Política

1-O: la reunión que Rajoy no quiso recordar en su comparecencia ante el Supremo

Un minigabinete, con el ex presidente al frente y en el que estaba Sáenz de Santamaría, estuvo reunido aquel día en Moncloa

Mariano Rajoy, durante su declaración en el Supremo.

Mariano Rajoy, durante su declaración en el Supremo. EFE

Mariano Rajoy llevaba casi hora y media declarando ante el Tribunal Supremo cuando Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, le preguntó: «Como presidente ¿cuál es la razón de que las fuerzas de seguridad del estado dejaran de actuar en los colegios electorales?» El ex presidente del gobierno, algo incómodo, respondió: «Son decisiones operativas que desconozco. No sé quien tomó esa decisión».

Durante toda esta semana, en la que han comparecido distintos miembros del anterior gobierno, desde el presidente al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la estrategia de las defensas en el juicio del procés ha consistido en hacerle responsable de la «la violencia» que las fuerzas de seguridad del estado emplearon para llevar a cabo la orden judicial que las instaba a retirar las urnas y evitar así el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Tanto la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como Rajoy y Zoido han descargado las responsabilidades de lo ocurrido aquel día en «los operativos». La máxima responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad (incluidos los Mossos) la ejercía en aquel entonces el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. El mando policial que estuvo sobre el terreno era el número dos de la Policía Nacional, el Director Adjunto Operativo (DAO) Florentino Villabona (posteriormente condecorado). Ambos estaban a las órdenes del secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, que también el 1-O se encontraba en Barcelona. Y, naturalmente, por encima de todos, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

Un minigabinete estuvo reunido el 1-O en Moncloa y en contacto con el delegado del gobierno en Cataluña Enric Millo

El 1 de octubre en Moncloa se reunió un minigabinete que había mantenido previamente algunas reuniones específicas sobre la situación en Cataluña. Normalmente, dicho minigabinete estaba formado, además de por Rajoy y la vicepresidenta del gobierno, encargada por el presidente de pilotar la gestión de la crisis generada por el independentismo, dos secretarios de Estado dependientes de Presidencia: José Luis Ayllón y Roberto Bermúdez de Castro. Pero, a la reunión del 1 de octubre de 2017, se incorporaron dos personas más: el director del Gabinete de la presidencia, Jorge Moragas, y la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro. Zoido, sin embargo, permaneció todo el día en el Ministerio del Interior.

Los congregados siguieron desde primera hora de la mañana los acontecimientos. Se supo que los Mossos no estaban cumpliendo con su misión de impedir las votaciones y que los mandos operativos habían dado instrucciones para que la Policía y la Guardia Civil hicieran todo lo posible para que se cumpliera la orden judicial. Desde las 9 de la mañana se comprobó que se trataba de una tarea imposible. Había más de 2.200 colegios abiertos y sólo 6.000 policías y guardias civiles empeñados en que no se llevara a cabo la votación.

La batalla de la imagen, perdida

Poco antes de las 12 de la mañana el minigabinete era consciente de que la batalla de la imagen estaba ya claramente perdida. Aún así, el delegado del gobierno en Cataluña apareció ante los medios de comunicación en Barcelona para denunciar la «inacción de los Mossos». «Lamentablemente -dijo- se ha impuesto la línea política por encima del criterio profesional».

Casi a la misma hora (11,49 de la mañana) Zoido entraba en directo a una entrevista con Antonio García Ferreras en La Sexta: «Esto no es un referéndum. Es un paripé». E informó de que, a esas horas, la Policía y la Guardia Civil había cerrado unos 74 colegios electorales.

Soraya Sáenz de Santamaría tomó, junto a Millo, la decisión de retirar a las fuerzas de seguridad tras la llamada que le hizo el líder del PSC Miquel Iceta

Las imágenes de las cargas policiales ya estaban en los informativos de todo el mundo. Con personajes tan poco recomendables como Julian Assange difundiendo vídeos falsos masivamente en las redes sociales sobre la masacre de la policía española. Hasta horas después no se pudieron ver los vídeos en los que se ve a grupos de manifestantes agrediendo a los agentes.

Sí, la batalla del relato estaba perdida para el gobierno y tanto Rajoy como la vicepresidenta eran conscientes de ello. Sobre las 12 del mediodía Sáenz de Santamaría recibió una llamada en su móvil de Miquel Iceta. El líder del PSC le pidió que se pusiera fin a las cargas policiales y le informó de que poco después haría un comunicado en el que manifestaría su desacuerdo con lo que estaba ocurriendo, aunque sin dar la razón a los independentistas. «Llamamos a la calma y la serenidad. El problema que tenemos entre manos y las tensiones desatadas hoy tienen solución a través del diálogo sincero al que nos comprometemos y al que emplazamos a todas las instituciones y todas las fuerzas políticas». Concluía así la nota de Iceta. Lo peor que podía suceder ya ese día es que se rompiera la unidad de los partidos constitucionalistas. Fue una de las razones para poner fin a la actuación de Policía y Guardia Civil.

Millo, por su parte, transmitió a la vicepresidenta del gobierno que los responsables operativos eran partidarios de retirarse ya que las fuerzas de seguridad llevaban más de siete horas cumpliendo una misión muy complicada en cumplimiento de la orden de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas y la situación podía degenerar en un mayor grado de violencia.

Fue la vicepresidenta del gobierno la que, al habla con Millo, dio luz verde a la retirada del despliegue destinado a impedir el 1-O.

Poco después, sobre las 14 horas, Soraya Sáenz de Santamaría, convocó una rueda de prensa en Moncloa en la que definió la actuación de la Policía y la Guardia Civil como «proporcionada» y culpó a la Generalitat de lo sucedido: «Aquí hay un responsable clarísimo, que es el gobierno de Puigdemont, Junqueras y Forcadell«.

Fue, sin duda, el peor de los días para el gobierno de Mariano Rajoy. El 1-O se le brindó un éxito inesperado al independentismo, se perdió la batalla del relato y se cavó la tumba para el PP, cuyos resultados en las elecciones que se convocaron en diciembre de ese mismo año fueron desastrosos (ni siquiera consiguió formar grupo parlamentario).

A Rajoy tal vez se le nubló la memoria en su comparecencia ante el Supremo, pero la persona que decidió, junto al delegado del gobierno en Cataluña, poner fin a una operación policial que no tenía mucho sentido ese día estaba junto a él y era su número dos: Soraya Sáenz de Santamaría.

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