El Gobierno vasco ha aprobado hoy un proyecto de ley para sortear el impacto de la prorroga presupuestaria a la que se vio abocado y poder subir el sueldo a los funcionarios públicos, elevar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y mejorar las nóminas de los alrededor de 9.000 profesores de la educación concertada. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy un proyecto de ‘Ley de Medidas Presupuestarias Urgentes’ para este año por un importe de 250 millones de euros y que se financiarían con el remanente de tesorería disponible y con el incremento de aportaciones acordado a finales de 2017 al fondo institucional por parte de las diputaciones, ayuntamientos y el propio Gobierno.

Para que la medida pueda salir adelante será necesario que algún partido de la oposición secunde la decisión de PNV y PSE de compensar el impacto de la prórroga de las cuentas de 2018, bien con un respaldo expreso o mediante una abstención. Para que la ley pueda aprobarse bastará con una sola abstención. La inclusión de las tres mejoras; la relativa al incremento del 2,25% de la nómina de los funcionarios -80.000 dependientes del Gobierno vasco-, la mejora del 2,25% para los docentes de la concertada -que acumulan semanas de movilización en demanda de mejoras- y de la renta de ingresos para personas en riesgo de exclusión, un 3,5%, no ha gustado a la oposición.

Vincular las tres medidas en una misma ley y tramitarla además por la vía de lectura única, que impide la presentación de enmiendas, ha llevado a EH Bildu a solicitar un informe a la Mesa del Parlamento Vasco para estudiar si es posible la votación por puntos de la misma. El Gobierno vasco ha asegurado que no contempla «un plan b» si finalmente el proyecto presentado hoy no sale adelante por falta de apoyos. De este modo intenta forzar el respaldo al plan de medidas y evitar frustrar la mejora salarial para los trabajadores públicos, el profesorado de la red concertada y la mejora de las ayudas sociales que en él se contemplan.

Subidas salariales del 2,25%

La ley hoy presentada contempla trasladar parte de las mejoras que el proyecto presupuestario fallido de Urkullu incluía. El punto de mejora salarial para los funcionarios alcanza una mejora del 2,25%. El mismo importe que se prevé para el conjunto del colectivo de docentes de la red concertada vasca que suma semanas de movilizaciones y negociaciones en demanda de una mejora de sus condiciones laborales. La equiparación de la mejora salarial a la que se prevé para los docentes de la red pública se ha considerado insuficiente por parte de la red de centros concertados en Euskadi, que representan la mitad del sistema educativo vasco. Recuerdan que acumulan más de una década sin convenio y que sus condiciones de trabajo distan muchos de las que se financian en la red pública.

En la ley también se ha incorporado recursos para mejorarlas ayudas a las personas que no perciben ningún tipo de ingresos o de muy bajo importe. La llamada Renta de Garantía de Ingresos podría mejorar un 3,5% de media y hasta un 4,5% en el caso de los pensionistas que perciben esta renta.  Entre las mejoras que suman los 250 millones de euros se incorpora una mejora de la financiación de la Universidad Pública Vasca (UPV) de otros 10 millones a los ya presupuestados en 2018 y ahora prorrogados.