juez en Das (Girona).

Los mossos esperan denuncia para investigar

Pero la vigilancia de su vivienda correspondería a los Mossos, que no tienen previsto ningún dispositivo de este tipo. En cuanto a la investigación del ataque de esta madrugada, fuentes de la policía autonómica han confirmado a El Independiente que no se ha abierto de momento ninguna investigación porque todavía no se ha producido ninguna demanda ante la comisaría de Granollers, a la que correspondería el caso. Los mossos siguen a la espera de una denuncia de la comunidad de vecinos por los daños ocasionados.

En cuanto a los mensajes en las redes sociales contra el juez, la policía autonómica tampoco ha abierto investigación de oficio, a la espera de que sea Llarena el que denuncie las amenazas de la organización independentista.

Los mossos sí abrieron diligencias informativas tras el escrache sufrido por el magistrado el pasado verano en Palafrugell (Girona), donde Llarena y su esposa fueron increpados abandonar el restaurante en el que estaban cenando por una quincena de personas convocadas a través de las redes sociales por el CDR de la localidad.

Antes de eso, la familia de Llarena ya fue amenazada en las redes por una militante independentista que hizo público en redes sociales la identidad de su esposa, así como su responsabilidad al frente de la Escuela Judicial, y la dirección de la familia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Esa que anoche utilizaron las juventudes de la CUP para “castigar” al juez por las conclusiones de su instrucción.