Política MALESTAR DE POLICÍAS NACIONALES Y GUARDIAS CIVILES

Interior oculta el informe que aclara si ha de poner más dinero para equiparación salarial

El ministerio rehúsa dar detalles a policías y guardias civiles de la auditoría encargada a Ernst&Young tras expirar el plazo / Ese trabajo determinará si los 807 millones pactados son suficientes para recortar totalmente la brecha en los sueldos con los Mossos

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Interior oculta el informe que aclara si ha de poner más dinero para equiparación salarial
Asociaciones profesionales de la Guardia Civil, secundando este miércoles una protesta ante la dirección general por el reparto de la equiparación salarial.

Asociaciones de la Guardia Civil, secundando este miércoles una protesta ante la dirección general por el reparto de la equiparación salarial. EP

Resumen:

El Ministerio del Interior oculta a los sindicatos de la Policía Nacional y a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil el informe encargado a una consultora externa sobre las retribuciones en ambos cuerpos en relación con los Mossos y la Ertzaintza a fin de garantizar que la equiparación salarial pactada hace un año sea «total». El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dispone del documento desde hace diez días.

Este trabajo es clave para determinar si los 807 millones de euros en que se cerró el acuerdo el 12 de marzo de 2018 -a desembolsar entre 2018 y 2020- es suficiente para recortar la brecha con las policías autonómicas o si, por el contrario, es necesario habilitar una partida adicional para corregir al alza el cálculo inicial. La relevancia de las conclusiones explica el interés de los representantes de los policías y los guardias civiles por conocer su contenido, sin que sus demandas hayan sido atendidas hasta el momento.

Fuentes consultadas por El Independiente aseguran que Ernst&Young Abogados SLP -la compañía a la que se adjudicó el encargo el 12 de julio de 2018- envió a Interior por correo electrónico el informe final el pasado 25 de febrero, siendo los destinatarios los directores de gabinete y de Coordinación de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad: Pau López Ramos y José Antonio Rodríguez González, respectivamente. Fue la víspera de que la número dos de Interior, Ana Botella, presidiera la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial, a la que asistieron -entre otros- los representantes de los policías nacionales y guardias civiles y los directores generales de ambos Cuerpos.

En dicho encuentro, los responsables ministeriales aseguraron a sus interlocutores que la consultora no había terminado todavía el trabajo y que la Secretaría de Estado de Seguridad estudiaba conceder una ampliación del plazo -éste terminaba este 4 de marzo- debido a la complejidad que entrañaba el estudio puesto por puesto y las retribuciones que le corresponden a los mismos.

El departamento de Marlaska rehúsa dar detalles de la auditoría encargada a Ernst&Young pese a haber expirado el plazo

Las fuentes aseguran que Ernst&Young Abogados volvió a presentarlo a los responsables de Interior dos días después (el 27 de febrero), esta vez mediante su presentación en el registro del Ministerio. Pese a los reiterados intentos de este diario, el departamento de Grande-Marlaska ha eludido confirmar si ha recibido ya el citado informe y cuándo tiene previsto informar de su contenido a los representantes de ambos Cuerpos policiales.

El acuerdo que Juan Ignacio Zoido firmó el 12 de marzo de 2018 con los responsables de cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y de siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) incluía una cláusula por la que la Secretaría de Estado de Seguridad se comprometía a contratar los servicios de una consultora externa que fijara criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones pactados suponen «la equiparación salarial total y absoluta». Fue la forma de desbloquear la negociación y acercar posturas, después de que los representantes de los agentes se hubieran levantado de la mesa tras cifrar en 1.500 millones de euros la cantidad necesaria para recortar la brecha salarial con los Mossos d’Esquadra.

El pasado 12 de julio, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior adjudicó a Ernest&Young Abogados los «servicios de consultoría para el análisis de retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» por 120.516 euros, la oferta económica «más ventajosa» de las siete que concurrieron a la licitación.

Seis meses de plazo

El pliego de prescripciones técnicas que reguló esta contratación fijó en seis meses el plazo que tenía la citada firma profesional de servicios para entregar el informe a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, lo que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2018. Ese margen, por tanto, expiraba el pasado 4 de marzo.

