Política

Bruselas dicta que Puigdemont debe recoger el acta en Madrid para obtener la inmunidad

Carles Puigdemont. EFE

Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo (PE) han descartado que el expresidente catalán huido Carles Puigdemont pueda obtener inmunidad por el mero hecho de ser elegido en las elecciones europeas y que pueda, en consecuencia, efectivamente ser eurodiputado. Se desmonta así uno de los principales argumentos electorales del ex president de cara a las europeas, con las que prometía infringir una nueva derrota jurídica a España.

«Un candidato con una orden de detención nacional en España puede ser candidato (…) Su presencia en Madrid es necesaria para jurar o prometer la Constitución española y ser incluido en la lista de diputados que las autoridades españolas comunicarán al Parlamento Europeo», dice un análisis al que ha tenido acceso Efe y que han realizado los juristas del PE a petición del presidente, Antonio Tajani.

En las elecciones autonómicas de 2017 Carles Puigdemont se impuso inesperadamente a la lista liderada por Oriol Junqueras gracias en parte a la promesa de que, si era escogido presidente de la Generalitat, volvería a Cataluña, promesa que nunca cumplió. Ahora, sus abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso Cuevillas se apresuraron a asegurar tras la presentación de su candidatura que el acta de eurodiputado le otorgaría inmunidad para seguir defendiendo la causa independentista en Europa. Un argumento electoral de peso, que el Parlamento Europeo ha desmontado ya definitivamente.

«De acuerdo al artículo 146 del reglamento, la protección del artículo 9 (inmunidad) extiende sus efectos para los nuevos elegidos en la Eurocámara el 2 de julio de 2019 a las 10 de la mañana», señala el punto 12. El texto se refiere en términos generales a los españoles que tengan procedimientos criminales abiertos y sus opciones de concurrir a las elecciones. La inmunidad no eximiría por tanto a Puigdemont y sus compañeros de candidatura de los presuntos delitos como miembros del Gobierno catalán durante el otoño de 2017.

De hecho, la candidatura impuesta por Puigdemont para las elecciones europeas está integrada por fugados en todos los puestos de salida. Tras el ex president, concurre por JxCat Toni Comín, ex consejero a propuesta de ERC que completa así su ruptura con los republicanos. Y en tercer lugar se sitúa la ex consejera de Enseñanza Clara Ponsatí, reincorporada a su plaza de profesora en la Universidad de St Andrews, en Escocia.

En referencia a todos ellos, el dictamen de los servicios jurídicos del Europarlamento recuerda también que la presencia para jurar la Constitución, el trámite imprescindible, debe ser «física». «Es un requisito constitutivo para la inclusión en la lista (de eurodiputados) que las autoridades deben comunicar al Parlamento Europeo», señalan los juristas. Por tanto, en caso de conseguir un escaño para JxCat será la ex asesora de Unió Érika Casajoana la que lo ocupe, seguida del ex diputado de Eusko Alkartasuna Gorka Knorr.

Respecto a los candidatos en prisión, señala que las autoridades españolas «han dado permisos penitenciarios en el pasado para cumplir» con el objetivo de tomar el acta y jurar la Constitución, pero añade que eso se ha decidido «caso por caso y según las circunstancias».

Para el caso de Puigdemont o los otros huidos, se dice que «un candidato con una orden de detención nacional en España puede ser candidato», pero añade que su «presencia en Madrid» es necesaria para jurar o prometer la Constitución española y «ser incluido en la lista de diputados que las autoridades españolas comunicarán al Parlamento Europeo», dice el texto.

«Si fuera detenido en ese momento, las autoridades judiciales españolas tendrían que autorizar que pudiera cumplir estos trámites. Sin esa autorización, la recogida del escaño dependería de las autoridades judiciales españolas», añade en las conclusiones el texto, de 19 puntos.

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