El diagnóstico es inquietante. Repleto de carencias, descoordinación y amenazas. La Unión Europea lleva un año analizando la capacidad de los 28 estados miembros para hacer frente a un peligro creciente y cada vez más complejo en sus fronteras: el terrorismo yihadista. El Comité Especial que en septiembre del año pasado se conformó para evaluar la situación y proponer un plan de actuación ha terminado su trabajo y lo ha hecho con una descripción de la situación preocupante y con un largo listado de incumplimientos y recomendaciones por implantar para blindar la Unión.

El informe inicial, sometido al debate de las 1.519 enmiendas, rastrea las carencias operativas, normativas y de atención a las víctimas detectadas en la lucha contra el terrorismo, esencialmente de carácter yihadista, en el conjunto de la Unión Europa. El plan de actuación ideado, y que hoy se votará en el Pleno de Estrasburgo, propone una batería de cerca de 200 recomendaciones y consideraciones dirigidas a los estados miembro con las que intentar blindar y proteger Europa contra una amenaza que lejos de relajarse se apunta a que se acentuará en los próximos años.

Uno de los datos más inquietantes es la conclusión de que la amenaza ya no procede del exterior, de terroristas que viajan a la UE para cometer atentados, sino que los potenciales ‘combatientes’ de la yihad ya residen en el seno de la Unión. Una realidad que convive con un mapa de protección y seguridad marcado por el descontrol, la falta de actuación coordinada entre países y una cierta “relajación” detectada en la aplicación de medidas anteriormente propuestas y que muchos Estados miembros o han ignorado o han aplicado de modo irregular e insuficientente.

El número de yihadistas radicalizados en Europa se estima en entre 50.000 y 70.000, según el informe

El riesgo que se apunta en el informe no es menor. Se apunta a que actualmente el número de yihadistas radicalizados, potencialmente peligrosos, que estarían residiendo en la UE oscila entre los 50.000 y los 70.000 y lo hacen ademas en un contexto de mayor radicalización.

El diagnóstico de la amenaza terrorista apunta como causa la inestabilidad en Oriente Próximo, el norte de África y las regiones del Cáucaso y que han llevado a grupos terroristas como Daesh “a penetrar en los países fronterizos de la Unión”, en especial en las zonas de los Balcanes. Se señala que el número de personas que viajan ahora a Europa procedentes de Siria e Irak ha disminuido de modo importante mientras que se han incrementado las llamadas a actuar de las “células durmientes” ubicadas dentro de los Estados europeos. El grupo de estudio concluye que esta situación obliga a ser conscientes de que las fronteras abiertas de la UE están siendo “vulnerables al abuso”. Afirma que estos grupos terroristas están recurriendo a las rutas de acceso de migrantes y a las solicitudes de asilo para acceder a Europa.

También se asegura que la amenaza ha cambiado en su forma. Se cita como nuevos riesgos los ataques de ciberterrorismo o de empleo de armas de destrucción masiva, como el uso de materiales “químicos, biológicos, radiológicos o nucleares”, ante lo que se urge a un mayor control en la ccoercialización de este tipo de productos potencialmente peligrosos.

Más extremismo

La lista de recomendaciones es amplia y abarca desde el marco meramente institucional hasta lo referido a la radicalización creciente en algunos lugares de Europa, la cooperación e intercambio de información, el refuerzo de las fronteras exteriores, la protección de infraestructuras sensibles, la financiación del terrorismo, el tráfico de armas y explosivos o la necesidad de mejorar y protocolizar la atención a las víctimas del terrorismo en toda Europa.

Desde los atentados del 11 de marzo en 2004 en la Estación de Atocha de Madrid, nueve países de la Unión Europea han sufrido ataques de carácter terrorista. Se estima en cerca de una treintena el número de atentados. Crímenes que han provocado más de 6.600 víctimas y heridos. Ahora, para hacer frente a la creciente amenaza terrorista, el informe de los expertos recomienda que no sólo se limite la alerta al terrorismo yihadista sino también a otro tipo de movimientos radicales. Piden a la Comisión que cree un Centro de Excelencia para la Prevención de la Radicalización y que destine fondos y recursos suficientes a tal fin.

Junto a ello, reclama un abordaje integral del fenómeno, así como una mejora en el cruce de información y colaboración entre los distintos Estados de la Unión. Uno de los riesgos sobre los que pone el foco es la radicalización que comienza a detectarse entre los clérigos de determinadas corrientes religiosas. Se urge a los Estados miembros a que garanticen la libertad religiosa y el derecho a ejercerla libremente pero sólo a “las prácticas religiosas que estén en total conformidad con la democracia”.

Se reclama a todos los Estados europeos que creen una “lista negra” de clérigos extremistas que “prediquen el odio” y que se someta a una evaluación periódica al conjunto de los clérigos. Incluso se invita a facilitarles formación teológica “que respete plenamente la democracia, el Estado de derecho, los Derechos Humanos y la neutralidad y el laicismo democrático”.

El informe recomienda elaborar una ‘lista negra’ de clérigos radicales que prediquen en los Estados de la UE y actuar contra ellos

Entre las recomendaciones que se incluyen figura la de aplicar legislación de carácter penal a la “incitación a cometer un acto terrorista o un crimen de odio” y emplear “todas las medidas legales”, incluida la denegación de visados o la expulsión de la UE, contra “predicadores de odio”. Insta a los Estados a no dudar en cerrar aquellas mezquitas, canales de televisión y medios de comunicación o lugares de culto o asociación en los que no cumplan con “el Estado de derecho”. Además invitan a los Gobiernos comunitarios a implantar procedimientos para garantizar que las mezquitas, las escuelas y los centros de enseñanza religiosa u otro tipo de organizaciones no sólo cumplan con las leyes sino a que acrediten con transparencia sus vías de financiación.

