Política

El juez acusa a Aguirre de "autorizar" un plan para desviar fondos públicos madrileños

La ex presidenta era “conocedora y partícipe de las decisiones que se tomaban en el PP y le permitía estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a que destinos se aplicaban”.

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El juez acusa a Aguirre de "autorizar" un plan para desviar fondos públicos madrileños
Esperanza Aguirre, en la Comisión del Congreso de los Diputados.

Esperanza Aguirre, en la Comisión del Congreso de los Diputados. EFE

Resumen:

Llegó el día en el que Esperanza Aguirre, quien presumió de “destapar la trama Gürtel”, fue finalmente imputada por la corrupción del Partido Popular de Madrid. No en la trama Gürtel pero sí en la operación Púnica. Aguirre ha sido citada a declarar en calidad de investigada en la Audiencia Nacional el próximo 18 de octubre por diversos delitos de corrupción.

En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón enumera los indicios existentes contra la expresidenta madrileña que le ha llevado a acordar su reciente imputación. El magistrado considera que la dirigente estaba al tanto de que su formación se financiaba de forma opaca. Pero no sólo eso sino que además cree que Esperanza Aguirre formó parte de un «plan» llevado a cabo para «satisfacer con dinero público» las necesidades del partido.

El juez considera que, desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de Madrid, “ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como Presidenta de la CAM”.

“Es, en efecto, difícil de imaginar que no conociese la contabilidad en B que llevaba quien fuese su mano derecha y gerente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, el investigado Beltrán Gutiérrez, intervenida en las actuaciones, lo que, sensu contrario, la hacía presumiblemente también conocedora de las omisiones de la contabilidad electoral presentada ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. Y respecto de los diversos artificios que utilizó el PP de Madrid desde las elecciones autonómicas de la CAM del año 2007 para sufragar, al margen de las cuentas electorales, los gastos de los proveedores de las campañas, no es verosímil que todo esto ocurriese sin su conocimiento y consentimiento”, explica el togado. El magistrado sostiene que la lideresa «impulsó» la Caja B de la formación conservadora.

El juez subraya que “la investigación aporta indicios de la existencia de un plan a través del cual, altos cargos de la Administración Autonómica Madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los consejeros y altos directivos de los entes públicos. El plan habría fraguado indiciariamente entre la presidenta de la CAM y sus consejeros de confianza, los investigados Ignacio González y Francisco Granados, y Alberto López Viejo”.

El papel clave de la lideresa

Además, sobre la financiación irregular de las campañas electorales, el instructor destaca que el papel de Aguirre como presidenta del partido en Madrid «puesto de máxima responsabilidad en el partido, la hacía conocedora y partícipe de las decisiones que se tomaban en el seno del mismo y le permitía estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a que destinos se aplicaban».

“De forma especial, la utilización de la Fundación Fundescam para el desvío de fondos públicos fue presumiblemente conocida por Esperanza Aguirre durante el largo periodo en el que fue presidenta y patrona de la citada fundación y cotitular de las cuentas bancarias, quien debía, tras la reunión anual del patronato para aprobar las cuentas del ejercicio, dar el visto bueno en el certificado de aprobación de las cuentas anuales”, reza el auto.

Por otro lado, el instructor y las fiscales Anticorrupción Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez creen que trabajos de reputación online de la ex presidenta del PP de Madrid fueron sufragados con fondos públicos.

En esta pieza separada -la número 9 de la trama- se investigan delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.

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