Política Juicio al 'procés'

La ex cúpula de los Mossos apela a su autonomía ante el Govern para salvarse

Los ex mandos Trapero, Soler y Laplana sostienen en sus escritos de defensa en la Audiencia que siempre actuaron dentro de la legalidad vigente como agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra.

El ex director de los los Mossos d'Esquadra Pere Soler, a su llegada a la Audiencia Nacional.

El ex director de los los Mossos d'Esquadra Pere Soler, a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE

La ex cúpula de los Mossos d’Esquadra esgrime al unísono en la Audiencia Nacional que su actuación fue profesional y autónoma durante el desafío independentista en Cataluña y que nunca desarrollaron actividades tendentes a facilitar ni la celebración del referéndum ilegal del 1-O ni el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat el 20-S.

En sendos escritos de defensa, a los que ha tenido acceso El Independiente, el major de los Mossos Josep Lluís Trapero, el ex director de los Mossos Pere Soler y la intendente Teresa Laplana rechazan ser una de las piezas claves de un puzle llamado ‘procés’ que acabaría con la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI) el 27 de octubre de 2017.

En el caso de Trapero, que se enfrenta a once años de prisión por un delito de rebelión, subraya que el Cuerpo de la Policía Autonómica catalana nunca se plegó a los “designios secesionistas” del ex Govern de Carles Puigdemont. El exjefe de los Mossos d’Esquadra sostiene que no compartió el «plan ideado» por el Govern y el Parlament para la independencia y que permaneció «de forma inequívoca» y en todo momento al servicio de la justicia. El agente «ha desarrollado siempre su actuación profesional al mando del cuerpo de los Mossos d’Esquadra desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional, obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales y del Ministerio Fiscal», recalcó en el citado documento su letrada Olga Tubau.

Por su parte, el ex director de los Mossos Pere Soler añade que desde que él asumió dicho cargo “no existió cambio de directrices en cuanto a cuestiones operativas y técnicas de los dispositivos” de los Mossos ya que esas decisiones fueron “siendo tomadas de forma autónoma” por el cuerpo policial. El procesado destaca además que “siempre fue la voluntad de la Conselleria de Interior (y, en concreto, la del señor. Soler) la de abstraer a los Mossos d’Esquadra, en su condición de policía judicial, de los compromisos y horizontes políticos del Govern de la Generalitat, en particular, el de la celebración del pretendido referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, garantizando la total autonomía operativa del cuerpo”.

«Cobertura al referéndum ilegal»

Los letrados Cristóbal Martell y Pau Ferrer ponen énfasis en que “en el ejercicio de sus funciones como director general de la Policía catalana, Pere Soler no realizó actuación alguna tendente a dar cobertura y/o protección policial en las personas implicadas en la organización del referéndum ilegal”.

Por otro lado, la intendente Teresa Laplana -procesada por el papel desarrollado durante el 20-S destaca que “no ha participado, no ha colaborado y no ha compartido con los responsables del Govern de la Generalitat y del Parlament de Cataluña el proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república”.

La mosso d’Esquadra, también defendida por Tubau, recalca que “dentro de sus competencias como agente de los Mossos d’Esquadra siempre ha cumplido con la legalidad constitucional vigente, y ha obedecido los  mandatos judiciales y del Ministerio Fiscal, así como de sus mandos superiores policiales, sin haber impedido ni dificultado nunca el cumplimiento de las órdenes judiciales que en su condición de agente de los Mossos d’Esquadra ha recibido”.

«Sin violencia grave contra las personas»

Por otro lado, insiste en que “no hubo a lo largo del día 20 de septiembre de 2017 por su parte ninguna voluntad maliciosa de obstruir la diligencia de entrada y registro o de evitar impedir los daños de los mencionados vehículos policiales, sin que tuviera ninguna participación ni intervención en la evaluación  de la situación que pudieran llevar a cabo los agentes de orden público en aras a adoptar las medidas oportunas”.

La agente, que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por un delito de sedición, niega además que se produjera “acto de violencia grave contra las personas” admitiendo que se vieron “unos lamentables daños en los vehículos de la Guardia Civil y también en un vehículo de los Mossos d’Esquadra”.

La ex cúpula de la policía catalana será juzgada por la Sección Primera de la Audiencia Nacional cuando finalice el juicio a los líderes del Govern en el Tribunal Supremo, según informan fuentes jurídicas. Será ponente de la sentencia el magistrado progresista Ramón Sáez Valcárcel.

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