Es una de las regiones más industrializadas del país y con mayor dependencia de los combustibles fósiles. Cerca del 80% del consumo energético en Euskadi tiene ese origen. Pero el País Vasco se ha propuesto dar un salto energético y acelerar su transformación hacia un consumo más reducido, más eficiente y sobre todo, más limpio. El Parlamento Vasco ha aprobado hoy la Ley vasca de Sostenibilidad Energética con la que se ha propuesto reducir en más de un tercio esa dependencia de energías más contaminantes y hacer en poco más de una década. El objetivo pasa por situar a la administración pública como principal motor del cambio y lograr que para el año 2030 el consumo de energía de todo el sector público se reduzca un 35%. A más largo plazo, de cara a 2050, el reto fijado es de una reducción de consumo energético del 60%.

La ley contempla una batería de medidas que afectan no sólo a ayuntamientos, diputaciones y Gobierno –sus correspondientes sociedades públicas- sino incluso al sector económico privado y al residencial. Una de las más innovadoras es que obligará a los ayuntamientos a instalar un punto de recarga eléctrica para vehículos por cada 2.000 habitantes, una medida que deberá cumplirse en el plazo de seos años, para antes de 225.

A partir de la aprobación de la ley se establece que toda la energía que se compre en Euskadi deberá ser de origen renovable. Además, se exige que todos los inmuebles públicos tendrán que acreditar su eficiencia energética y contar con el correspondiente certificado. Además, se deberá formar al personal público sobre técnicas para aumentar el ahorro energético y promover la eficiencia en su consumo.

Para 2025 los ayuntamientos vascos tendrán que haber instalado un punto de recarga eléctrica para vehículos por cada 2.000 habitantes

El Gobierno vasco ha previsto crear una herramienta financiera dirigida a apoyar a los ayuntamientos para la implantación de las medidas a las que les obliga la ley. El plan de ayudas comienza con una dotación de 100 millones de euros.

Transporte público

Junto a ello, la norma pone el foco en el transporte. Así, a partir del próximo año el 100% de los vehículos que una administración pública adquiera tendrá que ser de consumo alternativo. La apuesta por energías limpias como la eléctrica, el hidrógeno o el GTL, así como por implementar acciones que permitan ahorrar consumos y ser más eficiente contempla que a partir del próximo año todos los pliegos para la adjudicación de servicios de transportes públicos por carretera establecerán que se tendrán que prestar al 100% con vehículos que empleen combustibles alternativos.

La ley aprobada por la Cámara vasca también contempla objetivos para el sector privado en los ámbitos industriales, de servicios y comercio. Establece que las compañías deberán realizar auditorías energéticas en sus equipos y edificios a fin de adoptar mecanismos de ahorro y eficiencia energética en sus instalaciones de calefacción, refrigeración, parque móvil y alumbrado.

El transporte público de nueva adquisición tendrá que ser 100% movido por energías alternativas a partir del próximo año

A las empresas con plantillas superiores a los 100 empleados se les solicitará que cuenten con planes de transporte al centro de trabajo, bien recurriendo al transporte público, bien a vehículos alternativos de titularidad privada.

En el caso de las industrias se propone una reducción paulatina en el consumo de hidrocarburos líquidos en la próxima década para que a finales de 2030 se pueda alcanzar una completa sustitución por fuentes energéticas menos contaminantes.

‘Garajes eléctricos’

En el caso de las medidas orientadas a los edificios residenciales, la ley establece que los bloques de viviendas que funcionen con instalaciones centralizadas de calefacción y/o agua caliente deberán instalar sistemas de contabilización individualizados de consumo. Además, se obligará a que en los casos en los que una comunidad de vecinos tenga previsto poner en marcha una reforma importante en el inmueble realice previamente una auditoria energética para determinar la posibilidad de implantar medidas de eficiencia energética y de instalación de sistemas energéticos renovables.

Todos los edificios residenciales del País Vasco deberán tener para el 31 de diciembre de 2022 un certificado de eficiencia energética.

La Ley también aboga por la implantación de instalaciones de recarga de vehículos eléctricos. En el caso de las edificaciones nuevas se obligará a que se instalen presistemas de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos comunitarios, así como espacios para el aparcamiento de bicicletas.

Finalmente, a las empresas distribuidoras de energía se les obligará a facilitar a las administraciones públicas información de los consumos de productos energéticos.