La Junta Electoral Central (JEC) tiene previsto convocar a los eurodiputados electos en el Congreso para que acaten la Constitución el 17 de junio, por lo que ese día el expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado de la Justicia, debería regresar a España, pues es un trámite de asistencia obligatoria.
Según han informado a Efe fuentes del organismo, es la fecha más probable que sopesa la Junta una vez concluidos los plazos que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) tras la celebración de las elecciones europeas (artículo 220 y siguientes). No obstante, se podrían habilitar los días siguientes (18 y 19) en caso de imposibilidad de comparecencia de algún eurodiputado.
Así, en cuanto acabe el escrutinio, los representantes y apoderados de las candidaturas disponen de dos días para presentar reclamaciones y protestas, las cuales deberán resolver las juntas provinciales durante los dos días siguientes. Éstas enviarán a la Junta Electoral Central las operaciones hechas antes hasta "no más tarde" del decimoquinto día posterior a los comicios al Parlamento europeo. Y luego, "no más tarde" del vigésimo día después de las elecciones, la Junta Electoral procederá al recuento a escala nacional y a los consiguientes trámites posteriores: atribución de escaños y proclamación de electos.
A continuación, dentro de un plazo de cinco días, esos candidatos tendrán que jurar o prometer acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral Central; es el artículo 224.2 de la LOREG. Justo este artículo es el que presupone una nueva controversia entre la Junta y candidatos catalanes independentistas en procesos electorales, ya que para ser eurodiputado a todos los efectos es necesario estar físicamente ante la JEC y acatar la Constitución. Y además, apuntan las fuentes, dentro de la legalidad.
Por tanto, el 17 de junio, que está dentro de ese lapso de cinco días tras la proclamación de electos, Puigdemont tendrá que volver a pisar suelo español. Si lo hiciera, sería detenido. Lo mismo le sucedería al número dos de la candidatura Lliures liderada por el expresident, Toni Comín, quien también fue elegido el domingo.
Otra controversia la suscitará el cabeza de la lista de Ahora Repúblicas, Oriol Junqueras, quien se encuentra en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión, que juzga el Tribunal Supremo. Al igual que hiciera el tribunal con su acta de diputado nacional, habrá de permitir que abandone la prisión de Soto del Real ese día para que acuda al Congreso, donde se celebra el acatamiento y la expedición de la credencial.
Así es el trámite
Ése es el trámite: los 54 eurodiputados españoles elegidos acuden al Congreso, entregan sus acreditaciones como parlamentarios electos, acatan la Constitución y reciben la credencial correspondiente para ir al Parlamento de la UE. El trámite continuará con una posterior reunión de la JEC para analizar las fórmulas de acatamiento empleadas.
Las fuentes consultadas por Efe indican que si durante dicha reunión se considerase que algunas de las fórmulas usadas no encaja en el ámbito legal, serán revocadas y los eurodiputados que las hubieran empleado dejarán sus puestos. Lo reseña el artículo 224.2: "La Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento".
Una hipótesis: si Junqueras recurre a una fórmula como la que esgrimiera en la sesión constitutiva del Congreso, en la que incluyó la mención a su condición, dijo, de "preso político", la Junta podría dejarla sin efecto y el candidato de ERC no sería eurodiputado. Las fuentes recuerdan lo que le pasó al eurodiputado electo en 2014 Pablo Echenique, quien usó una fórmula de acatamiento extensa que tuvo que interrumpir el presidente de la JEC. Le advirtió de que podría no ser válida y el hoy responsable de Organización resumió: "Sí, prometo por imperativo legal".
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