El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, tendrá que decidir si, como le ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, cita a declarar como investigados al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y a la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal en la pieza Kitchen del caso Villarejo.

En este procedimiento, el instructor y los fiscales investigan si un grupo de policías llevó a cabo seguimientos y labores de espionaje contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas por orden del Ministerio de Interior y con cargo a los fondos reservados para recuperar información comprometedora para altos cargos del partido en el Gobierno en aquél momento. Esta operación, de la que no queda registro documental, se habría realizado cuando ya se había abierto una investigación judicial sobre la financiación irregular o ‘caja B’ del PP.

Las pesquisas han puesto de manifiesto que en el operativo se captó como confidente al antiguo chófer de Bárcenas, que fue recompensado con 2.000 euros al mes durante dos años de fondos reservados. Éstos son los nombres clave y el motivo por el que están siendo investigados por el magistrado García-Castellón:

José Manuel Villarejo. En su última etapa como funcionario en activo, concretamente como agente encubierto adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el comisario Villarejo participó en el dispositivo policial bajo investigación que tuvo como objetivo a Luis Bárcenas. Entre la documentación remitida por el Ministerio del Interior al juzgado que instruye el caso se incluyen los recibís que le firmaba el chófer, también imputado en esta pieza separada del caso Tándem.

Sergio Ríos Esgueva. Antiguo militar, el ex conductor de la familia Bárcenas-Iglesias accedió a colaborar con la Policía tras ser contactado por Villarejo. Sergio Ríos aportó datos a los investigadores mientras Bárcenas se encontraba en prisión preventiva (desde finales de junio de 2013 a principios de 2015) y les facilitó papeles presuntamente comprometedores para la antigua cúpula del PP que habría fotocopiado aprovechando un traslado de documentos. Las fuentes consultadas por este diario dicen que el chófer se dirigía a Villarejo como «mi coronel».

Eugenio Pino. Era el Director Adjunto Operativo (DAO), número dos en la estructura organizativa del Cuerpo, por detrás del director general de la Policía Nacional. Cuando declaró como investigado ante el juez, defendió que «la operación Kitchen no existe«. Pino sotuvo que fue un operativo oficial para dar con cuentas en el extranjero de Bárcenas.

Enrique García Castaño. Antiguo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el ex DAO requirió los servicios de este comisario principal ya jubilado para participar en dicho dispositivo. Él también sostiene que la operación policial tuvo el objetivo del que habló Pino y reconoció que él mismo entró en un estudio de restauración utilizado por la esposa de Bárcenas en el centro de Madrid haciéndose pasar por un marchante de arte para recuperar información. García Castaño, conocido en los círculos policiales como El Gordo, aseguró en sede judicial que entregó a Francisco Martínez cuando éste era secretario de Estado de Seguridad el volcado de dos dispositivos de Bárcenas que le había entregado el chófer.

Andrés Gómez Gordo. Antiguo policía de confianza de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha, el comisario Andrés Gómez Gordo -entonces inspector- también habría participado en las pesquisas que Villarejo bautizó con el nombre de Kitchen. El policía había coincidido con Sergio Ríos durante la etapa de éste como conductor de Francisco Granados cuando estaba al frente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

Francisco Martínez. Hasta el momento, es el único político investigado en esta pieza del caso Villarejo. Como titular de la Secretaría de Estado de Seguridad en aquellas fechas, él era el responsable del reparto de los fondos reservados de Interior con los que presuntamente se pagaron los trabajos del equipo «parapolicial», según lo define la Fiscalía. En dos ocasiones se ha acogido a su derecho a no declarar para no revelar secretos oficiales. Previsiblemente una vez que se levante el secreto de la causa el próximo lunes pedirá declarar ante el instructor.

Jorge Fernández Díaz. Estaba al frente del Ministerio del Interior cuando se puso en marcha el operativo que Villarejo bautizó como ‘Kitchen’ o ‘cocinero’. La instrucción ha reunido los SMS que Fernández Díaz envió a su número dos con órdenes concretas sobre este dispositivo, lo que lleva al juez que instruye el caso a pensar que tuvo una «participación directa» en los hechos que se investigan. El ex ministro está citado a declarar el 30 de octubre en calidad de imputado por la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación y descubrimiento y revelación de secretos. Su testimonio en sede judicial puede ser clave para el futuro judicial de Rajoy. El tiempo dirá.