La Guardia Civil ha cifrado en 17 millones de euros la cantidad de dinero destinada por la Generalitat, entonces presidida por Carles Puigdemont, para poner en marcha toda la infraestructura de la Agencia Tributaria Catalana.
Según explica El Mundo, los agentes de la Policía Judicial han elaborado un informe que llega a dicha conclusión, gracias al análisis de la documentación que se encontraba en el interior de un pendrive intervenido al ex secretaria de Hacienda, Josep Llúis Salvadó.
En dichos documentos se encontraba información sobre "la coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades y medidas dirigidas a la creación del Estado catalán y que afecta, básicamente, al ámbito tributario", según recoge dicho medio. Ahí quedan reflejados los fondos que "de manera efectiva" se utilizaron para arrancar la "plena soberanía fiscal" con los pasos a seguir para crear organismos como un Consejo Fiscal o una Junta de Tributos.
Los informes con los que se hizo la Guardia Civil detallan medidas que suponían "un paso intermedio para ir implementando muchas otras con el objetivo último de crear el Estado catalán y garantizar su viabilidad económica".
En los planes de la Generalitat también estaban la contratación de "alrededor de 7.000 personas", y una partida de 499.869.737 euros para "el despliegue de la Administración Tributaria", según informa El Mundo.
"Trabajando en la desconexión"
Los documentos que tiene en su poder la Policía Judicial apuntan a que el Govern de Carles Puigdemont tenía como gran objetivo "preparar un convenio internacional" con lo que se pudiera "evitar la doble imposición con España utilizando el modelo OCDE y partiendo de la hipótesis de garantizar las ventajas de aplicar las directivas comunitarias".
Así, y siempre según las conclusiones de los agentes, "se puede afirmar que el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda trabajaba en la desconexión". "En concreto e inicialmente lo vienen haciendo hasta agotar lo que denominan vía autonómica para lo que han valorado activos en Cataluña con la finalidad de incorporarlos al patrimonio de la Generalitat", dicta el escrito.
La memoria que se le incautó a Salvadó ha permitido concluir que "se puede afirmar que parte de los recursos que tenían previsto gastar, se han dispuesto efectivamente". "La activación de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal ha supuesto incrementar la plantilla en hasta 700 personas", recogen dichos documentos.
En total, esos tres órganos tuvieron un coste conjunto de 7,8 millones de euros, mientras que el despliegue territorial de la Administración Tributaria estaba presupuestado en 4,5 millones de euros. Por su parte, la creación del sistema e-SPRIU estaba estimado en 4,92 millones de euros. "En resumen, se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la Administración Tributaria como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro Estado catalán".
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