Vox plantea una serie de exigencias para “iniciar las negociaciones” encaminadas a lograr una investidura del PP en Andalucía tras 36 años de Gobiernos socialistas, y entre ellas está que el candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, haga una “declaración institucional” con su intención de devolver las competencias al Estado de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público. Es lo que figura en el documento difundido este martes por el partido de Santiago Abascal, que incluye otras propuestas para votar a favor de la investidura, como la de expulsar y eliminar las ayudas a los inmigrantes ilegales, suprimir las ayudas económicas a las las asociaciones islámicas, derogar la Ley de Memoria Histórica andaluza o crear una Consejería de Familia y Natalidad.

En un texto de seis páginas y 19 condiciones [consulte el documento de Vox], la formación comienza con su exigencia de una “declaración institucional de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público. Y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles. Propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término “realidad nacional”.

Los de Abascal también piden acabar con el “cordón sanitario” que han denunciado en las últimas semanas, y piden al candidato a la Junta de Andalucía que rechace expresamente estos “ataques”. Para ello, reclaman otra declaración institucional de “condena al discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de Vox. Con especial condena de los ataques, calumnias y amenazas que se han proferido”.

[Consulte aquí las propuestas de Vox]

En su punto número 5, Vox incluye varias medidas contra la inmigración ilegal, entre las que destaca la expulsión de inmigrantes que no estén regularizados y “colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”. En este mismo apartado acusa a la actual Junta de Andalucía de “encubrir la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”.

Además, reclama “eliminar las ayudas económicas para los inmigrantes, además de promover la “ilegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal”. También pide la “supresión de subvenciones a asociaciones islámicas”.

Cambiar el día de Andalucía y eliminar la Ley de violencia de género, otras de las exigencias

En su propuesta número 13, Vox pide cambiar el Día de Andalucía, tradicionalmente celebrado el 28 de febrero, aniversario del referéndum sobre el estatuto andaluz, y pasarlo al 2 de enero, “en conmemoración de la culminación de la Reconquista” y la toma de Granada. En este punto, establece que el 12 de Octubre, día de la Fiesta Nacional, deberá celebrarse “en las instituciones que dependan de la Junta, incluidos los centros escolares, con prioridad sobre cualquier otra fecha, poniendo especial relevancia en la contribución histórica de los andaluces a la defensa de la unidad, libertad y prosperidad de España”.

Los de Abascal reclaman la derogación de la ley andaluza de la violencia de género, la 13/2007, de 26 de noviembre, y su “sustitución por una Ley de Violencia Doméstica que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia “de género” y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista”. También incluyen en su documento la derogación de la “Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía”, al considerar que “interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las mujeres”, y que “es necesaria la supresión del bosque de organismos, comisiones, observatorios, etc., dedicados a la imposición de la “perspectiva de género”.

No son las únicas leyes que Vox piden derogar. También exige la supresión de la “Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en  Andalucía”, al considerar que “los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución” y debido a que a su juicio esta medida “atribuye privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la Administración y a recibir subvenciones”.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía” (Ley 2/2017 de 28 de marzo) tampoco resiste a las exigencias de Vox, que considera que la medida “impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982”. La formación de Abascal pide “la supresión de todos los apartados de la ley que establezcan como indubitadas cuestiones en discusión histórica, afirmaciones puramente ideológicas o que interfieran en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de educación”.

Suprimir subvenciones a los partidos políticos

La tercera y la cuarta propuestas de Vox tienen carácter económico. La más sorprendente es la reducción drástica del 75% de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronales “con el horizonte final de logar su completa eliminación”. En este sentido, pide suprimir las ayudas a las “asociaciones y ONGs ideológicas”, “independientemente de su naturaleza comunista, feminista, progresista, liberal o conservadora”.

Desgravar por número de hijos y por gastos educativos, otra de las medidas

En este sentido, exige también eliminar la “administración paralela y todo Instituto o Agencia que no acredite fuera de toda duda su utilidad pública”. En este punto, reclama hacer una auditoría externa para fiscalizar las subvenciones concedidas en los últimos años con el fin de “reclamar los fondos que no hayan tenido una evidente utilidad pública”.

En cuanto a las medidas fiscales, pone sobre la mesa la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la reducción al 0,5% del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y al 5% en las Transmisiones Patrimoniales de inmiebles, así como el 4% en otras transmisiones. En este punto, piden reducir al 0% el Impuesto del patrimonio, que “será mantenido solo como elemento de control”. Otra de las peticiones es la “simplificación de los escalones y reducción de los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF”, la “introducción de desgravaciones por número de hijos y gastos educativos”, con un tipo máximo que “no deberá superar el 45%”.