Según se detalla en el pliego, la empresa adjudicataria tenía que entregar a Interior un informe sobre las retribuciones y el diagnóstico de la situación tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil «dentro de la seis primeras semanas de vigencia del contrato» y, dentro de las 12 primeras semanas, un análisis sobre los puestos de trabajo y funciones generales en ambos Cuerpos y en la Policía de la Generalitat de Cataluña. Ernst&Young quedaba también obligada a aportar un documento con propuestas para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones en dos meses.

Guardias civiles piden la dimisión de Félix Azón

Representantes de seis asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, ASES-GC, UO, UniónGC y la Asociación Profesional de Cabos) se concentraron este miércoles ante la sede de la Dirección General para pedir la dimisión de Félix Azón y denunciar la «mala gestión» que está llevándose a cabo en el proceso de equiparación salarial en el Cuerpo y cuyo detonante ha sido la «detracción» de forma unilateral de un porcentaje de la cantidad pactada para 2019.

La semana pasada, Azón comunicó a los representantes de los agentes el porcentaje de distribución de los 250 millones consignados para este ejercicio en concepto de equiparación salarial: el 57,28 % para la Guardia Civil y el 42,72 % para la Policía Nacional. Ello supone una ligera modificación respecto al criterio aplicado en 2018, cuando el reparto fue del 59-41 %. En cifras absolutas, los agentes del Instituto Armado recibirán este año unos 2,5 millones de euros menos, lo que ha desatado las protestas.

La incógnita que se ha despejado es que policías y guardias civiles percibirán en la nómina de abril la cantidad correspodiente a 2019, pese a que el Gobierno no ha podido sacar adelante su proyecto de Presupuestos en el Congreso.

 

Las condiciones de licitación no contemplan una prórroga de la duración del contrato y sí penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso o por demora en la ejecución de los trabajos. En caso de que se produjera tal eventualidad, el órgano de contratación se reservaba la posibilidad de resolverlo o de imponer un descuento diario en una proporción de 0,60 % por cada 1.000 euros (IVA excluido), lo que equivale a unos 500 euros al día.

El trabajo determinará si los 807 millones comprometidos son suficientes para recortar totalmente la brecha salarial con los Mossos

«No creemos que una consultora con el prestigio de Ernst&Young Abogados no haya cumplido con la responsabilidad de aportar la documentación recogida en las prescripciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones. Sinceramente nos extraña y nos sorprende», sostiene la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC). Ésta tampoco se cree que el director general del Cuerpo, Félix Azón, no se haya reunido en ningún momento con la consultora ni que la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, no haya tenido acceso al informe como mantuvo en la reunión del pasado 26 de febrero.

De momento, la citada asociación -una de las firmantes del acuerdo de equiparación- ha pedido al Ministerio del Interior a través del Portal de la Transparencia una copia de todos los documentos que la citada firma haya podido entregar con motivo del encargo que le hizo para que estudiara las retribuciones en la Policía Nacional y la Guardia Civil y el reporte mensual de la evolución de los trabajos. La solicitud está fechada este martes y con seguridad tardará semanas en contestarse.

Fuentes policiales conocedoras de la negociación han asegurado que desde finales de enero intentan mantener una reunión con responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad y de Ernst&Young Abogados para conocer el avance del análisis que ha venido realizando desde el pasado mes de septiembre, retrasándose en varias ocasiones la cita. El acuerdo firmado hace un año incluye una cláusula -concretamente la primera- en la que se detalla que los sindicatos y las asociaciones profesionales participarán en dicho estudio, sin que en la práctica se haya contado con su opinión.

Análisis cualitativo, no cuantitativo

En las vísperas de la reunión de la comisión de seguimiento de la equiparación salarial celebrada la pasada semana ya se les comunicó a los representantes de los funcionarios policiales que no estaría presente ningún representante de la consultora, pese a que el plazo de que disponían para realizar el informe estaba próximo a expirar y teóricamente estaba en la recta final. A estas alturas, desconocen cuáles son las conclusiones de la auditoría.

Otras fuentes consultadas por este diario aseguran que el director del Gabinete de Coordinación de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González, ya dio indicaciones a Ernst&Young Abogados a principios de febrero para que no detallara conclusiones cuantitativas en el trabajo sino sólo cualitativas.

Representantes policiales interpretan ese cambio de criterio como un indicio de que la cantidad inicialmente comprometida por el Gobierno de Mariano Rajoy -807 millones de euros- es insuficiente para garantizar que la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas sea «total y absoluta», como se comprometió el anterior equipo de Interior.