La Delegación del Gobierno en Cataluña acoge este jueves  un primer encuentro entre responsables de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra para definir el dispositivo de seguridad para el Consejo de Ministros que el próximo viernes 21 de diciembre se celebrará en Barcelona. Un dispositivo que no sólo prevé garantizar el perímetro de seguridad de la Llotja de Mar, edificio escogido por el Gobierno para reunirse en el casco antiguo de Barcelona -un enclave que ya ha sido cuestionado por responsables de la policía autonómica-. El mayor desafío para los responsables de Interior del Gobierno y la Generalitat se encuentra fuera de ese perímetro de seguridad, por la amenaza de acciones descentralizadas, pero coordinadas, de casi una decena de organizaciones para recibir a Pedro Sánchez y sus ministros con el caos en Barcelona y alrededores.

Cortes de carreteras, interrupción de la circulación del AVE, bloqueo de los accesos al Aeropuerto de El Prat y manifestaciones simultáneas por el centro de la ciudad es el menú de bienvenida con el que activistas de los grupos más radicales del independentismo intentarán dejar claro su rechazo al Gobierno. Los CDR se han apresurado a convocar esta mañana, desde su cuenta oficial, a una toma de la Llotja para impedir la reunión del Gobierno en la sede cedida por la Cámara de Barcelona.

A ellos se sumarán las protestas convocadas por la intersindical independentista CSC, que ha convocado un paro de dos horas entre la 13.30 y las 15.30, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros, con reivindicaciones teóricamente laborales. Y está por ver si los dos grandes grupos independentistas, ERC y JxCat, se suman a alguna de las movilizaciones en ciernes, mientras la CUP ya ha dejado claro su apoyo a los CDR.

Los CDR ya no están solos

La principal preocupación de las fuerzas de seguridad está, sin embargo, en los Comités de Defensa de la República (CDR) y sus acciones coordinadas con otros grupos de nueva creación que se han propuesto convertir Cataluña en territorio «ingobernable» el 21-D. Sus redes oficiales llevan días «calentando» el ambiente con mensajes del tipo «Las barricadas pueden cerrar una calle, pero abren un camino» junto al recordatorio de las intervenciones de policiales en los colegios de la Escuela Industrial de Barcelona, Santpedor o Sallent el 1-O, o el significativo «siempre hemos respondido y siempre responderemos».

Agrupan a independentistas radicales de la órbita de Arran con colectivos antisistema, pero también con activistas de corte pacifista del entorno de la ANC, lo que les ha permitido difuminar su imagen violenta ante buena parte del independentismo. Son los responsables de los cortes en carreteras y vías férreas de octubre de 2017 y de la pasada Semana Santa, coincidiendo con la detención de Carles Puigdemont en Alemania. Y han sido los instigadores también de los cortes del pasado puente de la Constitución, que han puesto en entredicho la actuación  -o inacción- de los Mossos.

De los CDR ha nacido un nuevo grupo, los GAAR (Grupos Autónomos de Acción Rápida), definidos como «comandos» cuyo objetivo es multiplicar la resonancia de las acciones independentistas con acciones espectaculares y rápidas. En otras palabras, aquí los CDR se despojan del manto de activismo transversal para limitarse a acciones violentas. Se trata de personas ligadas a los CDR convencidos de que hay que pasar del boicot al sabotaje en sus actuaciones, centradas especialmente contra infraestructuras de comunicación.

Un tercer grupo completa el organigrama de los grupos que preocupan a los dispositivos de seguridad: La Forja. Se trata de una organización juvenil próxima a Poble Lliure, una de las facciones más numerosas de la CUP -a la que pertenece, por ejemplo, Anna Gabriel-. Fueron los primeros en promover una «recepción caliente» al Consejo de Ministros en Barcelona, a la que rápidamente se sumaron los CDR. Y junto a los comités han presionado a la ANC para que se sume a las protestas.

Intento de coordinación

La Asamblea Nacional Catalana se ha sumado también a las protestas con convicción en un mensaje a sus asociados que habla del «estado opresor visitando la colonia un año después de la victoria independentista en unas elecciones impuestas» y advierte que «esta vez no será un  círculo ni un lazo de luz» en referencia a las manifestaciones de la Diada. Unas marchas que han sido defendidas durante años como ejemplo de capacidad de movilización y civismo, pero que algunos sectores del independentismo consideran ahora demasiado «blandas» tras la crisis de octubre de 2017. Pero lo cierto es que la organización que lidera Elisenda Paluzzie ha visto como los CDR han vuelto a tomar la iniciativa en este choque con el Gobierno.

Los CDR se benefician además de su carácter descentralizado y asambleario para sortear las presiones de los partidos, por lo menos de Esquerra, cuyos responsables intentan reconducir las protestas en una manifestación pacífica. «Debemos reflexionar si queremos trasladar la imagen de una gran movilización o la de contenedores ardiendo y vallas por los aires», reflexionaba estos días un dirigente republicano para argumentar la necesidad de que todas esas protestas confluyan en una única manifestación y evitar la imagen de caos anunciada de momento por CDR, GAAR y la ANC.

En esa línea se inscribe Òmnium, igualmente incómoda con las imágenes de violencia. La entidad de raíz cultural se propone organizar un «consejo de ministros popular» en respuesta al desembarco del Gobierno, que también critica. Pero se desmarca de la escalada de tensión propuesta por las organizaciones antes citadas.