José Yusty Bastarreche, el magistrado que mantuvo suspendida cautelarmente durante ocho meses la licencia urbanística para sacar los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos, ha solicitado la jubilación cuatro años antes de alcanzar la edad legal. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid pondrá fin a su carrera a mediados del próximo mes de enero tras 27 años de servicio.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza en su sesión de este jueves la petición de jubilación voluntaria que José Yusty formalizó el pasado 10 de octubre. La propuesta cuenta con el informe favorable del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, que lo emitió el 16 de octubre.

Los jueces se jubilan con 70 años, si bien pueden solicitar su retirada una vez cumplidos los 65 años. Es el caso de este magistrado, que cumplirá los 66 años el próximo 9 de diciembre. Él ha pedido que la fecha de efecto sea el 17 de enero de 2020, según ha podido conocer este diario en fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, donde sirve desde octubre de 1998, pidió la jubilación siete días antes de dictar el auto por el que acordó el archivo del pleito que tramitaba desde el pasado mes de febrero a raíz de que se interpusiera recurso contra el informe que los servicios técnicos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid) emitieron el 26 de noviembre de 2018 declarando admisibles las obras urbanísticas que el Gobierno pretendía ejecutar en el interior de la basílica del Valle de los Caídos para exhumar los restos del dictador.

Yusty Bastarreche suspendió cautelarmente la licencia el 25 de febrero apoyándose en los riesgos que, para la seguridad de los operarios que ejecutaran los trabajos de retirada de la losa sepulcral, advertían dos técnicos -un arquitecto y un ingeniero de Caminos- en un informe solicitado por la Fundación Nacional Francisco Franco.

El juez Yusty dijo en septiembre que no tenía prisa porque le quedaban "cuatro años y pico" para jubilarse

"No se aprecia especial urgencia en la exhumación del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el día 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años", mantuvo Yusty en el auto por el que accedía a suspender de forma provisional la licencia urbanística.

El 17 de octubre, el juez dio carpetazo al procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto de la causa, después de que el Tribunal Supremo -en el fallo con el que desestimó íntegramente y por unanimidad el recurso de los nietos de Franco contra los acuerdos del Consejo de Ministros para la exhumación del dictador- concluyese que la sentencia era "título suficiente" para acometer el traslado y en consecuencia resultaba innecesario el informe previo que prevé la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El pasado 20 de septiembre, durante una comparecencia de los peritos a fin de que ratificaran sus conclusiones, el juez Yusty reconoció su intención de agotar el plazo máximo legal para seguir en activo. "Como me quedan cuatro años y pico para jubilarme yo prisa no tengo. No sé yo quién tiene prisa en este pleito, pero yo desde luego no", se le escucha decir en la videograbación, desvelada por El País.

Dos destinos en 27 años

Yusty Bastarreche, sin embargo, pondrá fin a su carrera casi cuatro años antes del periodo máximo. El magistrado ingresó en la judicatura por el turno de juristas de reconocido prestigio en 1992, siendo su primer destino el Juzgado de Menores de Pontevedra. A finales de 1998, el CGPJ lo destinó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, entonces de nueva creación. Ya no se ha movido de este órgano, ocupando el puesto 1.354 en el último escalafón judicial publicado por el órgano de gobierno de los jueces (a 31 de marzo de 2018).

Durante la tramitación del procedimiento sobre la licencia de Franco, la Abogacía del Estado intentó apartar sin éxito al juez al entender que el magistrado tenía "interés directo o indirecto en el pleito o causa", uno de los motivos de recusación que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El sustento documental de la petición de los servicios jurídicos del Estado era un artículo que vio la luz en la publicación Aportes Revista de Historia Contemporánea bajo el título ‘Ante el Proyecto de Ley de Memoria Histórica’ y un dossier de prensa con textos periodísticos sobre la decisión de José Yusty de suspensión cautelar de la licencia urbanística y su adhesión a un manifiesto tras el desafío del independentismo catalán que terminaba con un “¡Viva España!”.

En relación con el dossier, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió que los artículos aportados "no recogen ninguna opinión del Ilmo. Magistrado recusado", sino que se trata de una "recopilación de opiniones de diversos articulistas sobre la persona del recusado y de su quehacer judicial". Y ello carece de «toda relevancia jurídica» para determinar su supuesta parcialidad.

Crítico con la Ley de Memoria Histórica

Tampoco apreció la Sala que la publicación en el año 2007 por parte de Yusty del artículo titulado ‘Ante el Proyecto de Ley de Memoria Histórica’ sea un motivo para apartarlo del procedimiento, por cuanto dicho texto versaba sobre una norma que "nada tiene que ver con el concreto objeto del recurso": la impugnación del informe por el que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid) declaró admisibles las obras urbanísticas que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendí ejecutar en el interior de la basílica del Valle de los Caídos para exhumar a Franco.

«La opinión que pudo expresar el Ilmo. Magistrado recusado sobre el entonces Proyecto de Ley de Memoria Histórica (año 2007) resulta totalmente irrelevante respecto de la concreta cuestión a resolver, y de ahí que no pueda tomarse en consideración en orden a analizar si en el recusado concurre la imparcialidad exigible a todo Juzgador», concluyó el TSJM.