El Gobierno está estudiando tomar medidas legales e impugnar las resoluciones aprobadas esta tarde por el Parlament de Cataluña, donde el independentismo ha votado expulsar a la Guardia Civil de la región y ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno por avalar la operación ordenada por la Audiencia Nacional contra los siete miembros de los CDR.

El Gobierno asegura que la decisión de impugnar estos acuerdos es "política" y "necesitará su trámite". En estos momentos, Moncloa confirma que "actuará jurídicamente" pero no aclara en qué instancia.

Esta misma tarde, la prisión decretada por la Audiencia Nacional a los siete miembros de los CDR acusados de terrorismo ha desembocado en una nueva bronca a gritos en el Parlament entre los partidos independentistas y constitucionalistas.

Los independentistas habían denunciado en el hemiciclo catalán una supuesta operación para criminalizar al secesionismo con independentismo, hasta el punto de que la CUP ha abandonado el Hemiciclo en mitad del escándalo.

La segunda y última jornada del debate de política general ha terminado con bronca entre los diputados independentistas y la bancada de Ciudadanos, hasta el punto de que el presidente del grupo naranja, Carlos Carrizosa, ha sido expulsado del hemiciclo, en un final de sesión caótico, con cruce de improperios y crispación.

Era el día en que se votaban las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios, entre ellas una de la CUP que había generado controversia porque los letrados de la cámara habían expresado sus objeciones.

La resolución de la CUP -que ha recabado el apoyo de JxCat y ERC, el voto en contra de PSC, comunes y PPC, mientras que los diputados de Ciudadanos no han votado- reivindica el 1-O como un "referéndum legítimo y legal" y subraya la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados".

Además, el texto invoca resoluciones soberanistas previas que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional, lo que ha motivado las advertencias de los letrados.

Con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, el Parlament ha aprobado también una resolución en la que se pide la "retirada" de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Cataluña, así como la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.