El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado minutos antes de que expirara el plazo dado por la Junta Electoral Central (JEC) su intención de mantener los lazos y pancartas en favor de los procesados por el 1-O en los edificios públicos de la Generalitat. El Govern ha remitido además un escrito a la JEC en el que defiende esta simbología escudándose en las resoluciones aprobadas en el Parlament en favor del uso de los lazos amarillos y la estelada.

En respuesta a un recurso presentado por Ciudadanos, la Junta Electoral Central dio el pasado lunes un plazo máximo de 48 horas al Govern para retirar estos símbolos, que pueden ser “legítimamente utilizados por las formaciones políticas en su propaganda electoral, pero no por los poderes públicos, ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política”. El incumplimiento de este dictamen puede implicar multas de entre 300 y 3.000 euros para la Generalitat, y una acusación de desobediencia a su presidente.

Torra asegura que está “dando una oportunidad de rectificar al Estado” al que acusa de limitar la libertad de expresión

En su escrito, Torra argumenta que la resolución responde a “un nuevo intento de censura a la libertad de expresión por parte del Estado” y recrimina a la JEC falta de neutralidad. El Govern argumenta así que, con su escrito, Torra da “una oportunidad al Estado de rectificar una posición que vulnera la libertad de expresión” y, en conclusión, anuncia que mantendrá el lazo y la pancarta que reclama la libertad de los líderes del 1-O en la fachada del Palau de la Generalitat.

El president argumenta además que el Parlament ha expresado reiteradamente que la estelada representa una reivindicación “democrática, legítima, legal y no violenta” y concluye que “el carácter de símbolo partidista” que le atribuye la Junta Electoral “contraviene la resolución del Parlament y supone una interpretación subjetiva”.

Respecto a los lazos amarillos, Torra cree que con su resolución la JEC “favorece” a los partidos que “han atacado sistemáticamente” este símbolo, en referencia a Ciudadanos. Su resolución, concluye “supone el reconocimiento a unos ideales de partidos que concurren a las elecciones”. Y vuelve a remitirse a una votación del Parlament en favor de la presencia de estos símbolos en los edificios públicos para justificar su posición.

En defensa de los empleados públicos

Torra argumenta además la dificultad de atender a la exigencia de la JEC porque la Generalitat dispone de “multitud de edificios públicos en todo el territorio catalán” no siempre gestionados directamente por el Govern, y argumenta que debe “respetar el derecho fundamental a la libertad de expresión reconocida a los empleados públicos”.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, había advertido previamente a Quim Torra, que si se niega a retirar los lazos amarillos de las instituciones, como ha dictaminado la Junta Electoral Central (JEC), “se quitarán y desaparecerán, iniciándose un proceso sancionador”. Es el segundo ministro del Gobierno que advierte a la Generalitat tras la resolución de la JEC, después de que Josep Borrell recordara ayer que el Gobierno “tiene instrumentos” para forzar la retirada de los lazos.

Delgado: la ley está para cumplirla

Delgado ha insistido en que “la Junta Electoral Central ha sido clara respecto de los lazos amarillos”. “La ley está para cumplirla” ha apostillado la ministra de Justicia.

También el portavoz de Ciudadanos Carlos Carrizos, ha recordado a Torra que le quedan “poquitas horas” para retirar esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos dependientes de la Generalitat. Carrizosa ha asegurado irónicamente, en los pasillos del Parlament, que está “expectante” por ver al presidente catalán “salir al balcón del Palau a descolgar la pancarta”.

“Si no lo hace de buen grado acudiremos a la Junta Electoral Central o a los tribunales si hace falta, para que se cumpla la ley”, ha asegurado Carrizosa, que ha apuntado que “Cataluña no es un territorio al margen de la vigencia de las leyes”.