El periodismo ha vivido este martes una situación inaudita en democracia. Agentes de la Policía Nacional, acompañados de una secretaria judicial, han requisado los teléfonos móviles personales de dos periodistas de Europa Press BalearesDiario de Mallorca para investigar el origen de la filtración de un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales, incorporado en una causa entonces secreta y publicado por ambos medios en el mes de julio. En aquel informe, al que después contradijo el ministerio de Hacienda, se acusaba al grupo Cursach de haber defraudado un total de casi 66 millones de euros tanto a la propia Hacienda como a la Seguridad Social.

La orden judicial, según han informado las dos redacciones, ha respondido a la iniciativa de la defensa de Bartolomé Cursach y del Ministerio Fiscal. Cursach ha sido durante décadas el magnate indiscutible de la noche mallorquina, y actualmente está implicado como principal protagonista en el mayor caso de corrupción jamás juzgado en el archipiélago balear.

Fue detenido y encarcelado en marzo de 2017, aunque logró la libertad bajo fianza de un millón de euros -que reunió en cinco horas- en abril de 2018. En su auto de ingreso en prisión se le acusaba de hasta 17 delitos: homicidio, narcotráfico, corrupción de menores, organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, delito contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicios, tenencia ilícita de armas y delitos contra los derechos de los trabajadores.

La investigación del cochecho se centra en la presunta celebración de fiestas con prostitutas y drogas en las discotecas del ‘Tolo’ para ganarse el favor de policías

Entre otras cosas, al empresario de 72 años se le acusa de haberse ganado el favor de políticos y policías para beneficiar sus múltiples negocios y hostigar a los de la competencia con los recursos a su alcance. La investigación del cohecho se centra, especialmente, en la presunta celebración de cenas y fiestas con prostitutas y drogas que se podrían haber usado como pago a los implicados en la trama.

El rosario de delitos, sin embargo, es inmenso. Cursach ya ha sido juzgado por la tenencia de una carabina y munición en sus domicilios y el catálogo de cargos llega incluso al homicidio, el narcotráfico y la corrupción de menores. Los tres cargos están relacionados: según informó en su momento la prensa local, y tal y como se recoge en el auto, un testigo declaró que Cursach ordenó proporcionar drogas hasta la muerte al trabajador de una de sus fincas que aseguraba tener en su posesión fotografías comprometidas del propio Cursach. Su defensa ha negado taxativamente estas acusaciones en repetidas ocasiones. El trabajador en cuestión fue hallado muerto por sobredosis.

El imperio de Cursach

El imperio de Cursach en Mallorca incluye enclaves míticos como la discoteca BCM -en Magaluf- y Megapark -en El Arenal-. Y casi una treintena más de negocios de similares características, entre ellas Tito’s, donde presuntamente se celebraban las fiestas. Aunque el magnate de la noche diversificó más allá de la noche: invirtió en una millonaria firma de gimnasios y perdió el anonimato cuando inyectó 1.600 millones de pesetas y salvó de la ruina al Real Mallorca a principios de los años 2000.

Desde el palco de Son Moix siguió consolidando los negocios que había empezado a visualizar en su juventud, cuando logró sus primeros contactos mientras ejercía como recogepelotas en el exclusivo club de tenis de tierra batida de la capital mallorquina. Su competencia había denunciado durante años un poder omnímodo y casi un monopolio nocturno en el que nada se movía sin el beneplácito de Cursach.

El pasado 27 de noviembre, la Audiencia de Palma ratificó la decisión de enviar a juicio a Cursach y otros 23 acusados por delitos de cohecho que serán juzgados por un jurado popular. La causa, sin embargo, ha estado trufada de polémicas y sobresaltos, con denuncias cruzadas entre todas las partes.

Los testigos 29 y 31

Uno de los ex empleados de Cursach, que figura en el sumario como Testigo 29, ha denunciado hasta cuatro agresiones asociadas a presuntos intentos de intimidación, cuyos acusados han llegado a pasar por prisión. En la última ocasión, denunciada en el mes de mayo, el testigo denunció que dos ciudadanos de nacionalidad rumana le habían abordado y golpeado por la espalda mientras le amenazaban con que le «quitarían de en medio» si no abandonaba la isla.

Según su relato, denunciado ante la Policía y recogido por el mismo periodista cuyo móvil ha sido requisado hoy, los presuntos agresores hacían referencias veladas a su número de testigo en la causa: «29 hostias, 29 veces que te voy a rajar».

La más mediática de los testigos, sin embargo, ha sido la Testigo 31, madame de uno de los clubes de alterne presuntamente utilizados en la trama. La Testigo 31 había señalado con sus testimonios durante la causa a varios políticos y agentes de la Policía Local que habrían acudido a las fiestas, aunque la credibilidad de su relato se tambaleó después de varios cambios de versión.

Una conversación privada entre esta testigo y el juez que durante tres años había liderado la investigación, Manuel Penalva, llevó a que la Audiencia apartase de la instrucción al magistrado, que por WhatsApp se refería como «hijos de puta» y «cabrones» a algunos de los investigados. Según la Audiencia, Penalva había perdido «la apariencia de imparcialidad». Meses antes, para redondear el laberinto procesal, la testigo que había sido clave durante años para perseguir a Cursach, había acudido a la defensa del magnate para defender que estaba siendo «coaccionada» por el juez y el fiscal del caso, a los que llegó a acusar incluso de prepararle las declaraciones de antemano.

Penalva, por su parte, se defendió asegurando que estaba siendo sometido a una campaña de persecución y que tanto él como el resto de investigadores estaban sufriendo «seguimientos e investigación por parte de una empresa americana especializada en espionaje a nivel internacional». «La situación ha llegado a un punto en que nos hemos visto en la necesidad de portar un arma de fuego», apuntaba el juez en el escrito con el que pretendía evitar la recusación que finalmente sí se produjo.