La Fiscalía de Madrid ha recurrido el auto dictado por el titular del
juzgado de instrucción número 41 de Madrid en la que citaba a declarar en calidad de
investigados a 12 periodistas de ocho medios de comunicación por informar del sumario secreto de los CDR que se instruye en la Audiencia Nacional. Consideró que podían haber colaborado en la comisión del delito de revelación de secretos por parte de funcionario.

Para el representante del Ministerio Público no existen indicios de que los profesionales de la información de Cadena Ser, El País, ABC, El Confidencial, El Mundo, La Vanguardia, El Español y RTVE hubieran cometido delito alguno y pide por ello al juez que deje sin efecto las citaciones previstas para el próximo 29 de noviembre “pues no siendo responsables de la infracción penal que es objeto de la instrucción de la presente causa, no cabría dirigir el procedimiento contra los mismos en calidad de investigados”.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investigaba a varios miembro de los CDR como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos.

Varios de ellos presentaron escritos ante dicho juzgado donde exponían que, pese a que dicho procedimiento había sido declarado secreto, estaban apareciendo en los medios de comunicación detalles del modo en que se había desarrollado el operativo policial y filtraciones de las diligencias sumariales, consistentes principalmente en extractos de las declaraciones de los investigados y contenido de las intervenciones telefónicas, así como autos dictados por el Juzgado, hechos que consideraban que podrían ser constitutivos tanto de un delito. El derecho al secreto profesional del informador, a no revelar sus fuentes, está protegido por la Constitución, concretamente en el artículo 20.