No fueron los años más duros de ETA, pero sí los más difíciles para hacer política en Euskadi. La última etapa de la banda terrorista supuso una amenaza generalizada para los partidos constitucionalistas. Hoy el Gobierno vasco ha presentado un informe que pone cifras y relatos a esa amenaza padecida fundamentalmente por los ediles del PP y el PSE. Sólo entre los años 2009 a 2011 se cifra superó el medio millar de concejales obligados a llevar escolta.

El informe encargado por la Secretaría de Derecho Humanos, Convivencia y Cooperación al Instituto Padre Arrupe de la Universidad de Deusto realiza una analisis cuantitativo y cualitativo de lo que supuso aquella “violencia de persecucion” por razones ideológicas. El documento, que se presenta como uno más para acreditar lo sucedido en los años de violencia terrorista ocaecidos en Euskadi, recuerda que hasta 25 concejales de PP y PSE fueron asesinados por su condición política. El primero de ellos fue un edil del PP, Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995, y el último, un concejal del PSE, Isaías Carrasco, el 7 de marzo de 2008.

La petición de escoltas comenzó a crecer a partir del asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995

Durante la década de los 80 y 90 el número de concejales que requirieron protección fue muy reducido. A partir del asesinato de Ordóñez y de la insistencia de ETA de situar a este colectivo entre uno de sus objetivos prioritarios, tanto el PP como el PSE reforzaron las peticiones de escolta para sus cargos. La demanda de guardaespaldas se disparó a partir del año 1999, cuando apenas lo tenían 113 concejales, tras la ruptura de la tregua de ETA de 1998 y la firma del pacto de Lizarra. Una década después la cifra de cargos portegidos alcanzó los 509 en el País Vasco.

Hasta 22 años protegido

El estudio también acredita que en la mayoría de los casos la protección se mantuvo por periodos reducidos, en muchos casos de sólo un año, pero también hubo casos de hasta 22 años con protección.

Se aborda un análisis cualitativo de lo que supuso  esa violencia de “persecución” ejercida por ETA y su entorno contra la clase política. A las amenazas proferidas o expresadas en plena calle se sumaron en los peores casos las agresiones en los domicilios o la coacción a “familias enteras”. Incluso a la necesidad de seguir con protección pese a haber abandonado el País Vasco.

A lo largo de su historia ETA ha asesinado a 24 concejales en el País Vasco

En la presentación del informe, el Secretario general de Derechos humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha subrayado el valor que tiene este documento, en el que también se incorpora el testimonio de 14 de los políticos afectados. El informe representa una pieza más que se suma a otros trabajos relativos a los años de violencia sufrydos y que han sido encargados para hacer efectivo “el derecho a la verdad” sobre lo acontecido en Euskadi en los años de la violencia etarra.

Fernández se ha dirigido a los cargos institucionales del PP y el PSE para asegurarles que el Ejecutivo conoce “el sufrimiento que padecieron de manera injusta” y que éste queda acreditado ahora con este trabajo “que es también una expresión de nuestra solidaridad hacia estas víctimas”.