Hace casi cinco meses mató presuntamente con su bastón a un compañero de residencia en El Burgo de Osma y, al día siguiente, el juzgado de esta localidad soriana decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para él. Tiene 94 años, demencia senil y es el recluso más anciano de España. A la espera de que se celebre el juicio que determine su responsabilidad penal como autor de un delito de homicidio o asesinato, M.P. permanece internado en la enfermería de la cárcel de Soria.
Este nonagenario es uno de los 547 reclusos con más de 70 años que se encuentran hoy privados de libertad en establecimientos penitenciarios gestionados por la Administración General del Estado (todos excepto los de Cataluña), lo que representa algo más del 1 % del total de presos: 50.836, según la estadística correspondiente a finales de mayo. En concreto, 61 tienen al menos 80 años y dos internos -M.P. y un preso de Sevilla 2 (Morón)- han superado ya los 90.
Estas cifras demuestran que el envejecimiento de la pirámide demográfica española derivada de la mejora de la expectativa de vida tiene reflejo en la población penitenciaria, aumentando en los últimos años de manera significativa el número de personas mayores en las prisiones españolas. En abril de 2011, los reclusos con más de 70 años ascendían a 252, cifra que se ha duplicado ocho años después.
En su artículo 91, el vigente Código Penal prevé la posibilidad de que el juez de vigilancia penitenciaria decrete la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional a los septuagenarios y a los enfermos en estado muy grave con pronóstico incurable que estén clasificados en tercer grado y hayan demostrado buena conducta, siempre que aprecie que ha disminuido la peligrosidad del recluso o su vida esté en peligro manifiesto. En esos casos, no se exige el requisito de cumplimiento previo de un tramo de la condena.
El envejecimiento de la pirámide demográfica se refleja en prisión: hay dos nonagenarios, 61 octogenarios y 484 septuagenarios
En el caso del preso preventivo de 94 años, fuentes penitenciarias informaron a este diario que una fundación de Valladolid se ofreció a asumir la tutela de M.P. para facilitar su excarcelación atendiendo a su avanzada edad y su deterioro cognitivo. El fiscal, sin embargo, se opuso debido a la gravedad del delito por el que será enjuiciado.
Si el Código Penal favorece la salida de prisión de las personas mayores, ¿cómo se justifica el elevado número de presos septuagenarios que refleja la estadística? La explicación de la presencia de ancianos en las prisiones obedece al "perfil criminológico", según Instituciones Penitenciarias. Entre los delitos más frecuentes se encuentran los de asesinato, homicidio, violencia de género y contra la libertad sexual, con enorme impacto social y castigados con penas elevadas.
De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio del Interior, actualmente hay 48 reclusos mayores acusados o condenados por asesinato (de ellos 17 por violencia de género), 41 por homicidio (13 por violencia de género), 20 por agresión sexual y nueve por malos tratos de violencia de género.
Catálogo de delitos
Con todo, ninguno de estos constituye la tipología delictiva por la que más ancianos se encuentran en la actualidad privados de libertad. El escalafón lo encabezan los abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años, motivo por el que 64 personas de más de 70 años están presos. Hay otros 12 reclusos por abusos a niños de entre 13 y 16 años. Estos 76 casos representan el 13,89 %.
En total, los 547 ancianos que se encuentran internos están vinculados a la comisión de 78 modalidades delictivas y de faltas. Así, hay 48 por delitos contra la salud pública; 36 por estafa; 29 por abusos sexuales; 22 por quebrantamiento de pena o medida de alejamiento de violencia de género; 21 por cultivo, elaboración o tráfico de drogas; 17 por apropiación indebida; 16 por robo con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación; 15 por lesiones; 10 por fraude a la Hacienda Pública; seis por falsificación de documento público o mercantil; seis por tenencia de arma sin licencia o autorización, y cinco por atentado contra la autoridad o por incumplimiento de obligaciones contables.
La prisión de Valencia es la que más ancianos acoge en la actualidad (27); el delito de abusos a menores es el más repetido con 76 casos
En menor medida, en el catálogo de delitos figuran también los de prostitución de menor de edad o con discapacidad, malversación de caudales públicos, insolvencia punible (antes denominado alzamiento de bienes), delito fiscal, tenencia de armas prohibidas, secuestro, detención ilegal, amenaza, sobre la ordenación del territorio, incendio, conducción temeraria o sin permiso, delito societario, terrorismo, robo en casa habitada, estragos, prostitución de persona mayor de edad, asociación ilícita y hurto, entre otros.
Los 547 reclusos permanecen internos en 78 establecimientos penitenciarios de la península, Ceuta y Melilla. Concretamente en 66 cárceles, 10 Centros de Inserción Social (Algeciras, A Coruña, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Tenerife y los madrileños 'Victoria Kent', Alcalá de Henares y Navalcarnero) y dos hospitales psiquiátricos (Alicante y Sevilla).
Por número de presos mayores, la clasificación la encabeza el centro penitenciario de Valencia, en cuyos módulos están internados actualmente 27. Desglosados por edades, hay cinco con 71 años; cuatro con 72; tres con 70, 75 y 77; dos con 74 y uno con 76, 78, 79, 80, 81, 82 y 85.
Le siguen los centros penitenciarios de Alicante II-Villena (21); Soto del Real y Asturias (19); Mallorca, Aranjuez y Tenerife (17); Alicante-Cumplimiento y Dueñas-Moraleja (15); Valdemoro, Navalcarnero y A Lama (13); Estremera (12), Morón de la Frontera y Zaragoza-Zuera (11) y Las Palmas (10).
Instituciones Penitenciarias ultima una nueva instrucción para mejorar la atención que se presta a las personas mayores en las cárceles
A la vista del incremento de personas mayores en prisión, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dictó una instrucción en junio de 2011 con medidas que ayudaran a ofrecer una mejor atención a estos internos. "El objetivo es superar el desconocimiento y la invisibilidad que en buena medida caracteriza a este colectivo, especialmente vulnerable y con necesidades específicas, que pueden no encontrarse suficientemente cubiertas por los procedimientos habituales para el conjunto de la población penitenciaria, más allá de la adecuada atención sanitaria que reciben cuando lo necesitan", justificaba Interior.
Experiencia piloto
En concreto, los objetivos de la intervención eran tres: reducir la presencia de estas personas en el régimen ordinario de internamiento a los casos en los que sea estrictamente "imprescindible" su presencia por razones procesales o de peligrosidad, fijar un establecimiento que pudiera acoger a las personas mayores que carecen de vinculación familiar o de redes de asistencia (se eligió como experiencia piloto el manchego de Alcázar de San Juan) y la mejora de la atención socio-educativa y la calidad asistencial de este colectivo.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias han indicado a este diario que se ha trabajado en una nueva instrucción con la que se tratará de mejorar la atención integral a las personas mayores. Está previsto que estas nuevas directrices se den a conocer en breve.
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