Política

Montoro avala ahora la tesis de la malversación

El ex ministro de Hacienda matiza sus declaraciones periodísticas de 2018 y precisa que sólo las urnas y la manutención de Puigdemont no se sufragaron con dinero público / Ve delito en la mera "intención" de pagar, aunque no se abonaran las facturas

Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, durante su declaración en el juicio del 'procés'.

Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, durante su declaración en el juicio del 'procés'.

Cristóbal Montoro ha defendido este miércoles ante el tribunal que juzga el procés que dirigentes independentistas incurrieron en malversación al destinar fondos del erario de la Generalitat a gastos relacionados con la organización del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional. Se trata del delito que la Fiscalía que imputa a nueve de los 12 encausados (a todos excepto a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell).

El ex ministro de Hacienda ha considerado "perfectamente compatible" la conclusión que la Guardia Civil expuso en un informe fechado el 27 de abril de 2018 acerca de que la Generalitat de Cataluña pagó 1.605.039 euros a la organización, promoción y celebración del referéndum, después de precisar que los investigadores de dicho Cuerpo policial contaron con el asesoramiento de personal "muy cualificado" del departamento que él dirigía.

Montoro ha precisado que el exhaustivo control al que el Estado sometía las finanzas de Cataluña no excluye la posibilidad de que pudieran ser engañados, al tiempo que ha recordado que se interpusieron cuatro denuncias ante la Fiscalía General del Estado y tres ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas al apreciar indicios de irregularidades.

En la declaración también han salido a relucir las manifestaciones que el entonces ministro de Hacienda realizó al diario El Mundo en abril de 2018. En este sentido, el testigo ha precisado que lo que quiso realmente trasladar a la opinión pública era la imposibilidad material de que la Generalitat pudiera llevar a cabo la organización del referéndum al tener el presupuesto 'monitorizado' por el Estado. "¿Qué clase de convocatoria es la que se hace sin un presupuesto público? Es una situación muy difícil de definir", ha mantenido.

Observadores, publicidad institucional...

A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, Cristóbal Montoro se ha reiterado en que "las urnas de los chinos" que se utilizaron el 1-O y la manutención de Carles Puigdemont no se sufragaron con dinero público al estar intervenido el presupuesto de la Administración autonómica, pero no que se hubieran podido abonar otros conceptos. Entre otros, ha citado el gasto generado por los observadores internacionales que se desplazaron a Cataluña la jornada de la consulta ilegal, la publicidad institucional u otro material electoral.

El ex titular de Hacienda también aprecia posible malversación en la decisión de altos cargos de la Generalitat de facilitar la apertura de dependencias para llevar a cabo la votación el 1-O, lo que ha calificado como un "acto ilícito". "Cómo no va a haber malversación si autoridades públicas abrieron lugares públicos", ha exclamado.

El ex ministro de Hacienda ve delito en la mera "intención" de pagar, aunque no se terminaran abonando las facturas

El abogado de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez ha preguntado a Montoro si conocía que la administradora concursal de Unipost -registrada por la Guardia Civil en los días previos al día del referéndum- había certificado que la Generalitat no había le pagado a esta empresa un solo euro por envíos postales, a lo que el ex ministro ha dicho que el acto de ilegalidad "no nace en el cobro" y que los documentos contables denotan que el Ejecutivo de Puigdemont tenía "una intención". "No tenía los medios de pagos pero sí la intención", ha remarcado el ministro de Hacienda del PP.

Cristóbal Montoro ha defendido la actuación del Ejecutivo en el control presupuestario de la Generalitat después de que el Ejecutivo de Puigdemont anunciara su disposición a convocar el referéndum de autodeterminación, como prueba el hecho de que se le obligó a rendir cuentas con periodicidad semanal y no mensual como en un primer momento.

Asimismo, el máximo responsable de Hacienda en el Gobierno de Rajoy ha declarado que el control contable y presupuestario de Cataluña ha sentado un "precedente" a próximos gobiernos de España, por cuanto la Comisión Delegada para Asuntos Económicos "puede intervenir cualquier administración ante la duda de que con el presupuesto público se esté materializando una acción ilegal".

 

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