Agentes de la Policía Nacional se han personado este martes en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia Europa Press Baleares. Lo mismo ha sucedido con el periodista Kiko Mestre, que cubre el mismo caso para Diario de Mallorca.

Cuando los agentes se han trasladado a la sede del diario balear, los periodistas de la redacción han formado una barrera y se han negado a entregar voluntariamente ninguna información sobre la investigación al magnate de la noche Bartolomé Cursach.

En el caso de Europa Press, tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.

La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.

Informe del Grupo de Blanqueo de Capitales

Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada como empresa.

La información por la que se investiga a los periodistas se publicó en el mes de julio y consiste, únicamente, en la publicación de un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en el que se acusaba al Grupo Cursach, predominante en el negocio de la noche balear, de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social. La causa permanecía secreta en aquel momento.

En sus respectivas informaciones sobre el incidente, tanto Europa Press como Diario de Mallorca reiteran su compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes y lamentan este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución.