La Fiscalía de Bélgica ha solicitado a España que le reenvíe de nuevo la euroorden contra Carles Puigdemont traducida a alguno de los idiomas oficiales del país, o a inglés, y con información ampliada.

El órgano belga asegura que, al haber habido ya dos euroordenes en el pasado, ninguna de ellas culminada, deberá profundizar en el análisis jurídico de la nueva petición antes de decidir si la valida o no. España, por su parte, no espera enviar la traducción y la información ampliada hasta, por lo menos, la semana que viene.

Este mismo martes, el Parlamento Europeo, con sede en Bruselas y Estrasburgo, ha prohibido al ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont la entrada en sus instalaciones debido, precisamente, a la reactivación de la euroorden dictada el lunes por el juez Pablo Llarena tras la publicación de la sentencia del procés, que condena a Oriol Junqueras y otros seis de sus exconsejeros a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, además de a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y de Òmnium Cultural.

Es la segunda vez que la institución comunitaria veta a Puigdemont, prófugo de la justicia española y residente en Bélgica, país que ya rechazó la euroorden de Llarena en mayo de 2018. El primer veto sin embargo no tuvo que ver con la euroorden sino que se produjo a finales de mayo pasado tras las elecciones europeas.

La ‘complejidad’ del caso

«Vista la complejidad del caso y de las dos órdenes de detención ya emitidas con anterioridad contra Carles Puigdeont, el expediente exige un análisis jurídico profundo», ha justificado la Fiscalía de Bruselas, en un comunicado en el que también confirma que es esta instancia la que ha asumido el caso.

«Una vez recibidas las traducciones de la euroorden y de todas las piezas recibidas adjuntas, la Fiscalía de Bruselas procederá al análisis de esta orden», concluye el comunicado.

El protocolo

El primer paso tras recibir una orden europea de detención y entrega de un Estado miembro, es que la Fiscalía competente informe a los servicios policiales para proceder a la identificación y arresto de la persona reclamada para que preste declaración ante el juez de instrucción, según distintas fuentes judiciales consultadas por Europa Press.

Este primer paso, sin embargo, puede ser revisado «caso por caso» para adaptarlo a las circunstancias de cada proceso, matizan las fuentes. En este caso, el propio Puigdemont ha manifestado que está a disposición de la Justicia «en Bélgica» para personarse en el momento en que fuera requerido.

Fuentes de su defensa han indicado a Europa Press que han estado en contacto con las autoridades belgas, pero que por el momento el expresidente catalán no ha sido citado.

En noviembre de 2017, Puigdemont pactó con la Justicia belga entregarse en una comisaría de la capital dos días después de que la euroorden llegara a las autoridades del país.

En marzo de 2018, cuando Llarena reactivó la euroorden contra los exconsellers que acompañaron a Puigdemont a Bélgica –él estaba ya detenido en Alemania–, la Justicia belga solicitó al Supremo información adicional antes de rechazar por defecto de forma la entrega de los reclamados.