Josep Lluís Trapero, acompañado de su abogado durante su declaración ante el Tribunal Supremo.
Cuando el pasado jueves, pasadas las 18,30 horas, el presidente de la Sala Segunda de Tribunal Supremo, Manuel Marchena, decidió preguntar al testigo José Luis Trapero (máximo responsable de los Mossos durante el 1-O) por la reunión que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2017 entre la cúpula del cuerpo policial y los máximos responsables del gobierno de la Generalitat (Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquím Forn), los abogados de la defensa dieron un respingo en sus asientos. En el interrogatorio al Comisario General de Información, Manuel Castellví, una semana antes, éste había declarado que los máximos responsables de los Mossos les hicieron saber a sus jefes políticos que había un alto riesgo de violencia durante la jornada del referéndum ilegal.
Ese testimonio daba argumentos a la Fiscalía para sostener que, pese a esa advertencia, los líderes independentistas siguieron adelante con sus planes. Es decir, que la violencia era uno de los ingredientes de la declaración unilateral de independencia (DUI) que se produciría el 27 de octubre de 2017.
Por esa razón, la versión de Trapero era esperada con expectación. Para sorpresa de la sala, el abogado de la acusación popular, Javier Ortega, que había propuesto la testificación de Trapero, no le preguntó por dicha reunión clave, que se celebró en el Palau de la Generalitat. Y ello propició que Marchena, tras consultarlo con los miembros del tribunal, impidiera al fiscal Javier Zaragoza ahondar en esa herida.
Pero, acogiéndose a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Marchena ejerció su potestad y descorrió el velo de un hecho fundamental para el esclarecimiento de lo acaecido durante los días previos al 1-O.
Trapero parecía haber estado esperando esa pregunta. Ya había apuntado durante su declaración un claro distanciamiento respecto a los jefes del procés. Aludió, por ejemplo, a la "irresponsabilidad" del consejero de Interior Forn, que, en sus declaraciones públicas, había afirmado que los Mossos permanecerían fieles a la Generalitat y no impedirían la celebración del referéndum.
En respuesta al fiscal Zaragoza, Trapero ya había dejado caer una bomba informativa para demostrar su disposición a cumplir con la legalidad. Dijo que dos días antes de la DUI, el 25 de octubre de 2017, había preparado un "plan secreto" para la detención de Puigdemont y todos los consellers si la Justicia ordenaba esa medida.
Trapero hizo lo posible para que se llevara a cabo el referéndum ilegal, pero ahora trata de salvarse acusando a Puigdemont de incumplir la Constitución
Marchena le dio la oportunidad que esperaba para explayarse. El major de los Mossos no sólo ratificó lo dicho por Castellví, sino que fue aún más lejos. Dijo que él y sus subordinados advirtieron a Puigdemont, Junqueras y Forn del riesgo más que probable de que se produjera violencia el 1-O; también afirmó que él y sus hombres instaron a los máximos responsables de la Generalitat a "cumplir la legalidad", y que les advirtieron de que los Mossos no estaban de acuerdo con el "referéndum ilegal".
Los rostros de Javier Melero (abogado de Forn) y de Van den Eynde (defensor de Junqueras y Romeva), eran un poema. La posición de la Fiscalía quedaba reforzada nada menos que por el testimonio del jefe de los Mossos.
El independentismo había perdido, de repente, a uno de sus referentes. Una de las líderes de la CUP, Mireia Boya, le fulminó desde su cuenta de tuiter: "Bien, acaba de caer otro héroe de Cataluña".
Pero, ¿cual de las dos caras de Trapero es la auténtica? ¿La del jefe de los Mossos que colaboró con la Generalitat a la celebración del referéndum, como afirmaron en la misma sala del Tribunal Supremo el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto; el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, o el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos? ¿O el fiel cumplidor de sus obligaciones y de la legalidad constitucional hasta el punto de estar dispuesto a detener al mismísimo presidente de la Generalitat, según su propia versión?
En realidad, Trapero nunca quiso enfrentarse abiertamente a Puigdemont. El presidente de la Generalitat y el conseller de Interior, su jefe directo, le habían convertido en un mito tras los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrills. Negarse a cumplir sus órdenes hubiera supuesto poner en riesgo su posición al frente de los Mossos. Puigdemont sabía que Trapero no haría nada por impedir el 1-O y lo que al máximo responsable de los Mossos realmente le molestaba era que el "imprudente" Forn lo hiciera público.
