La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha reclamado a la Fiscalía que investigue la supuesta intervención de la Generalitat en ordenadores de jueces y fiscales que trabajan en Cataluña, en referencia a la intervención detectada y denunciada la semana pasada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En un escrito remitido a la Fiscalía General del Estado, la asociación  expresa su “profunda preocupación y malestar” porque la Generalitat haya podido estar controlando y haciendo seguimiento del contenido de los dispositivos informáticos utilizados, para el desarrollo de su actividad profesional, por los fiscales y jueces que ejercen en esta comunidad.

La Asociación que preside la fiscal catalana Cristina Dexeus subraya que estos ordenadores “contienen información reservada y relevante, así como datos personales objeto de especial protección”. Por ello, la asociación pide a la Fiscalía General que dirige Maria José Segarra que realice las “oportunas gestiones para averiguar estos hechos” y, al mismo tiempo, exija al Govern “que se abstenga de realizar conductas que puedan suponer una injerencia en el derecho al entorno digital de fiscales y jueces».

Los fiscales advierten, en este sentido, que de confirmarse el espionaje la Generalitat habría vulnerado el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos «contenidos en los expedientes judiciales” a los que habría tenido acceso a través de los ordenadores de jueces y fiscales.

La Asociación de Fiscales recuerda que se pueden haber vulnerado el derecho a la intimidad, el secreto de comunicaciones y la protección de datos de expedientes judiciales

En este contexto, la AF considera que la Fiscalía General del Estado, junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), debe exigir al Ministerio de Justicia “la implantación de un nuevo sistema informático único en todo el territorio nacional y común para jueces y fiscales, que esté libre de toda injerencia de los poderes públicos y dotado de los adecuados mecanismos de protección”. En la actualidad, en Cataluña es la Generalitat la responsable de dotar de medios a la administración de Justicia, puesto que la competencia está transferida.

De hecho, esta es una de las reivindicaciones que la Asociación de Fiscales viene planteando reiteradamente en los últimos años «sin que, por el momento, el Ministerio de Justicia haya considerado oportuno sentarse a discutir esta medida» apuntan desde la AF. Hoy por hoy, cada una de las comunidades con la competencia transferida -País Vasco, Navarra, Canarias y Galicia, además de Cataluña- cuenta con un sistema informático propio en la administración de Justicia.

Investigación de CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial anunció la semana pasada la decisión de investigar esta interferencia de la Generalitat, que habría accedido de forma indebida a tratamientos jurisdiccionales en los juzgados y tribunales de esa comunidad para hacer actividades de inspección, control o seguimiento, lo que el Departamento de Justicia niega. La decisión se adoptó después de que varios jueces comunicaran que en sus ordenadores había aparecido un mensaje de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat en el que les informaba de la posibilidad de acceso a sus equipos para llevar a cabo labores de «control y seguimiento».

De acuerdo con la información aportada por esos jueces y confirmada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que los jueces pudieran superar esa pantalla y acceder a sus equipos debían pinchar una pestaña de «confirmación de lectura» tras un mensaje que incluía una «manifestación expresa» del conocimiento de los términos y condiciones de la instrucción en virtud de la cual se planteaba ese acceso, la 3/2018 de ese departamento de la Generalitat.

Un portavoz del Departamento de Justicia negó a Efe que la Conselleria haya intentado acceder a información reservada y precisó que el mensaje aparecido en el ordenador de los juzgados se ha enviado a todos los trabajadores de la Generalitat, en el marco de una iniciativa que pretende recordarles que los equipos informáticos son para uso estrictamente laboral, no para fines personales.

En el marco de la investigación abierta, el CGPJ ha recomendado al Centro de Documentación Judicial (Cendoj) que realice las comprobaciones técnicas correspondientes para determinar si se han producido esos accesos indebidos en los Juzgados y Tribunales de Cataluña y, en su caso, el alcance de los mismos y la forma en que se habrían producido. Además, recuerda que buena parte de los datos contenidos en esos equipos están amparados por leyes de protección de datos, en tanto se refieren a condenas o infracciones penales o permiten la identificación de la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.