Política

Vox pide amparo para los funcionarios de Prisiones por la orden que los “criminaliza”

El partido de Abascal insta al Defensor del Pueblo a intervenir ante la resolución de Interior por la que los directores de las cárceles tendrán que poner en conocimiento del juez la agresión que denuncie cualquier recluso aunque no consten lesiones

Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, y el ministro Grande-Marlaska.

Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, y el ministro Fernando Grande-Marlaska. MINISTERIO DEL INTERIOR

Vox ha pedido al Defensor del Pueblo que abra una investigación contra la «arbitraria e ilegal» orden del Ministerio del Interior a los directores de los centros penitenciarios por la que tendrán que poner en conocimiento del juez la denuncia de cualquier preso que asegure haber sido agredido aunque no conste parte de lesiones, al entender que esta instrucción «criminaliza» a los funcionarios de prisiones y dota a la población reclusa de una «presunción de veracidad» contraria al ordenamiento jurídico-penal español.

Como informó El Independiente, la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social -dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias– dictó una orden de servicio el pasado 1 de julio en la que describe las actuaciones que tienen que poner en marcha las direcciones de las cárceles ante eventuales agresiones de funcionarios a presos. Tanto si hay parte de lesiones como si no, los responsables de las prisiones tienen que ponerlo en conocimiento del juzgado de guardia.

Vox ha presentado este jueves un escrito de denuncia para que el Defensor del Pueblo intervenga de forma «urgente» e investigue la «ignominiosa» resolución para amparar los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al honor, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva de los funcionarios que prestan servicio en los centros penitenciarios gestionados por la Administración del Estado. El grupo parlamentario hace propio el malestar que la citada orden ha causado en el colectivo, que considera que el documento «siembra la duda de que se maltrata» a los internos.

«La orden de servicio emitida no sólo es ilegal y gravemente atentatoria de los derechos fundamentales indicados, sino que a mayor abundamiento es arbitraria en la medida en que ni da solución a una supuesta práctica generalizada de torturas por parte de nuestros funcionarios de prisiones, como así parece querer trasladar, que no existe, ni suple un supuesto vacío normativo dada la profusa normativa ya existente que da amparo a la población reclusa frente a cualquier actuación irregular», razona en el escrito la diputada Macarena Olona.

Vox insta al Defensor del Pueblo a intervenir ante la orden de Interior que abre la puerta al recluso a denunciar agresiones aunque no conste parte de lesiones

Instituciones Penitenciarias invoca el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) -«los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante»- como base normativa de las instrucciones dictadas a los directores de las cárceles.

Vox considera que la orden de servicio «viola flagrantemente» el presupuesto base que determina la obligación legal de formular denuncia al elevar «a la categoría de delito público conocido la simple acusación formulada por los internos», dotándola de una «proscrita presunción de veracidad» pese a carecer del «más mínimo soporte probatorio».

«Presunción de culpabilidad»

«Antes al contrario, se establece una presunción de culpabilidad sobre los funcionarios de prisiones al ordenar que denuncias contradichas por las diligencias de pruebas practicadas (singularmente el parte de lesiones emitido por un médico colegiado luego de la inspección pertinente del recluso, conforme a los protocolos ya existentes) sean remitidas por la dirección del centro a la jurisdicción penal», censura Olona.

La parlamentaria advierte al Defensor del Pueblo de que los funcionarios «se van a ver abocados» a denuncias falsas y establece un paralelismo entre la situación que se puede generar a partir de ahora con la que ella conoció en el País Vasco durante su etapa como abogada del Estado-jefe en dicha comunidad.

En este sentido, Macarena Olona recuerda que asistió a funcionarios policiales del Estado «injustamente acusados de torturas» en el marco de la lucha contra ETA y comprobó en persona los intentos de «torticera aplicación del denominado ‘Protocolo de Estambul’ por parte de quienes, acudiendo a la Justicia con su simple palabra, falsa, pretenden atacar a quienes son nuestra punta de lanza en la defensa del Estado de Derecho».

Informes de inspección

Invocando las propias estadísticas de Instituciones Penitenciarias, Vox niega que en las prisiones españolas exista una «práctica sistemática de torturas». Según datos de Interior, entre 2009 y 2018 se registraron 758 informes de inspección por presuntos malos tratos, de los que 11 (1,45 %) aparejaron sanción. «En sanción hubo 111 informes, ninguno de los cuales concluyó con sanción», añade.

«¿Quién protege a nuestros funcionarios de prisiones cuando, con arreglo a elementos objetivos, no hay tacha en su conducta que obligue, como así hace la orden hoy denunciada, a imponer un régimen de fiscalización penal de su actuación más riguroso que el vigente para el resto de españoles?», pregunta retóricamente.

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