El ministro Grande-Marlaska y los representantes de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil que firmaron el acuerdo.
La equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los Mossos d’Esquadra absorbe el grueso del crecimiento del presupuesto del Ministerio del Interior para 2019, que asciende hasta los 6.408 millones de euros (un 6,7 % más, unos 400 millones). El pago de nóminas supone ya el 83,4 % de los gastos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en materia de seguridad ciudadana.
En concreto, Interior ha consignado una partida de 250 millones de euros para avanzar en el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de marzo con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para recortar la brecha en los sueldos de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los de los mossos y ertzainas. En 2018 se destinaron a este fin 310 millones y en 2020 está previsto dedicar otros 247 millones para ejecutar el acuerdo, lo que totaliza 807 millones incluyendo los 250 millones de 2019.
"Se ha dotado un incremento significativo en los créditos de este área con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, impulsar su modernización, garantizar la reposición de efectivos a través de la ofertas de empleo público y avanzar en el proceso de su equiparación retributiva con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan idénticas funciones en sus ámbitos territoriales", se detalla en el proyecto de presupuestos que ha enviado el Ejecutivo de Pedro Sánchez a las Cortes para su tramitación y posterior votación.
Los sindicatos policiales han celebrado que el Gobierno haya cumplido el compromiso firmado al consignar la cantidad prevista para este ejercicio, si bien -como advierte el portavoz del SUP, Ramón Cosío- advierten de que estarán vigilantes para que sea una realidad este año y en 2020 "se termine de ejecutar" el acuerdo.
En el caso de la Dirección General de Tráfico (DGT), la disponibilidad presupuestaria crecería un 5,4 % hasta los 808 millones, destinándose el 88 % de dicho incremento -36 de 41 millones de euros- a aumentar las retribuciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en virtud del acuerdo de equiparación salarial. La DGT, en concreto, prevé ingresar este año más de 355 millones de euros en multas, elevándose a 971 millones los ingresos totales si se computan las tasas que cobra la Jefatura de Tráfico.
Lucha contra la violencia machista
La lucha contra la delincuencia organizada en general y contra el terrorismo en particular seguirá siendo un año más un pilar estratégico en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con la persecución contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, contra la inmigración irregular, la protección y defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, la prevención de la seguridad ciudadana y el desarrollo de estrategias centradas en “la disuasión y el control” de los agresores de mujeres para combatir la lacra de la violencia machista.
Para alcanzar los objetivos previstos en el Pacto de Estado sobre violencia de género, Interior señala como actuaciones a seguir el incremento de la coordinación y puesta en común de bases de datos con la Secretaría de Estado de Igualdad , la Delegación del Gobierno contra la violencia de género y el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial; potenciar la formación y concienciación de funcionarios policiales en el tratamiento con colectivos vulnerables, y mejor tanto el desarrollo de los mecanismos electrónicos de protección como la respuesta en investigación, atención y protección de las víctimas de los delitos de violencia de género mediante un tratamiento integral y especializado.
En materia de Instituciones Penitenciarias, donde los sindicatos mantienen un abierto enfrentamiento con la actual dirección, el presupuesto para 2019 se marca como prioridad potenciar las actividades educativas, formativas y laborales para condenados por violencia de género, agresores sexuales, internos en régimen cerrado, personas con discapacidad, enfermos mentales, drogodependientes y prevención de suicidios, así como seguir fomentando las medidas alternativas a la prisión que posibiliten una reinserción social efectiva.
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