A mediados de octubre de 2017, se puso a las órdenes del TSJC y elaboró un plan para detener a presidente de la Generalitat. Pero ya nadie le creía
Trapero trató por todos los medios de impedir el nombramiento del coordinador Pérez de los Cobos, así como el envío de policías y guardias civiles a Cataluña. Para el operativo que él tenía en mente (un "binomio", dos agentes, por cada mesa electoral) no necesitaba refuerzos. La presencia de la Policía y la Guardia Civil pondría en evidencia su falta de voluntad de cumplir con la orden, primero del Fiscal y luego del Tribunal Superior de Cataluña, de impedir el 1-O. En realidad, lo que quería el 'major' de los Mossos era convertir el 1-O en un segundo 9-N.
Su versión ante el Supremo de que los Mossos cumplieron con su misión resulta poco creíble. No existe ni un sólo vídeo que demuestre que sus agentes retirasen urnas. Es más, si en la reunión del 28 de septiembre le hubiese dicho a Puigdemont que los Mossos no tendrían más remedio que emplearse a fondo contra los ciudadanos congregados en los colegios para cumplir la orden judicial seguramente el presidente de la Generalitat hubiera desconvocado el referéndum ilegal.
Que Trapero quedó satisfecho con lo que hicieron los Mossos lo demuestra el comunicado interno remitido a los agentes, dos días después del 1-O, en el que les felicita por su actuación: "Hicimos lo que debíamos hacer".
Sin embargo, la posición del jefe de los Mossos cambió pocos días después del referéndum. El día 6 de octubre de 2017 fue llamado a declarar como investigado por un delito de sedición ante la Audiencia Nacional. El 20 de octubre, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hizo público un acuerdo con PSOE y Ciudadanos para "restablecer la legalidad en Cataluña" (lo que apuntaba claramente a la aplicación, por primera vez, del artículo 155 de la Constitución). Ese mismo día, la magistrada Carmen Lamela ordenó que se investigasen las llamadas que tuvieron lugar el 20 de septiembre de 2017 (cuando los manifestantes pusieron cerco a la Consellería de Hacienda de la Generalitat) entre Trapero, Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cruixart (Òmnium).
No jugó limpio en los días previos al 1-O. No cumplió la labor que le correspondía en el operativo para impedir el referéndum ilegal
A partir de ese momento, Trapero da un giro radical en su comportamiento. El 25 de octubre llamó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, y al Fiscal Jefe de dicho Tribunal, Romero de Tejada, para ponerse a sus órdenes.
Justo es ese día en el que, según declaro Trapero a pregunta del fiscal Zaragoza, elaboró un plan para la detención de Puigdemont, labor que habría recaído, según publica La Vanguardia, en los comisarios principales Ferran López y Joan Carles Molinero.
Incluso, miembros de la cúpula de los Mossos hicieron saber durante esos días a los mandos de Policía y Guardia Civil en Cataluña, que, si se producía una orden de detención contra los miembros del gobierno de la Generalitat, el cuerpo "estaría encantado" de llevarla a cabo.
Pero, a esas alturas, ya nadie se fiaba de Trapero. Un día después de ponerse al servicio del presidente del TSJC, Barrientos ordenó suspender la labor de protección de la sede del Tribunal a los Mossos, que fueron sustituidos por miembros de la Policía Nacional.
Ahora también ha traicionado a los que le encumbraron a cambio de colaborar en su alocado plan para poner en marcha la república independiente de Cataluña
Trapero no jugó limpio en los días previos al 1-O. No cumplió la labor que le correspondía en el operativo para impedir el referéndum ilegal. Su papel durante el asedio a la sede de la Consellería de Hacienda fue algo más que dudoso, al delegar en Sánchez y Cruixart las labores de seguridad frente a una concentración que obligó a salir por una azotea a la secretaria judicial que llevaba a cabo el registro de la misma.
Trapero intenta salvarse a sí mismo (puede ser condenado a 11 años de prisión) y salvar, de paso, el prestigio perdido de los Mossos. En su declaración ante el Supremo aparentó ser un hombre honesto, atormentado por un debate interno entre su obligación de cumplir la ley y la lealtad debida a unos jefes políticos determinados a infringirla.
Pero no era a él al que se juzgaba en el Supremo, sino a los máximos responsables de la Generalitat. Trapero también está acusado de rebelión en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Y ahora también ha traicionado a los que le encumbraron a cambio de colaborar en su alocado plan para poner en marcha la república independiente de Cataluña.