PolíticaLas cloacas del Estado

Pujol Jr. pide cárcel para el ex DAO Eugenio Pino por la investigación ilegal del ‘pendrive’

El primogénito de los Pujol solicita dos años y medio de prisión para el que fuera número dos de la Policía por un delito de revelación de secretos.

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Pujol Jr. pide cárcel para el ex DAO Eugenio Pino por la investigación ilegal del ‘pendrive’
Eugenio Pino ha comparecido este miércoles ante la comisión de investigación del Congreso

El ex DAO Eugenio Pino, durante su comparecencia este miércoles ante la comisión de investigación del Congreso. EFE

Resumen:

El primogénito de la familia Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión para el ex Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y el inspector jefe de Policía, Bonifacio Díez Sevillano, como autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos en la causa donde se investiga el origen del ‘pendrive’ que fue aportado a la Audiencia Nacional en el caso Pujol y que puso en riesgo toda la investigación contra el clan del ex presidente catalán.

El pasado 2 de noviembre, el titular del Juzgado de Instrucción Número 11 de Madrid procesó a ambos mandos policiales en un auto donde sostuvo que Pino y Díez “pudieron concertarse” para hacer llegar el citado pendrive a la Audiencia “ocultando su ilícita procedencia”.

Las “trampas” en el caso Pujol pueden costarle muy caras al que fuera número dos de la Policía cuando Jorge Fernández Díaz dirigía el Ministerio de Interior. El primogénito de la familia Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión para el ex Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y el inspector jefe de Policía, Bonifacio Díez Sevillano, como autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos en la causa donde se investiga el origen del ‘pendrive’ que fue aportado a la Audiencia Nacional en el caso Pujol y que puso en riesgo toda la investigación contra el clan del ex presidente catalán.

El pasado 2 de noviembre, el titular del Juzgado de Instrucción Número 11 de Madrid procesó a ambos mandos policiales en un auto donde sostuvo que Pino y Díez “pudieron concertarse” para hacer llegar el citado pendrive a la Audiencia “ocultando su ilícita procedencia”.

Los datos del pendrive fueron ‘colados’ en un informe que se envió al juez del caso Pujol, pudiendo contaminar así toda la investigación

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Independiente, la defensa del hijo mayor del ex Jordi Pujol i Soley denuncia que “a los fines de descubrir secretos personales, familiares, económicos, empresariales y patrimoniales de Jordi Pujol Ferrusola y de las sociedades mercantiles de las que este es socio y administrador, en fecha desconocida y por autores también desconocidos, se produjo el apoderamiento de la totalidad de su vida informática respecto del período 1996 a 2002”.

En concreto, en aquel pendrive -de 16 GB de capacidad- se almacenaron cientos de correos electrónicos personales y empresariales de los dispositivos informáticos de Pujol Júnior que fueron puestos a disposición del comisario principal de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) en marzo de 2015. La UDEF figura adscrita como policía judicial al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia donde se investiga a toda la familia Pujol a raíz de las diligencias previas abiertas en el año 2012.

Multa e inhabilitación para el ex DAO

Lo cierto es que esa información –que contenía “secretos empresariales, datos de intimidad y datos reservados de carácter personal y familiar”- le fue sustraída a los Pujol sin que se tenga certeza todavía sobre quien se aprehendió de la misma.

Con esa documentación se redactó un informe policial que fue entregado al juez José de la Mata sin que nadie en la Policia advirtiera al togado y a los fiscales Anticorrupción del origen dudoso de la información guardada en el polémico dispositivo de memoria USB. En el citado informe remitido al Juzgado Central de Instrucción 5, el Grupo 24 de la UDEF señaló que el objetivo del mismo era “participar al instructor del contenido de archivos informáticos, que han sido facilitados a esta instrucción policial, mediante mecanismos de cooperación judicial fruto del conocimiento nacido a merced de la conexión de datos en bases de inteligencia policial”.

La versión dada por los agentes investigados Bonifacio Díez y Eugenio Pino era que el material procedía de la agencia de detectives Método 3 de Barcelona; “sabedores ambos de la mendacidad de esa afirmación”, recalca Jordi Pujol Ferrusola en su escrito de acusación donde pide penas de 2 años y seis meses de prisión, 12.000 euros de multa e inhabilitación absoluta de nueve años para los policías.

Villarejo como testigo

El primogénito de la familia Pujol solicita además que en el juicio oral por el origen del pendrive declaren como testigos el ex detective de Método 3 Julián Peribáñez y su ex jefe Antonio Tamarit así como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por su implicación en la operación Tándem.

Pujol Júnior ha pedido que declaren como testigos en el juicio los agentes de la agencia de detectives Método 3

La testifical del agente vinculado a las cloacas del Estado se solicita ya que tanto Pino como el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas sostuvieron en sede judicial que Villarejo les ofreció ese pendrive a cambio de una importante suma de dinero (200.000 euros pidió presuntamente al ex DAO y medio millón de euros a Martín Blas). De hecho, Pujol Ferrusola también ha pedido como prueba que este último agente declare en la vista oral de la Audiencia Provincial de Madrid. Además, según la versión del imputado Eugenio Pino la persona que el entrega la memoria USB es Marcelino Martín Blas.

El ex DAO y Bonifacio Díez han sido procesados por delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio. Cuando en marzo de 2017 De la Mata instó a deducir testimonio contra ellos en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) subrayó que “singularmente a los poderes públicos y a los agentes de la autoridad” les está prohibido “hacer trampas”.