Cada día que continúa en su sede actual, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) malgasta 10.000 euros de dinero público. El organismo dependiente del Ministerio de Fomento debería haberse instalado en febrero de 2016 en un edificio público del Paseo de la Castellana, pero problemas con el primer contratista y retrasos en la ejecución de las obras de acondicionamiento del inmueble han provocado que se alargue el arrendamiento de las instalaciones que ocupa desde finales de 2009 y por las que habrá pagado más de 37 millones de euros como inquilina en una década.

Constituida en octubre de 2008 como organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas de Aviación Civil en la actividad aeronáutica en España, AESA tuvo como primera sede unas dependencias del Ministerio de Fomento en el Paseo de la Castellana 67, desde donde se mudó un año más tarde a unas oficinas que la aseguradora Mapfre tiene en la madrileña calle del General Perón. Allí permanece desde diciembre de 2009.

De haberse cumplido el plazo inicial, la agencia estatal se habría instalado en febrero de 2016 en el edificio que el arquitecto José Tamés Alarcón proyectó para el Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo Rural en 1948 y se habría ahorrado más de 14 millones de euros. Ubicado en la confluencia del Paseo de la Castellana (número 112) con la calle Joaquín Costa, enfrente de Nuevos Ministerios, dicho inmueble es propiedad de la Administración General del Estado y albergó el Ministerio de la Vivienda en la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Material de obra en el patio del edificio que está remodelando la AESA como futura sede.

Material de obra en el patio del edificio que remodela la AESA como futura sede. El jueves por la mañana la actividad era nula. A. S.

Con ese fin, AESA adjudicó a Corsan-Corviam Construcción SA el 25 de junio de 2015 el contrato de obras de acondicionamiento parcial interior del citado edificio. El montante del encargo ascendía a 5.598.934,13 euros (más IVA) -un 35 % por debajo del importe de licitación (8.613.744,80 euros, IVA excluido- y un plazo de ejecución de 210 días, a contar desde la formalización del contrato el 7 de julio de dicho año. En teoría, los trabajos tendrían que haber estado terminado a principios de febrero de 2016, pero el incumplimiento del constructor desembocó en la resolución del contrato.

AESA gastará más de 14 millones de euros en alquiler al retrasarse en casi cuatro años su traslado a un edificio propiedad del Estado

La contratación de una empresa no fue el único trámite que tuvo que poner en marcha la agencia estatal. La entrada en vigor de dos nuevas normativas europeas -una en materia de eficiencia energética y otra con exigencias de diseño ecológico- obligó a adaptar el proyecto inicial para poder cumplir con los nuevos requisitos de la legislación comunitaria. El tiempo, mientras, seguía transcurriendo.

De esta forma, el organismo público no pudo volver a sacar nuevamente a licitación la obra hasta el 7 de noviembre de 2017, adjudicándole el contrato el 4 de abril de 2018 a Vías y Construcciones SA -una de las 15 empresas que presentaron oferta- por 7.517.500 euros (un 27 % por debajo del tipo de licitación). El periodo de ejecución era muy similar al anterior: 217 días.

Como informa el cartel de obras ubicado en el edificio, las obras arrancaron en «junio de 2018» y tenían que estar terminadas en «29 semanas». Eso significa que los albañiles tendrían que haber dejado el edificio el pasado mes de enero para que se consumara el traslado, pero los trabajos siguen sin terminarse ocho meses después y AESA ya no se atreve a poner fecha para la mudanza. «Nos gustaría que fuese lo antes posible, esperamos que sea en los próximos meses», dicen a este diario fuentes de la agencia estatal sin mayor precisión. La cautela se ha impuesto después de esta sucesión de problemas.

Cartel de obras en la futura sede de AESA. A.S.

No sólo no se cumplirán la fechas, sino que tampoco se acometerán con el coste previsto. El informe de auditoría correspondiente a las cuentas anuales de 2018, publicado el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y consultado por El Independiente, incluye un párrafo de énfasis en el que se detalla que de la Agencia de Seguridad Aérea había pagado ya 1.813.477,05 euros al cierre del ejercicio por la ejecución de los trabajos, quedando certificaciones de obras pendientes por otros 9.729.463,96 euros (incluido el modificado del contrato firmado con Vías y Construcciones y la encomienda a Ineco de la dirección facultativa). De no surgir nuevos contratiempos, el acondicionamiento del edificio habrá tenido un coste superior a los 11,54 millones de euros, el doble del presupuesto inicial.

La factura sigue creciendo

Mientras tanto, el gasto del arrendamiento sigue ascendiendo. Cuando se firmó el contrato de alquiler, AESA pactó un canon anual de 2.608.504 euros, cantidad a la que el propietario de las oficinas repercute otros 332.748 euros al año en concepto de gastos de las zonas comunes. La renta se ha venido revisando en función del comportamiento del IPC.

Extracto del informe de auditoría en el que se detalla el coste que ha tenido ya el alquiler.

Extracto del informe de auditoría en el que se detalla el coste que ha tenido ya el alquiler.

A 31 de diciembre de 2018, los costes derivados del contrato de arrendamiento han supuesto un desembolso para el organismo de Fomento de 33.467.396,90 euros, a los que se sumarán otros 3.902.042,26 euros (a razón de 10.690 euros al día) en caso de que ocupen las instalaciones actuales de la calle General Perón hasta el 31 de diciembre próximo. En ese caso, AESA habrá gastado 37.369.439 euros desde que alquiló las instalaciones en diciembre de 2009, más del triple de lo que le costará acondicionar el edificio del Paseo de la Castellana 112.

La agencia estatal lamenta el retraso y asegura que el gasto de dinero público ha sido «totalmente transparente y justificado»

«Para la Agencia, todo lo ocurrido ha sido muy complejo y un verdadero trastorno, puesto que nos regimos bajo el principio de eficiencia, reducción de costes y optimización de recursos y nos hubiese gustado estar en nuestra nueva sede en la fecha prevista. Sin embargo, la Agencia ha sido totalmente transparente durante todo este complejo proceso, puesto que no tiene nada que ocultar y se ha debido a una sucesión de problemas y circunstancias ajenas a nosotros o a nuestra gestión», señalan fuentes de AESA. Éstas atribuyen a un «problema de espacio» el abandono de las instalaciones iniciales: «Si por nosotros hubiese sido nunca nos hubiésemos ido del Ministerio de Fomento».

Las fuentes indicaron que el gasto de dinero público realizado en este tiempo ha sido «totalmente transparente y justificado» y achacan a la lentitud del procedimiento de contratación de las administraciones públicas el retraso en el traslado a las futuras dependencias. «La Ley de Contratos del Sector Público nos obliga a seguir unas pautas que no podemos saltarnos y que ralentizan el proceso. Aunque son precisamente esos plazos, tiempo y controles los que garantizan que el uso del dinero público se ajusta al interés general», justifican.