El Parlamento catalán cree que el Tribunal Constitucional se «extralimitaría» si anula, como pretende el Gobierno, la moción aprobada el pasado octubre en contra de Felipe VI. Y advierte contra la sustitución de «lo representantes del pueblo por el gobierno de los jueces» tras señalar que la cámara autonómica tiene mayor legitimidad que el Alto Tribunal. Son los argumentos del letrado mayor del Parlament, Joan Ridao, contra el recurso del Gobierno, en un texto de alegaciones que el Parlament ha registrado hoy.

El letrado advierte que el Parlament «una vez más se ve en la obligación de insistir» en que el TC no puede «interferir» en las funciones de impulso político del Parlament cuando carezcan de consecuencias jurídicas.

De otro modo, advierte, «estaría admitiendo un control sobre el ejercicio mismo de la libre función parlamentaria de impulso político» que excede las competencias del Alto Tribunal. Por ello, reclama al Constitucional «el necesario self-restraint para evitar extralimitarse e invadir la esfera propia de la actuación de una cámara legislativa».

En opinión de Ridao «está en juego la relación entre justicia constitucional y representación popular, ya que a nadie escapa que la progresiva ampliación del control judicial sobre el poder político entraña el riesgo de suplantar el poder de los representantes del pueblo por el gobierno de los jueces».

Y advierte, en este sentido, que «el Parlamento goza de una legitimidad democrática que no es equiparable a la del Tribunal Constitucional».

Resolución sin consecuencias jurídicas

El argumento de Ridao se basa en que la resolución impugnada por el Gobierno carece de repercusión jurídica y por tanto no puede incurrir en invasión competencial o inconstitucionalidad. La resolución impugnada es «un acto parlamentario sin carácter normativo, cuya eficacia jurídica se reduce, por tratarse de una declaración dirigida a los ciudadanos, a un mero vehículo de expresión de una aspiración» de la institución, argumentan.

Por ello «no forma parte siquiera del derecho y no tiene potencialidad alguna de provocar una infracción constitucional» puesto que, según el letrado mayor en el caso de la resolución sobre la abolición de la monarquía «se trata de una resolución parlamentaria sin efectos jurídicos (…) meramente declarativa»

El gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional la resolucion aprobada el pasado 11 de octubre, en concreto los apartados c y d del punto 15, en los que se «Condena el posicionamiento del Rey Felipe VI en su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1-O» y «apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía».

Una resolución que incomodó especialmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque sus promotores fueron CatEC-Podem, los socios parlamentarios del PSOE en el Congreso. Los comunes impulsaron además ese texto apenas dos días después de que el Parlament hubiera rechazado una propuesta similar de la CUP debido a la imposibilidad de contabilizar los votos de los diputados suspendidos por el Constitucional.

La posterior impugnación de la resolución, pese al dictamen en contra del Consejo de Estado, indignó a Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias acusó al Gobierno de exceso de gesticulación para intentar acallar a la oposición de PP y C’s. Para el Gobierno, sin embargo, se extralimitó cuestionando la actuación del Rey, porque no forma parte de las funciones de una Cámara autonómica.