José Manuel Villarejo, comisario ya retirado y en prisión desde noviembre de 2017 en el marco de la 'Operación Tándem'.
José Manuel Villarejo volverá a pedir en los próximos días su puesta en libertad con el argumento de que el avance de la instrucción impide que pueda destruir ya fuentes de prueba y que estaría tan controlado en caso de salir de prisión que no existiría riesgo alguno de fuga.
El nuevo abogado del comisario ya jubilado, el letrado Antonio José García Cabrera, ha confirmado a El Independiente que ultima el escrito con el que pedirá al juez que instruye el caso Tándem, el magistrado Diego de Egea, la excarcelación de su representado al entender que no concurre ninguno de los supuestos que justifican el mantenimiento de esta medida cautelar de carácter personal.
Las reiteradas peticiones que la anterior defensa del policía ya retirado planteó fueron desestimadas por el instructor, que ha rechazado concederle la libertad provisional ni siquiera con fianza para conjurar el riesgo de que pueda obstruir nuevas líneas de investigación que podrían ponerse en marcha con la información que arrojen las comisiones rogatorias cursadas a casi una decena de países. La última vez fue hace poco más de un mes, concretamente el pasado 4 de octubre.
Resolviendo un recurso presentado el 13 de agosto por la defensa del agente ya jubilado, De Egea dictó el auto de prórroga de la medida de prisión tras salir a la luz las grabaciones de una comida que mantuvo José Manuel Villarejo en el otoño de 2009 con la hoy ministra de Justicia Dolores Delgado, el juez Baltasar Garzón -antes de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo- y cinco mandos policiales.
La defensa dice que el comisario retirado está sufriendo un "linchamiento personal y familiar" a raíz de las filtraciones de las cintas
El letrado de Villarejo recuerda que el transcurso del tiempo actúa "de manera decisiva" en el procedimiento penal y defiende que el hecho de que en el futuro puedan ponerse en marcha nuevas pesquisas no es un motivo que justifique hoy la medida de prisión.
La defensa niega que exista riesgo de fuga y rechaza que su cliente pueda destruir pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos que investigan el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción tras un año recluido en el centro penitenciario de Estremera (Madrid) y cuando todo el material que acumulaba fue intervenido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en los registros practicados tanto en sus viviendas de Madrid y Estepona (Málaga) como en la casa de su socio, Rafael Redondo.
Secreto de las actuaciones
En el escrito con el que pretende que el juez lo ponga en libertad, José Manuel Villarejo denunciará que está sufriendo un "linchamiento personal y familiar" a raíz de la difusión de conversaciones que él grabó durante su etapa como funcionario de policía y un "juicio paralelo" del que no puede defenderse al estar entre rejas. El antiguo agente encubierto se desmarca una vez más de la filtración de dichos audios y considera que la puesta en circulación de esas grabaciones perjudica su pretensión de salir de prisión.
La nueva petición del principal investigado en el caso Tándem coincidirá en el tiempo con la resolución del recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el levantamiento de la mayor parte del secreto de las actuaciones por parte de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que sólo mantiene abierta la denominada pieza Big. Se trata de la rama del caso en la que está imputado el comisario principal Enrique García Castaño El Gordo, acusado de blanqueo de capitales, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y organización criminal.
El 5 de noviembre de 2017, la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 3 la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretó prisión provisional sin fianza para el policía con carné profesional número 14.779. Villarejo, vinculado a las cloacas del Estado, pasó entonces a ser el preso número 2017014718.
"Chantaje" al Estado de Derecho
Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se interpreta las filtraciones de las grabaciones realizadas por el antiguo agente encubierto -como las realizadas de su encuentro con Corinna en Londres o con la hoy titular de Justicia- como un intento de “chantaje” al Estado de Derecho. .
En un comunicado remitido recientemente a los medios de comunicación su nuevo abogado sostenía además que "las ininterrumpidas y sesgadas filtraciones a los medios de comunicación sobre presunto contenido de la investigación, perpetradas con total impunidad, están produciendo un clima irrespirable en el procedimiento" a la par que añadía que es “dramático que, contraviniendo la ley, por presumible interés político y por otras razones que se antojan al menos hoy inconfesables, se esté vapuleando el deber de preservar el secreto de sumario, incurriendo en delito”.