La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al juez instructor Pablo Llarena que emita órdenes internacionales de detención y orden europea de detención y entrega (OEDE) contra los consejeros del Gobierno de Puigdemont huidos de la Justicia española desde 2017, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

En el caso de los ex consellers de Salud y Educación, Toni Comín y Clara Ponsatí, fugados en Bélgica y Escocia, respectivamente, el Ministerio Público solicita al juez que les reclame por los delitos de sedición y malversación. Los dos fueron procesados por rebelión en marzo de 2018, igual que el resto de consejeros catalanes juzgados en el Supremo. Puesto que finalmente éstos han sido condenados por sedición y malversación, los fiscales reclaman su entrega por los mismos delitos que condena la sentencia del procés.

En cuanto al ex consejero de Cultura también fugado en Bélgica, Lluis Puig, el Ministerio fiscal solicita al juez que reclame a las autoridades europeas su detención y entrega por los delitos de malversación y desobediencia, puesto que fue procesado por malversación de caudales públicos, como ya avanzaron este miércoles fuentes fiscales.

Nuevo «elemento de seguridad jurídica»

Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena argumentan en su escrito al juez Llarena que la sentencia del 14 de octubre contra los líderes del proceso independentista, que condena a los consejeros por hechos similares a los que se imputan a los declarados rebeldes, «obliga a expedir la orden de detención que se propugna con un elemento de seguridad jurídica sin duda mayor al que ha venido representado por el Auto de procesamiento y de prisión en el que se han fundado las órdenes anteriores que fueron rechazadas por los países requeridos».

Por eso, invocan el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de controles en las fronteras comunes para pedir al juez que ordene la busca y captura internacional y emita la OEDE al servicio europeo de búsqueda SIRENE. Igualmente, piden al juez que curse la orden de detención vía Interpol, para la inserción de su reclamación en aquellos países en los que no resulta aplicable el mecanismo de la OEDE.

Rovira, más tarde

Los fiscales también solicitarán al juez que reclame a Suiza la entrega de la ex secretaria general de ERC Marta Rovira por sedición. Sin embargo, esta petición se hará más adelante, puesto que los trámites con aquel país son distintos y se tratará de un proceso más complicado, explicaron fuentes jurídicas a El Independiente.

Gabriel y Serret no serán reclamadas

El Ministerio fiscal no solicitará, sin embargo, la entrega a la Justicia española ni de la portavoz de la CUP Anna Gabriel, huida en Suiza, ni de la ex consejera de Agricultura Meritxell Serret, procesada por malversación y desobediencia y también en situación de rebeldía en Bruselas.

Puesto que contra la primera pesa una orden nacional de entrega, los fiscales consideran que se trata de un delito menor por el que podría ser juzgada en España en el momento que vuelva, sin necesidad de solicitar medidas cautelares gravosas contra ella.