Las cárceles, «viveros» de alto riesgo

Considera que se debe revisar y reforzar la situación de los centros educativos en los entornos más vulnerables. Así, se plantean inspecciones periódicas y sanciones por incumplimiento a los planes de estudios de las instituciones educativas de la UE que no se adecúen a las leyes en materia de respeto de los derechos humanos. Se sitúa a la educación como una herramienta eficaz y necesaria para luchar contra el radicalismo y el extremismo y que debe ser potenciada. Entre las propuestas de prevención se hace referencia a posibles proyectos como las unidades didácticas en la escuela, en la que puedan intervenir víctimas del terrorismo, ciudadanos repatriados o personas que hayan superado procesos de radicalización. Sus testimonios se estiman muy útiles para frenar la radicalización de los jóvenes.

En esta misma línea también se insta a reforzar los controles de la “alfabetización mediática” en los ámbitos educativos, en especial en lo relativo al empleo de Internet. Los expertos urgen a implantar mecanismos y soporte legales que faciliten la detección automática y su eliminación sistemática, de modo rápido y permanente, de contenidos con fines terroristas.

El informe alerta del riesgo de radicalización que suponen muchas cárceles europeas

Las cárceles es otro de los pilares sobre los que se sustenta el plan de prevención ante el terrorismo. Se señala que los centros penitenciarios de algunos Estados se han convertido en “viveros del extremismo” y una vía de acceso al terrorismo de delincuentes que antes no lo eran. Se apunta que no siempre se supervisan las actividades de quienes abandonan las prisiones y que pueden suponer un riesgo una vez que recuperan la libertad al no haberse acreditado su rehabilitación. Se pide a los Estados que traten a los reclusos más radicalizados “a fin de evitar que radicalicen a los demás».

Se recomienda una formación específica del personal de los centros carcelarios para “detectar signos de radicalización en una etapa temprana”. Se advierte del riesgo que tienen aspectos como las “condiciones inhumanas” durante una detención, el hacinamiento en prisión o los malos tratos como factores que pueden precipitar y acelerar un proceso de radicalización.

Delito de «lesa humanidad»

Entre las medidas propuestas también se cita la de facilitar la entrada en las cárceles de clérigos no extremistas para frenar el riesgo de “autorganización de las células religiosas radicales” que operan en su interior. También apela a la necesidad de realizar una consideración “cuidadosa” en las cárceles de la UE del “riesgo de reincidencia” de un condenado por un delito terrorista antes de autorizar su liberación.

El informe de la Comisión Especial sobre Terrorismo pide a la Comisión Europea que amplíe los poderes de la Fiscalía europea en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. También les reclama que promueva en los foros internacional la consideración del terrorismo como un “crimen de lesa humanidad”, de acuerdo al Estatuto de Roma y al conjunto de Estados miembros les solicita que reconozcan como “genocidio” la acción de Daesh contra determinadas minorías como el pueblo yazidi.

El informe analiza de modo detallado los problemas de intercambio de información y protocolos entre los países de la Unión. Se denuncia la escasa implicación de algunos Estados, así como la falta de formación y de recursos para un abordaje adecuado con la que muchos servicios operan. En este punto recuerda que aún hoy existen 28 regímenes jurídicos diferentes para la retención de datos, una fragmentación que “puede ser contraproducente para la cooperación y el intercambio de información”. Por ello, insta a la Comisión europea a plantear una propuesta legislativa sobre retención de información para el conjunto de la Unión.

Advierte del riesgo que supone la existencia de 28 regímenes de gestión de la información

Se pide a los Estados además que creen centros de información específicas contra el terrorismo y bases de datos coordinadas “para centralizar y facilitar la búsqueda, identificación e intercambio de información relacionada con el terrorismo”. Se considera necesario que los distintos servicios de inteligencia colaboren más y cooperen mejor en esta lucha y prevención antiterroristas. Incluso se les reclama programar encuentros multilaterales periódicos entre jueces y los servicios de inteligencia y las policías para compartir información, investigaciones y avances.

Víctimas del terrorismo

En lo relativo al acceso fronterizo de posibles sospechosos, el extenso informe también alerta del riesgo que hoy suponen las fronteras de la UE para la entrada de amenazas terroristas. Por ello valora que en los visados se incluya a partir de ahora información biométrica, que facilita vincular al portador de la documentación con lo que en ella se apunta. Se urg a los Estados europeos que no faciliten “visas de oro” a través de planes de inversión al considerar que supone un riesgo elevado para hacer un abuso de esta vía de acceso a un país y con él un riesgo de “un uso indebido del ‘espacio Schengen’ para fines delictivos”. También se recomienda que los datos sobre “sospechosos transfronterizos” que hasta ahora se mantenían En la Agencia Europea de fronteras y Costas (Frontex) en el sistema analítico sólo 90 días se retengan durante un plazo de tres años.

Uno de los apartados está dedicado exclusivamente a la protección y atención de las víctimas del terrorismo. Entre las recomendaciones se señala que los Estados deberán establecer mecanismos y procedimientos para la atención integral de las víctimas tras un atentado pero también con posterioridad. Además se les recomienda regular por ley la consideración de víctimas del terrorismo, garantizar s respaldo en la defensa judicial y dotar de sistemas y recursos suficientes a sus países para una adecuada atención.

Entre las recomendaciones se incluye la de establecer regulaciones que impidan los homenajes y reconocimientos a responsables de crímenes terroristas por considerarlos “humillantes” para las víctimas y retrasar su recuperación.