El Pleno del Parlament ha cumplido hoy el guión previsto, rechazando el Decreto ley de regulación de precio del alquiler planteado por la Generalitat para limitar los precios por ley. Un decreto forzado por ERC amparándose en una reforma del Código Civil Catalán y presentado en plena campaña electoral de las municipales como impulso a las aspiraciones republicanas en las elecciones locales. Especialmente a las de Ernest Maragall, que se batía en Barcelona con Ada Colau, abanderada de la defensa de los inquilinos.

El Govern de la Generalitat sabía que no contaba con apoyos parlamentarios -se lo dejaron claro tanto CatEC como la CUP la semana pasada- y el texto tampoco contaba con el aval legal del Consell de Garanties Estatutaries (CGE) que consideró inconstitucionales prácticamente todos los artículos del texto. Pero se negó a retirar el texto, como hizo hace dos meses el conseller de Territori, Damià Calvet, con el anterior intento de regular por ley el mercado inmobiliario con el decreto que daba cobertura a la norma del 30% de reserva para alquiler público en todas las promociones privadas impuesta por Colau en Barcelona.

Esta vez, Esquerra parecía dispuesta a asumir la derrota para dejar en evidencia a los comunes, a los que ha acusado de nuevo de colocarse del mismo lado que los defensores de los fondos buitre y grandes tenedores, identificados con Cs, PSC y PP. Ayer, la consellera de Justicia e impulsora de la norma, la republicana Ester Capella, se reunió de urgencia con los comunes y la CUP para ofrecerles tramitar el decreto por via de proyecto de ley para que pudieran introducir enmiendas al texto.

Rechazo de comunes y la CUP

Una oferta que los dos grupos han rechazado hoy, acusando a Capella de ofrecerles «un plato cocinado» en el que no hay margen de modificación. Conseguido el efecto electoral de la iniciativa, la urgencia de Esquerra para pactar el texto parece haberse relativizado, aunque tanto comunes como la CUP aseguran que seguirán insistiendo para convencer al Govern de limitar el precio del alquiler más allá de los limites impuestos por la regulación alemana, modelo seguido por el Govern, que ha fracasado en el caso de Berlín.

«No nos gusta el decreto porque está basado en un índice que se basa en precios de mercado» ha señalado la portavoz de CatEC, Susana Segovia. «Es contradictorio y poco eficiente a la hora de regular los precios, a parte de todas las excepciones y agujeros del decreto». La portavoz de los comunes ha denunciado además que «ahora ERC solo busca el apoyo de sus socios de gobierno, que creen en los derechos de los propietarios en vez de confiar en las organizaciones de inquilinos, y el resultado es decreto vacío de contenido».

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha abundado en estos argumentos, recriminando a Capella que solo haya pactado la ley con el Colegio de Administradores de Fincas. «Es el decreto de las excepciones, no contempla sanciones, no contempla facultad inspeccionadora y pone al mismo nivel a inquilino y propietario cuando es evidente que no es así» ha lamentado la antisistema.

Para Sirvent, sin embargo, «lo más grave es el índice basado en precios de mercado actual, los mismos precios que han provocado la situación de emergencia que la norma dice que hay que combatir». Un índece que según los antisistema permite incrementar un 20% esos precios. «No pueden coger la norma alemana como ejemplo cuando en Berlin hay 31% de parque público de alquiler y aquí no llegamos al 2%» ha concluido.

Divergencias también con JxCat

El debate ha permitido aflorar también las divergencias entre JxCat y ERC en materia de vivienda, cuando la consellera ha recriminado que se hable de «estructuras de propiedad» para defender los derechos de los propietarios, advirtiendo que los precios «no suben un 40% por la viuda que complementa su pensión con un alquiler».

Quien había señalado esta cuestión no ha sido otro que el portavoz de Jxcat, Eusebi Campdepadrós, quien ha recordado que la mayoría de pisos en alquiler «son de personas físicas, no de empresas, la propiedad de empresas es el 26%». Campdepadrós ha recordado que la mayoría de las viviendas que entran en el mercado de alquiler son de personas físicas, «estamos en mercado de particular a particular» en el que «los fondos de inversión son el 3% del mercado».

El diputado neoconvergente se ha alineado con ERC en la defensa del Derecho Civil Catalán y su competencia para regular los alquileres, atacando a socialistas y Cs por haber llevado el decreto al Consell de Garanties. PSC y Cs «operan solo como una quinta columna en defensa del Estado, vulnerando las competencias de este Parlament» ha lamentado. «El Derecho Civil catalán nos define, ni el franquismo ni el Decret de Nueva Planta pudieron derogarlo».

El PSC defiende el CGE

En este contexto, la socialista Rosa María Ibarra ha salido en defensa del CGE, para el que ha exigido respeto. y ha concluido que el decreto impulsado por Esquerra «solo cumple una urgencia, la de ponerse una medalla electoral». Ibarra ha recordado que el decreto conculca competencias estatales, como han señalado también los portavoces de Cs y PP, y ha advertido además que llega después de que Gobierno y Generalitat pactaran la retirada del recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional de una ley catalana anterior en el mismo sentido con el pacto por ambas partes en el que el Govern reconocía que la competencia es estatal.

«La finalidad de este decreto es generar un titular electoralista y provocar la confrontación con el Estado que a ustedes ya les conviene, no regular el mercado de alquiler» ha concluido la socialista.