Un total de 12.880 opositores aspirarán a las 831 plazas de funcionarios en el cuerpo de ayudantes que Instituciones Penitenciarias cubrirá con el proceso selectivo que se iniciará el próximo 27 de enero, lo que arroja una proporción de un puesto por cada 15 candidatos.

La Subsecretaría del Ministerio del Interior dictó el pasado 26 de septiembre la resolución por la que anunciaba las pruebas selectivas para el ingreso en Instituciones Penitenciarias por el sistema general de acceso libre, publicándose la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de octubre. Esta oferta incluye 130 plazas más que las convocadas en 2017 en la misma categoría (701) y 293 más que las de 2016 (538).

En concreto, han sido 13.297 las personas que formalizaron inicialmente su interés en participar en esta oposición, si bien 871 solicitudes fueron excluidas en un principio por presentar algún defecto de forma. Subsanados los errores en 417 casos, fuentes de Instituciones Penitenciarias han informado a este diario de que la cifra de aspirantes ha ascendido finalmente a 12.880 (631 más que en 2017).

Un total de 12.880 opositores pujarán por los 831 puestos de ayudantes que Instituciones Penitenciarias cubrirá para reducir las vacantes

El proceso selectivo arrancará a las 10 horas del próximo 27 de enero en Madrid con la realización del primer ejercicio de la fase de oposición. Los candidatos tendrán que contestar un cuestionario de 150 preguntas (con tres de reserva por si se anulara alguna) que arrojarán una puntuación máxima de 20 puntos, debiendo alcanzarse al menos la mitad para poder acceder al segundo de los tres ejercicios y penalizándose las respuestas erróneas con un tercio del valor de una contestación.

Los aspirantes que superen esta primera criba podrán presentarse al siguiente ejercicio, en el que deberán resolver por escrito en un máximo de 100 minutos diez supuestos prácticos, con cinco preguntas cada uno, que versarán sobre el contenido del programa. La prueba también se calificará con una puntuación máxima de 20 puntos, siendo necesario sumar al menos 10 para poder acceder al tercer y último ejercicio: las pruebas médicas, en las que se comprobará que los opositores no presentan ninguna de las causas de exclusión detalladas en la convocatoria.

Los candidatos que superen la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias y tendrán que realizar un curso selectivo, con la obligación de asistir al menos al 80 por ciento de las jornadas. De resultar aptos, los ya funcionarios pasarán a realizar prácticas evaluables en los centros penitenciarios. Ambos bloques tendrán una duración máxima de 18 meses.

Incorporación «en primavera»

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se comprometió el pasado 13 de diciembre durante su comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados a «agilizar al máximo» el proceso selectivo a fin de que los 831 funcionarios que salgan de esta oposición puedan estar ocupando sus puestos durante la «próxima primavera» y evitar lo que ocurrió en años anteriores. Los aspirantes del cuerpo especial que sacaron su plaza en la oferta pública de empleo de 2016 no habían sido nombrados funcionarios de carrera en junio de 2018.

La incorporación de esta remesa de ayudantes a las prisiones españolas permitirá aliviar de forma significativa el acusado déficit de plantilla que se registra en las cárceles: Interior cuantifica las vacantes en 2.200, cifra que los sindicatos elevan a 3.400. Con los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, los 831 nuevos funcionarios reducirán en un 37,7 % las plazas que en total no están cubiertas en la actualidad y en un 83,5 % las vacantes que específicamente se registran en el cuerpo de ayudantes (995).

Pese a la congelación de las ofertas públicas de empleo y a no cubrirse las jubilaciones por la crisis económica, fuentes de Instituciones Penitenciarias destacaron que la proporción de funcionarios en relación con los reclusos ha mejorado respecto al ratio que se registraba hace una década: de 5,67 presos por trabajador en 2008 a 4,38 a finales del pasado año. Ello ha sido posible por el notable descenso de la población penitenciaria, que en dicho periodo ha pasado de 63.470 a 50.811 internos (un 20 % menos).

Menos presos, más mandamientos judiciales

Las fuentes señalaron también que, aunque el número de presos se ha reducido de forma considerable, la plantilla de Prisiones gestiona hoy un mayor volumen de mandamientos judiciales como consecuencia de las modificaciones del Código Penal que han incorporado medidas alternativas a la reclusión en una cárcel -como trabajos en beneficio de la comunidad o la obligación de participar en un programa de tratamiento- a personas que no son reincidentes y que han cometido determinados delitos. En concreto, se tramitaron el pasado año 130.000.

Desde hace meses, los sindicatos secundan movilizaciones para forzar a los responsables del Ministerio del Interior a abrir una «negociación real» que vaya «más allá de los gestos» y se sustancie en un «compromiso presupuestario» que permita atender las mejoras laborales y salariales que demanda el colectivo. Entre las reivindicaciones figuran también la cobertura de la vacantes, una reclasificación que reduzca de nueve a dos los tipos de centros penitenciarios y que el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias sea incluido en el grupo B del funcionariado -en vez del C 1, como en la actualidad- atendiendo a la cualificación académica que se exige para poder optar a una plaza.