Uno de los altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Alejandro Halffter, ha declarado este lunes como investigado en el caso Púnica de la Audiencia Nacional y ha rechazado que la ex presidenta madrileña creara un marco legal para desviar fondos públicos a las campañas electorales del Partido Popular, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción y el juez Manuel García-Castellón. Afirma que ya existía una ley previa del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que habría permitido los mismos procedimientos.

Halffter, que fue secretario general técnico de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de Madrid, está investigado por participar en el presunto plan diseñado por Aguirre para crear la supuesta «caja B» del PP y «fortalecer su figura política».

El juez considera que la presidenta madrileña y su círculo de confianza (el ex vicepresidente Ignacio González, los ex consejeros Francisco Granados y Manuel Lamela, el diputado regional Alberto López Viejo y la responsable de medios Isabel Gallego) habrían diseñado una «estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido» que incluyó  la modificación de las normas de contrataciones en materia de Publicidad y Comunicación por medio de un Decreto Ley y la creación de una ley y otra norma para que el vicepresidente Ignacio González aglutinara el poder para determinar a qué empresas se asignaba los contratos, decisión que correspondía a cada consejería previamente. Un «ardid para poner la partida de publicidad de cada consejería al servicio del partido», resume el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el auto en el que imputó a las ex presidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Para ello, Aguirre habría indicado a los responsables de su Gobierno, según sostiene el juez, que contrataran las campañas de publicidad de cada consejería con las empresas de Daniel Horacio Mercado, el empresario que se habría prestado a servir como vehículo de financiación ilegal al PP madrileño, según ha confesado él mismo ante la Justicia.

Una ley del año 2000

En este plan habrían «contado con la participación de su secretario general técnico (de la Comunidad de Madrid), Alejandro Halffter Gallego», afirmaba también el instructor en su auto. Sin embargo, durante su declaración este lunes en la Audiencia Nacional, Halffter ha afirmado que ya existía una ley previa a las aprobadas por el Gobierno de Aguirre entre 2004 y 2005 que establecía la autorización previa del gasto para publicidad por la Secretaría General Técnica de la vicepresidencia. Una estrategia de defensa, por otro lado, que le sacaría de la ecuación de decisiones del núcleo duro de Aguirre para desviar presuntamente fondos públicos.

En concreto, el investigado se ha referido a la ley 17/2000, aprobada por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, que regulaba los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2011, trasladan fuentes jurídicas. Según sostiene el ex alto cargo, Aguirre no habría necesitado crear ningún marco legal para desviar presuntamente fondos públicos de la Comunidad de Madrid y financiar el sobrecoste de las campañas electorales de 2007 y 2011 para la Comunidad de Madrid y los actos de las generales de 2008 en la misma comunidad.