Las 423 líneas de telefonía móvil del Senado contabilizaron el pasado año 818.272 llamadas que sumaron una duración de más de 2,24 millones de minutos (cantidad equivalente a 1.558 días completos), enviaron 32.193 mensajes de texto (SMS) y realizaron 245.000 conexiones a internet que consumieron casi 25.000 gigabytes.

Éstas son algunas de las estimaciones que deberán tener en cuenta las empresas de telecomunicaciones que opten a la licitación que acaba de convocar la Cámara Alta para adjudicar el contrato de servicios de comunicaciones móvilessena. El presupuesto asciende a 1.191.299,45 euros (impuestos incluidos) y la duración será de 25 meses a contar desde el 1 de enero de 2020, con posibilidad de concederse una prórroga de 24 meses.

El servicio lo viene prestando Vodafone España SAU desde julio de 2015 y expirará el próximo 31 de diciembre, cuando se habrá agotado la prórroga de dos años. Las ofertas podrán presentarse hasta las 14.30 horas del 31 de julio, fijándose para el 31 de octubre la apertura de las plicas que contienen las propuestas económicas.

El contrato incluye el suministro de 440 terminales telefónicos, de los que 300 tendrán que ser de última generación y gama alta

En concreto, el proveedor tendrá que dar suministro a las 440 líneas de telefonía móvil que utilizan actualmente los senadores y el personal que trabaja para esta Cámara, incluyendo una tarifa plana ilimitada para llamadas y de entre cinco y 25 gigas mensuales para tráfico de datos nacional.

El encargo incluirá también todas las llamadas desde extensiones fijas a teléfonos móviles, el envío masivo de mensajes SMS utilizado para la convocatoria de reuniones parlamentarias y para otras notificaciones generales, tres líneas con servicio de datos para dotar de conexión a tabletas y ordenadores portátiles y otras 18 con servicios de voz para los 16 ascensores y dispositivos de seguridad de los edificios del Senado que conecten con centrales de alarma, según detalla el pliego de condiciones que regulará el procedimiento de contratación.

Terminales ergonómicos y de fácil uso

Igualmente, la empresa a la que se adjudique el contrato tendrá que suministrar 440 terminales telefónicos, de los que 300 tendrán que ser necesariamente «de última generación y gama alta». «Primará la ergonomía y la facilitad de uso», precisa el Senado.

Será un modelo con capacidad de almacenamiento interno de 128 gigabytes, conectividad con redes de telefonía 4G/LTE, pantalla táctil multitoque con diagonal de tamaño mínimo de 5,8 pulgadas, compatible con reproducción de vídeo en formato HDR10 y que permita acceder a internet con un navegador que soporte las características básicas de la tecnología HTML5, entre otras especificaciones técnicas.

El servicio, que expira el próximo 31 de diciembre, lo viene ofreciendo Vodafone España desde julio de 2015

Los 144 terminales restantes podrán ser de «gama media» con una capacidad de almacenamiento interno de 32 gigabytes, posibilidad de navegación básica por internet, GPS incorporado y pantalla táctil de al menos cinco pulgadas. El licitador tendrá que ofrecer al menos dos modelos de distintos fabricantes para el terminal de gama alta y otros tres para el de gama media, al tiempo que deberá comprometerse a tener en stock otras 44 unidades para garantizar una respuesta rápida en caso de averías, pérdidas o robo.

Según la volumetría detallada en el pliego de prescripciones técnicas, las líneas móviles del Senado contabilizaron el pasado año 818.272 llamadas de voz que duraron 2.244.400 minutos (37.406 horas). El mayor tráfico se registró en las comunicaciones nacionales a operadores diferentes a Vodafone (383.334 con 1.141.459 minutos).

La actividad telefónica incluye también 32.193 SMS (tanto a Vodafone, como a otros operadores nacionales como internacionales) y 245.188 conexiones a internet (76.469 en itinerancia) que supusieron el consumo de 24.829 gigabytes.

470.000 euros al año

En el improbable caso de que el contrato se adjudicara al tipo de licitación, la contratación de este servicio supondría un coste para el Senado de 472.020 euros en 2020, 473.100 euros en 2021 y 39.425 euros en 2022 (sólo el mes de enero). De prorrogarse, las anualidades serían de 433.675 euros de febrero a diciembre de 2022, 455.100 euros en 2023 y 37.925 euros en enero de 2024.

En cuanto a los criterios de adjudicación, tanto los evaluables con fórmulas como los que dependen de un juicio de valor representan el 50 %. En este segundo caso se tendrán en cuenta el plan de proyecto, los servicios de comunicaciones, las restricciones de uso, los terminales ofertados y la garantía y mantenimiento de estos, el personal de soporte y la calidad del servicio.