El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Madrid ha rechazado la petición de la Fundación Nacional Francisco Franco para que se adoptaran medidas cautelarísimas contra un informe del aparejador municipal de San Lorenzo de El Escorial sobre el desenterramiento y evitar así la exhumación del dictador.

En el auto en el que rechaza la petición, el juez afirma que «más bien parece que la pretensión de los recurrentes resulta ser un intento desesperado de paralizar la exhumación por respeto a la intimidad del fallecido y de su familia y la necesidad de restaurar su sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales», según trasladaba la fundación franquista en su solicitud.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ya afirmó en la sentencia del pasado 30 de septiembre que la retirada de la lápida de la tumba de Franco constituía una «obra menor», motivo por el que el juez José Yusty del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid archivó la causa que mantenía abierta. En ésta, se mantenían medidas cautelares contra la obra, aprobada por el equipo de Gobierno de San Lorenzo de El Escorial, porque los descendientes de Franco argumentaron que el levantamiento de la losa del Valle de los Caídos podía traer problemas de seguridad para los operarios que se ocuparan de ello.

Última bala de los franquistas

La petición de medidas cautelarísimas contra el informe del arquitecto técnico del ayuntamiento, con el nombre “Proyecto de actuaciones arquitectónicas en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, para proceder a la exhumación del cadáver embalsamado del Excmo. Sr. Don Francisco Franco Bahamonde”, es una de las últimas balas que ha utilizado la fundación para tratar de paralizar la exhumación.

El juez lo ha entendido así, como una medida desesperada contra las resoluciones unánimes del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y los tribunales madrileños que abalan la exhumación. De ahí que haya rechazado aplicar las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Franco.