El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha emitido las órdenes europeas de detención y entrega contra los ex consejeros catalanes de Cultura, Salud y Educación Lluis Puig, Toni Comin y Clara Ponsatí, fugados de la Justicia española desde el 9 de julio pasado. Los dos primeros se encuentran en Bélgica, igual que el ex presidente fugado Carles Puigdemont, y la tercera en Escocia.

Llarena solicita la extradición de los consejeros Comin y Ponsatí por sedición, aunque finalmente sólo reclama por malversación al primero y no a la segunda, mientras la Fiscalía solicitó que se reclamara a ambos por los dos delitos puesto que la sentencia del procés condenó al resto de consejeros que se sentaron en el banquillo por delitos similares. En el caso de Lluis Puig, como pidió el Ministerio Público, el juez reclama la entrega de ambos por malversación y desobediencia.

Llarena exime a Ponsatí del delito de malversación porque considera que la sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo contra los líderes del proceso soberanista no ha permitido probar que la consejería que ella encabezaba destinara dinero público a la celebración de la votación ilegal el 1-O en los colegios electorales.

Las órdenes europeas de detención y entrega de los rebeldes Comin y Puig se han remitido a la autoridad judicial competente de Bélgica, y la de Clara Ponsatí, a la autoridad judicial competente de Escocia, además de a las oficinas de coordinación policial europea Sirene. Las órdenes internacionales se han enviado a Interpol para la detención a efectos extradicionales en el caso de que estos procesados se localicen en un país que no pertenezca a la UE.

Se entregarán a las autoridades

Las defensas de los tres ex consejeros han avanzado que, una vez recibidas las euroórdenes, se presentarán ante las autoridades belgas y escocesas, siguiendo los pasos del ex presidente Carles Puigdemont.

Éste, que no llegó a sentarse en el banquillo como responsable del procés que él mismo impulsó al fugarse, ha estado en contacto con la fiscalía belga desde que se reactivó la euroorden contra él. La fiscalía belga ha informado a favor de la entrega aunque el juez instructor será quien decida el próximo 16 de diciembre, cuando está previsto que tenga lugar la vista de entrega. En el caso de los otros tres ex consejeros, aún no se sabe cuándo tendrá lugar la vista de medidas cautelares previa a la vista de entrega.

Gastos del referéndum ilegal

En el auto de la euroorden emitido por el juez este martes, afirma que “no puede sino concluirse que la sentencia reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad”.

Considera que la sentencia ha establecido «la suscripción por todos los consejeros de la Generalidad de Cataluña de un acuerdo gubernativo de asunción solidaria de los gastos que se promovieran por el Gobierno de la Comunidad Autónoma para la realización del referéndum, no bastaba para la derivación de responsabilidad penal por malversación de caudales públicos respecto de estos desembolsos, sin que se realizaran actos materiales, nucleares o no, de ejecución».

En relación a los indicios del delito de malversación contra Comin y Puig, se indica que «bajo el control de la acción de gobierno por la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y por la Consejería de Economía y Hacienda, se abordaron gastos de la realización de la votación desde distintas Consejerías como la de Presidencia, la de Trabajo, la de Cultura, o la de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, entre los que destaca la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos para las mesas electorales y 5.346.734 sobres ordinarios con tarjetas censales, que abordó la empresa Unipost SA, con quien medió un acuerdo marco para la distribución postal que permitía la elusión de licitaciones posteriores».

“Una encomienda de 979.661,96 euros de importe, cuyo pago se disimuló y fraccionó, atribuyéndose a la Consejería de Cultura, regida por Lluís Puig i Gordi, la cantidad de 238.003,35 euros, y a la Consejería de Salud, regida por Antonio Comín i Oliveres, la cantidad de 233.180,55 euros”, señala el auto.