El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados que respetará el acuerdo en materia de equiparación salarial alcanzado por su antecesor en el cargo con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

Grande-Marlaska ha hecho este anuncio durante su comparecencia ante la comisión de Interior de la Cámara Baja, en la que ha diseccionado las líneas maestras de su gestión al frente de Interior. Recortar la brecha con las policías autonómicas en materia retributiva es una de las prioridades señaladas por el ministro dentro de las mejoras de las condiciones de trabajo de los funcionarios de su departamento que se plantea junto al impulso de medidas para la conciliación y el estudio de las demandas que vienen realizando sin éxito los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

En respuesta a las preguntas de los diputados, el ministro no ha precisado cuándo los policías nacionales y guardias civiles empezarán a recibir en sus nóminas el incremento salarial y se ha limitado a decir el abono tendrá lugar “cuando sea factible” pero “no más tarde” del día en que lo tuviera previsto el anterior gobierno.

El ministro del Interior no concreta cuándo los agentes empezarán a recibir la subida salarial: “Cuando sea factible”

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 incluyen una partida de 500 millones de euros para avanzar en la equiparación de los sueldos de policías nacionales y guardias civiles con los de los Mossos d’Esquadra. Desglosados, son 310 millones para la plantilla operativa, 100 para favorecer la reincorporación del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada y los 90 millones que le corresponden a los agentes de la subida acordada para toda la Función Pública.

El equipo de Juan Ignacio Zoido dejó Interior no sólo con el acuerdo marco publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino también con la licitación del concurso por el que se contratará a una consultora que se encargará de analizar con detalle las retribuciones y la tarea de los puestos de trabajo en ambos cuerpos policiales.

  • Violencia de género. El nuevo ministro ha calificado la lucha contra la violencia de género como una “prioridad” en su gestión. En este sentido, Grande-Marlaska ha anunciado que se incluirá a los hijos en las valoraciones policiales de riesgo de las víctimas y que se implementará un plan estratégico para “avanzar en la comunicación” a la hora de compartir información entre las bases de datos informáticas de las diferentes administraciones públicas. También restringirá el acceso al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGen) a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incursos personalmente en algún casos de violencia doméstica e impulsará la firma de convenios con los ayuntamientos para que la Policía Local pueda realizar la protección de la víctima, entre otras medidas. “Quiero que quede la certeza de que la violencia de género tendrá toda mi atención y se hará una especial incidencia, también en lo relativo a las mafias y contra la trata de seres humanos”, ha sentenciado.
  • Lucha contra el yihadismo. El titular de Interior se ha comprometido a reforzar “con ímpetus renovados” el consenso político en el marco del Pacto Antiyihadista, haciendo “partícipes” a las formaciones políticas de la “tarea común de impulsar la defensa de nuestro país del terrorismo y de los terroristas”. Para dar respuesta a la gran amenaza que sufren las democracias occidentales, Grande-Marlaska considera “prioritario” reforzar la colaboración con otros países aliados, “liderando operaciones y compartiendo actuación operativa e inteligencia”.
  • ETA. El apoyo a las víctimas y el impulso a la investigación de los casos sin esclarecer con la información que se pueda obtener de la documentación entregada por Francia a España el pasado mes de febrero son algunos de las líneas estratégicas señaladas por el ministro en relación con el terrorismo de ETA. Fernando Grande-Marlaska también ha expresado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez en los Presupuestos de 2019 para actualizar la pensiones mínimas de terrorismo, congeladas desde 2010 a 2017. Tras criticar el discurso del titular de Interior, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha denunciado los “privilegios” que el Ejecutivo ha anunciado para los presos etarras y le ha afeado que esté “más preocupado por los terroristas que por las víctimas”.
  • Mejoras en materia penitenciaria. En su primera comparecencia en el Congreso, el ministro ha tendido la mano a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, que en los últimos años han criticado duramente la gestión del Gobierno del PP y han denunciado las carencias con que desempeñan su trabajo. En este sentido, Grande-Marlaska ha dejado entrever que estudiará una mejora retributiva de estos funcionarios, que critican la desigualdad salarial entre centros penitenciarios a igualdad de categoría y trabajo. También ha abogado por “reponer el número de efectivos” perdidos en los últimos años para abordar las iniciativas en materia de tratamiento, así como un paquete legislativo que incluiría la introducción en la Ley General Penitenciaria la introducción de las penas alternativas y medidas de seguridad como la libertad vigilada. “Y, por supuesto, introducir en el Código Penal la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias cuando se encuentran en el desarrollo de sus funciones”, ha añadido. Entre sus propósitos se incluye también lograr que la sanidad penitenciaria sea transferida a las comunidades autónomas.
  • Inmigración. “La prioridad absoluta en protección internacional es asegurar que cualquier persona necesitada de protección la va a tener”, ha proclamado Grande-Marlaska tras aludir a la acogida prestada por España a los migrantes que viajaban a bordo del Aquarius. El titular de Interior ha reconocido que su ministerio necesita “más personal” para hacer frente a los retos que se plantean en materia migratoria, con un incremento exponencial del número de solicitudes de asilo registradas: de 2.588 en 2012 a más de 50.000 previstas en 2018. “Es una evidencia que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) está en una situación lamentable, tanto de recursos humanos como tecnológicos para la atención de las solicitudes pendientes como consecuencia de los crecimientos que se vienen sufriendo en los dos últimos años”, ha reconocido. Por ello, propone una reorganización interna de la OAR, una mejora en el sistema de acceso al procedimiento, la agilización en la tramitación de expedientes y el establecimiento de un servicio de guardia presencial para hacer frente a peticiones tanto en los puntos fronterizos como en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante los fines de semana son algunas de las medidas que pretende impulsar. En respuesta a los diputados, el ministro ha defendido la continuidad de los CIE, si bien ha avanzado que de manera inmediata encargará un “estudio pormenorizado” de estos centros. También ha encargado un informe que determine qué medio se puede implantar como alternativa a las concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla manteniendo el mismo nivel de seguridad.
  • Ciberseguridad. Consciente del avance de la delincuencia a través del medio cibernético, Grande-Marlaska ha anunciado que ordenará la “inmediata” redacción de un Plan Director de Ciberseguridad para hacer frente a esta amenaza, responsable el pasado año de más del 60 % de la delincuencia a nivel mundial. “Este eje de la ciberseguridad no solamente será un elemento crucial de la política de seguridad de este Ministerio, sino que contribuirá a la modernidad de nuestra sociedad, uno de los referentes del nuevo Gobierno”, ha precisado.
  • Tráfico. La seguridad vial tendrá prioridad sobre cualquier otra consideración en materia de gestión del tráfico durante la etapa que ahora comienza. En este sentido, el titular de Interior -departamento del que depende la Dirección General de Tráfico (DGT)- ha anunciado que se actualizará el permiso por puntos, se analizará la eventual reducción de la velocidad máxima autorizada en las carreteras secundarias y se pondrá el foco en las distracciones al volante, primera causa de mortalidad en las carreteras españolas por delante de la velocidad y el alcohol. Igualmente, el ministro quiere aprovechar las nuevas tecnologías para aprovechar los avances en seguridad de la industria del automóvil (coche eléctrico, coche conectado y conducción autónoma), atender especialmente a las furgonetas y proyectar la experiencia española en materia de seguridad vial a Latinoamérica.