El ministro Fernando Grande-Marlaska, en la presentación de una campaña en la sede del Ministerio del Interior.
Asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional han pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los informes encargados a una consultora externa para que analizara las retribuciones en ambos cuerpos en relación con las de los Mossos y la Ertzaintza a fin de garantizar que la equiparación salarial pactada hace un año sea "absoluta".
Los representantes de los agentes pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reaccionan así después de que El Independiente desvelara que el Ministerio del Interior ha ocultado a los firmantes del acuerdo de equiparación las conclusiones del trabajo realizado por Ernst&Young Abogados SLP en los últimos seis meses.
En concreto, la Secretaría de Estado de Seguridad recibió el informe final el pasado 25 de febrero, un día antes de que Ana Botella -número dos de Interior- se reuniera con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil y les dijera no sólo que la consultora no había entregado aún el informe sino que su departamento se planteaba prorrogar el plazo de ejecución dada la complejidad que entrañaba el estudio puesto a puesto. La posibilidad de alargar el trabajo para realizar el trabajo encomendado no estaba contemplada en el pliego de condiciones que reguló el procedimiento de contratación, al que concurrieron siete empresas.
Las fuentes consultadas aseguran que Ernst&Young Abogados volvió a presentarlo a los responsables de Interior el 27 de febrero, esta vez mediante su presentación en el registro del Ministerio. El departamento que dirige Grande-Marlaska ha eludido confirmar a este diario si ha recibido el trabajo.
La opacidad de Interior lleva a sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil a pedir el informe a través de Transparencia
Botella ha confiado el peso de las reuniones con la consultora a los directores de gabinete y de Coordinación de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad: Pau López Ramos y José Antonio Rodríguez González (Lenin), respectivamente. La interlocutora técnica ha sido Alicia de las Heras, especialista en análisis actuarial y vocal representante del gabinete de la Secretaria de Estado de Seguridad desde la etapa de José Antonio Nieto (PP).
"A la vista de la noticia aparecida en un medio de comunicación [El Independiente], en cuanto a que esta empresa asesora ha realizado la entrega formal de los mismos en el Registro del Ministerio del Interior el pasado 27 de febrero, las asociaciones profesionales representativas de guardias civiles firmantes, y previa confirmación de la noticia, solicitamos la entrega de los citados informes así como la consiguientes reunión entre todas las partes firmantes del acuerdo de 12 de marzo de 2018 al efecto de analizar los datos contenidos en los mismos", exigen al ministro en un escrito siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos).
Petición al Portal de Transparencia
Tanto el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) como APROGC han optado por el Portal de Transparencia como vía para exigir a Grande-Marlaska una copia de los trabajos realizados por la consulta externa. Sobre el papel, no concurre ninguna de las limitaciones de acceso a la información previstas en la ley, por lo que a Interior no le quedará más remedio que entregar la documentación solicitada. Pero previsiblemente no será antes de un mes.
Otras organizaciones, como el Sindicato Profesional de Policía (SPP), han recurrido también al mecanismo legal de la Transparencia pero dirigiéndose directamente a Ernst&Young Abogados y no al Gobierno. Al firmar el contrato, la empresa quedó obligada a guardar confidencialidad sobre los trabajos a realizar, lo que lleva a pensar que denegará la documentación solicitada.
También la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) se han dirigido a la consulta externa solicitándole que, "a la mayor brevedad posible", les facilite "el informe final cuantitativo de análisis" de las retribuciones y "todo el trabajo técnico que haya dado lugar al mismo".
"Si ha existido alguna consigna, orden, indicación o sugerencia, explícita o indirecta, que suponga vulnerar tanto el citado Acuerdo como los pliegos que regulan esta adjudicación, deben quedar superadas por su voluntad de ajustarse a un encargo que tenía unos condicionantes claros, sin margen para la duda o interpretación", exponen ambos sindicatos en una carta dirigida al presidente de Ernst&Young Abogados, Federico Linares García de Cosío.
Interior también ha hurtado a los agentes la participación en dicho estudio, como se preveía en el acuerdo de equiparación salarial
En plena precampaña de las elecciones generales del 28 de abril, la presión de sindicatos y asociaciones profesionales obligará a Interior a informar a los representantes sobre las conclusiones de la consultora. Sindicatos y asociaciones profesionales llevan intentando desde finales de enero que la Secretaría de Estado de Seguridad les informe sobre el avance del análisis realizado por Ernst&Young Abogados, pero las reuniones siempre se han ido aplazando.
El acuerdo que Juan Ignacio Zoido firmó hace un año con los responsables de cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y de las citadas asociaciones de la Guardia Civil incluía una cláusula por la que la Secretaría de Estado de Seguridad se comprometía a contratar los servicios de una consultora externa que fijara criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones pactados suponen “la equiparación salarial total y absoluta”. Ese informe es clave para determinar si el Gobierno tiene que habilitar una partida adicional para corregir al alza el cálculo inicial en cumplimiento del compromiso asumido por el anterior equipo ministerial.
Interior no sólo ha evitado informar a los representantes de policías y guardias civiles las conclusiones de la consultora externa. También les ha hurtado el derecho a participar en dicho estudio, como expresamente preveía la cláusula primera del acuerdo de equiparación rubricado con Zoido el 12 de marzo de 2018.
La polémica por la ocultación del informe se produce semanas antes de que los policías y guardias civiles cobren -en la nómina de abril y con carácter retroactivo desde enero- el segundo tramo con el que Interior intenta recortar la brecha salarial con los Mossos. La cantidad a repartir entre ambos Cuerpos es de 250 millones de euros.